La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra once congresistas por haber promovido una ley que favoreció a legisladores que ahora pueden cobrar pensión como policías y militares en retiro sin restricción.
El informe elaborado por la secretaría de la subcomisión sustentaba la improcedencia de la acusación porque advirtió que no era una infracción constitucional la actuación de los once legisladores que fueron parte de la Comisión de Defensa.
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Según la denuncia de Espinoza, fue en esta comisión donde la iniciativa para permitir que militares y policías en retiro puedan recibir salarios como funcionarios públicos sin perder su derecho a la pensión, fue modificada para incluir cargos de elección popular como congresistas, y para eliminar cualquier tipo de tope establecido en otras normas.
En total, fueron 13 votos a favor de la improcedencia, y solo dos abstenciones: Jorge Montoya (Honor y Democracia) como uno de los acusados, y Francis Paredes (Podemos Perú).
La fiscal había sostenido que la medida legislativa vulneraba principios de equidad y transparencia, al promover un beneficio económico para determinados parlamentarios que participaron en la Comisión de Defensa.
Los once legisladores acusados eran José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín. Los cuatro primeros son militares en retiro, y el quinto un policía en retiro, todos beneficiados por la norma que les permitió cobrar pensiones de retiro sin restricción.
La acusación de Delia Espinoza también incluyó a otros miembros de la comisión: Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
