Tribuna electoral: Las propuestas de Columbus, Loredo, Rivas y Silva para la Cámara de Diputados

El Perú se ahoga en discursos vacíos sobre “diversificación productiva” mientras la realidad exige otra cosa. No se necesitan más diagnósticos, falta decisión y orden institucional.

Es inaceptable que el destino de la industria nacional (y de cientos de miles de empleos) dependa de un burócrata que jamás ha pagado una planilla ni generado un centavo de riqueza. Cada día que un expediente duerme en una ventanilla es inversión privada que se pierde y pobreza que se perpetúa. Frente a esa irresponsabilidad estructural impulsaremos un ‘shock’ desregulatorio serio, basado en evidencia y con evaluación de impacto regulatorio ex ante.

Debemos entender que la inversión privada no huye de los impuestos, huye de la inestabilidad y del populismo. Por ello, lucharemos por una estabilidad jurídica blindada, impuestos razonables para quien transforma materias primas y un Estado que use su billetera para potenciar la industria nacional y no para enriquecer solo a la extranjera.

Si queremos dejar de ser solo exportadores de materia prima e integrar al 75% que hoy sobrevive en la informalidad, necesitamos leyes que funcionen. Y las leyes que funcionan las trabajamos quienes ya tenemos experiencia positiva en la cancha.

La policía es el principal pilar contra la inseguridad ciudadana. Pero mientras haya malos elementos que protegen a los delincuentes a cambio de dinero, no habrá resultados. No basta con fortalecer la inteligencia policial: el verdadero problema es la corrupción al interior de la PNP. Los buenos policías están arrinconados y maltratados, mientras los corruptos dirigen la institución.

¿Qué hacer? Terminar con su excesivo poder y peligrosa autonomía. Para empezar, los procesos disciplinarios no pueden seguir siendo internos. Policía no sanciona a policía. La impunidad está garantizada. Hay que crear un órgano en el Ministerio del Interior que, en coordinación con la fiscalía y el Poder Judicial, investigue, sancione y expulse a los malos policías.

Lo mismo debe ocurrir con las adquisiciones y contrataciones. La policía no debe manejar el presupuesto, como ocurría antes de 1988. ¿Recuerdan la compra ilegal de camionetas Audi para generales? El dinero debe ser administrado por el Ministerio del Interior.

También es clave limitar los poderes excesivos del comandante general. No más intromisiones en compras, contrataciones o concursos de mérito. Hay que implementar una verdadera carrera policial basada en una real meritocracia. Para ello voy a pedir la reforma de las leyes 1267 y 30714. Hoy la policía se controla sola; con esta reforma será controlada por la democracia.

Durante décadas, el sur andino ha sido tratado como periferia. No por falta de trabajo ni de talento, sino por la ausencia persistente del Estado donde más se le necesita: integración, infraestructura y reglas claras. Sin caminos no hay mercado. Sin integración no hay desarrollo.

Por eso, desde el Congreso, impulsaré el plan del sur andino como una política de Estado con una idea simple y concreta: conectar para crecer. La infraestructura no es un gasto ni un lujo; es la base sobre la que se construye productividad, empleo y cohesión social.

Asimismo, impulsaré una descentralización fiscal real, que permita a regiones y municipios contar con recursos efectivos para cerrar brechas. Fortalecer el Foncor, ampliar el Foncomun, dar autonomía financiera a los centros poblados y simplificar el sistema de inversión pública no es ideología: es gestión eficiente.

El Congreso, sin embargo, no es solo un espacio de obras y presupuestos. Es también un campo de debate político, cultural e institucional. Allí seré claro y firme en la defensa de principios que considero irrenunciables: la vida, la familia, la libertad económica y la propiedad privada. Sin ambigüedades. Son los pilares que sostienen una sociedad libre y productiva.

Neófitos soñadores y peligrosos mercaderes de la política descubrieron que crear un partido era tan fácil como reunir 25.000 firmas y esperar al mejor postor que decida postular. El resultado no tardó en verse. El debate fue reemplazado por el insulto y la representación por transfuguismo. La historia es conocida: siete presidentes en 10 años, 38 partidos en contienda.

Resolver la crisis de gobernabilidad tiene múltiples aristas, pero ninguna puede ignorar la fracasada reforma política surgida del referéndum de Vizcarra y su comisión de ‘notables’ frente a un congreso populista y endogámico. Por eso propongo un acuerdo político nacional. Un pacto para sancionar a los tránsfugas, renovar curules por tercios, eliminar el financiamiento público y reducir la franja electoral.

Este debe ser de partidos y no de élites sin militancia. Convocando a las organizaciones con más de 50 años en la vida republicana y a especialistas universitarios. Urge además un gesto firme: reducir la cantidad de asesores por comisiones legislativas al 50% y el gasto inútil que aleja la confianza ciudadana. Recuperemos con el Apra el debate, las ideas y la estabilidad para avanzar hacia proyectos concretos en seguridad, agua y educación.