Las congresistas Patricia Chirinos y Norma Yarrow, ambas de Renovación Popular, presentaron un proyecto de ley que plantea excluir a los sentenciados por el delito de terrorismo de los beneficios penitenciarios.
Se trata de la iniciativa legislativa 9810/2024-CR, que propone modificar el artículo 22 del Código Penal, Decreto Legislativo 957, para no incluirlos en los beneficios destinados por razones humanitarias a los reclusos mayores de 80 años.
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En la exposición de motivos se señala que la exclusión de los terroristas de los beneficios contemplados en el artículo 22 del Código Penal “es esencial para preservar la seguridad nacional y el orden democrático en el Perú”.
“Personas como Margot Liendo o Elena lparraguirre, quienes desempeñaron roles de liderazgo en organizaciones subversivas, representan un peligro latente para la sociedad. Su ideología radical y la capacidad de influir en otros no desaparecen con el tiempo, y permitirles acceder a beneficios humanitarios podría abrir espacios para el resurgimiento de actividades subversivas. Por ello, resulta imprescindible que estos individuos permanezcan en prisión, cumpliendo íntegramente sus penas”, subrayaron.
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Asimismo, enfatizaron que las políticas destinadas a aliviar el hacinamiento en los penales “no deben ser aplicadas indiscriminadamente”, especialmente en casos de terrorismo, debido a los riesgos que representan para la seguridad pública.
Del mismo modo, precisan que la medida evita que los vacíos legales sean aprovechados por quienes han cometido los delitos más graves contra el Estado y asegura que las consideraciones humanitarias no comprometan el bienestar colectivo ni den lugar a interpretaciones que favorezcan la impunidad.
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“Las personas condenadas por terrorismo, especialmente aquellas con influencia ideológica y liderazgo, pueden continuar siendo un factor desestabilizador incluso desde fuera de la cárcel. Limitar su acceso a beneficios garantiza que las medidas humanitarias no se conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad nacional”, acotaron.
Como se recuerda, un informe de este Diario reveló días atrás que la Ley 32181 podría beneficiar a procesados como el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y el exjefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres.
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Se trata de la misma norma que eliminó la detención preliminar y que también busca que los mayores de 80 años no cumplan sus condenas en una prisión. La ley está vigente debido a que el Gobierno no promulga la rectificación aprobada por el Congreso.
