El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó al presidente del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi Capurro, que el pleno del Parlamento debata y vote el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspenderlo de sus funciones por un periodo de 60 días.
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Mediante un oficio remitido al titular del Legislativo, el parlamentario pidió que el caso sea incluido en la agenda de la sesión plenaria programada para el jueves 19 de marzo.
En el documento, el legislador recordó que el pasado 4 de marzo la Comisión de Ética aprobó un informe en el que se propone sancionarlo por presuntamente haber infringido los principios de veracidad, respeto, responsabilidad y objetividad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria.
Sin embargo, Montalvo aseguró que las acusaciones en su contra “no han podido ser probadas ni técnica ni jurídicamente”.
El legislador, representante de la región Amazonas, sostuvo que sus actuaciones se enmarcaron dentro de sus funciones de control político y fiscalización.
Según explicó, informó al Ministerio Público del Perú y durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso del Perú —que preside— sobre hechos que presuntamente vinculaban a cuatro congresistas con un tema relacionado con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.
Montalvo indicó que la información sobre este caso ya era de conocimiento público a través de diversos medios de comunicación y también de una denuncia presentada por un gremio del frente de defensa de Lima.
En su oficio, el parlamentario afirmó que, de no haber realizado dichas acciones, habría incumplido sus obligaciones como congresista establecidas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.
Asimismo, citó el artículo 407 del Código Penal, que sanciona la omisión de denuncia cuando una persona obligada por su cargo o profesión no comunica a la autoridad la presunta comisión de un delito.
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El congresista sostuvo que actuó con apego a la Constitución y a la ley, por lo que consideró que una eventual suspensión de 60 días sentaría “un mal precedente” y afectaría la imagen institucional del Parlamento.
Por ello, solicitó que su caso sea evaluado por el pleno del Congreso para poder defender su honor y reputación frente a lo que calificó como hechos “falsos y sin sustento”.
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