La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició este martes el proceso para evaluar la denuncia que presentó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.
El Ministerio Público presentó la denuncia contra Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. En un comunicado, a fines de mayo, la fiscalía señaló que la denuncia tiene como base el hecho que la mandataria habría recibido en calidad de donación tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como aretes de oro y una pulsera, a fin de “realizar actos propios de su cargo” como presidenta de la República.
La agenda de la subcomisión presidida por Lady Camones (Alianza Para el Progreso) señaló que entre los primeros puntos a tratar será dar cuenta de tres acusaciones presentadas por el fiscal de la Nación.
Además de la acusación contra Boluarte, Villena ha presentado acusaciones contra la congresista Magaly Ruiz por recorte de sueldos de trabajadores de su despacho, así como contra la exparlamentaria Maritza García Jiménez por presunto enriquecimiento ilícito.
La sesión se llevó a cabo de manera presencial desde las 5:30 p.m.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también ha incluido en su agenda la evaluación de informes de calificación por otras denuncias. Una es la que fue presentada por la ciudadana Mónica Vaya Luyo contra Dina Boluarte como exministra del MIDIS por presunta negociación incompatible y tráfico de influencias.
Finalmente, se evaluará la procedencia de la denuncia de Juan Carlos Villena contra los jueces supremos provisionales Manuel León Quintanilla Chacón y Jorge Carlos Castañeda Espinoza por presunto cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.
La subcomisión también procederá a llevar a cabo una audiencia por la denuncia contra Francisco Sagasti como expresidente de la República y varios exministros de su gestión por presuntos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público que presentaron José Cueto (Renovación Popular) y Juan Burgos (Podemos Perú).
