Una crisis en el Ministerio Público y qué es lo que dicen de ella las bancadas en el Congreso: estas son las posturas

La crisis que sacude al Ministerio Público también resuena y no es ajena al interior del Congreso. Parlamentarios de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia y la Bancada Socialista coinciden en la gravedad de la situación; sin embargo, difieren de manera significativa en la salida inmediata y sobre todo del rol que debe jugar el Legislativo entorno a esta. Una de las propuestas sobre la mesa es una reforma integral del sistema de justicia, la cual ya se viene gestando y avanza en este poder del Estado.

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La primera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, remarcó que lo acontecido en la fiscalía “refleja, una vez más, la debacle institucional” que persiste en el Ministerio Público. Por lo que, a su juicio, es necesaria una reforma para dar una salida a lo que se vive actualmente.

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“El Ministerio Público para poder salir de esta crisis, ya que son incapaces de autoreorganizarse, ellos deben generar una suerte de reingeniería en la institución, lo único que queda es una reforma integral al sistema de justicia. Y eso lo está trabajando en este momento una comisión del Congreso y creo que, finalmente, esa va a ser la salida. Porque no hay ánimo de deponer actitudes en ninguno de los lados”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

Juárez afirmó que cada vez hay más señales de que el sistema de justicia “pareciera que ya ha llegado a su punto más crítico y que tiene que tener una reorganización”. En su mirada, se ha tocado fondo. Por ello, hizo referencia a la comisión que actualmente está a cargo de la legisladora María del Carmen Alva (No Agrupada) y que viene trabajando en una propuesta de reforma.

“Tampoco es que nosotros como Congreso, porque por supuesto nos llaman deslegitimados, nos dicen de todo, nos aferramos para hacer las reformas. Creemos que hay que hacerlo rápidamente, porque esto no resiste más. Pero, por lo menos, este Congreso tiene que dejar evaluadas las propuestas, las posibilidades de reorganización y, si el otro Congreso lo quiere evaluar y aprobar, en buena hora”, mencionó.

Para Juárez, con la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patricia Benavides “debería de haber asumido” como fiscal de la Nación.

“Creo que, efectivamente, hubo un procedimiento que se llevó muy rápido, que inclusive no estaba delimitado y que empleó la (anterior) JNJ para remover a la señora Benavides. Y eso es lo que se ha corregido”, dijo. Aunque también criticó la forma en que se apersonó junto a su defensa a la sede de la fiscalía, sin haber llegado la notificación.

La comisión en cuestión aprobada a nivel del pleno del Congreso en diciembre del año pasado. Está “encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia”. Fue planteada por Somos Perú y se instaló formalmente recién en marzo pasado, recayendo su conducción en la legisladora María del Carmen Alva (No Agrupada), aunque es multipartidaria.

Inicialmente, se le brindó un plazo de 90 días. Sin embargo, el pasado martes 10 de junio se aprobó una ampliación del plazo para esta labor por hasta 180 días “impostergables”, según el propio documento.

Alva dijo a este Diario puntualmente que el informe final “debe presentarse en noviembre de este año, sin perjuicio de que se puedan adelantar algunas medidas”.

“Priorizará un adecuado modelo de interoperabilidad entre las instituciones del sistema. Esto reforzará una autonomía racional, donde las funciones diferenciadas se realicen con un único fin: garantizar un servicio de justicia de calidad, eficiente y predictible para todo”, explicó la parlamentaria.

En lo que va del actual período, al menos se han presentado seis proyectos de ley para reformar el Ministerio Público, específicamente, sobre el nombramiento del fiscal de la Nación y de los fiscales supremos. Perú Libre es la agrupación con mayor incidencia.

Sin embargo, más allá de la comisión, al interior del Congreso no necesariamente hay consenso respecto a que una reforma impulsada desde este poder del Estado sea el camino más adecuado frente a la actual crisis. Aunque igual el tema sigue abierto.

A opinión del congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), “es bastante bochornoso” lo que viene sucediendo y, a su juicio, más allá de que no guste en la Fiscalía de la Nación la decisión de la JNJ, “esta se tiene que cumplir y acatar”.

“Luego ellos [Delia Espinoza y otros supremos] tendrán los mecanismos para poder solicitar su invalidez o su nulidad. Pero en tanto y en cuanto está vigente, ellos tienen que dar el ejemplo acatando esta resolución. Si es constitucional o inconstitucional, eso lo decidirá en su momento otro órgano colegiado”, expresó.

Muñante también dijo que, si bien hay asidero legal para denuncias constitucionales en el Congreso por estos hechos, “en estos momentos la solución pasa por que los mismos fiscales supremos se pongan de acuerdo, se sienten a conversar y puedan dar una imagen positiva al país de que esto se puede solucionar dialogando”.

En tanto, respecto a la posibilidad de una reforma desde el Congreso, el legislador de Renovación Popular apuntó que, si bien es necesaria, son conscientes de la percepción ciudadana y, por ello, esta “es la primera tarea a la que tienen que abocarse las nuevas autoridades en el 2026”.

“Somos conscientes de que hoy el Congreso no goza de la mayor popularidad necesaria como para poder sentir respaldo en su decisión. Y segundo, tenemos una presidente que también está siendo investigada por el Ministerio Público, con lo cual podría entenderse como un acto de injerencia de su parte. ¿Eso deslegitima alguna acción? No. Sin embargo, hay también una percepción ciudadana que no podemos pasar por alto”, dijo Muñante.

“Entonces, creo que esta reforma necesaria del Ministerio Público y del Poder Judicial es la primera tarea a la que tienen que abocarse las nuevas autoridades en el 2026. Ejecutivo, Legislativo y en la medida posible contar con la propia colaboración del Ministerio Público y del Poder Judicial. El problema está en que el enfermo no reconozca su enfermedad”, agregó.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) incidió en que su colega de bancada Gladys Echaíz presentó un proyecto de reforma judicial “muy bien elaborado” y consensuado, pero que lamentablemente fue “bloqueado” dentro del Congreso. Por ello, dijo que el camino debería ser recuperar ese proyecto “y echarlo a andar”. Sin embargo, también apuntó que una reforma de esta naturaleza no debe efectuarse de manera exprés. “No puede haber prontitud. Tiene que haber conocimiento y capacidad”, expresó.

Sobre la situación específica en el Ministerio Público, Montoya dijo que “no hay nada que discutir”, sino simplemente aplicar lo dispuesto por la JNJ. “La junta ha dado ya una disposición para que sea repuesta en su cargo la fiscal anterior. La fiscal actual lo que tiene que hacer es retirarse y dejarle el cargo, tal como lo hizo la fiscal que están reponiendo en este momento. Eso es un respeto de la legalidad y lo que le corresponde. Ha tomado una actitud, yo diría, matonesca que escapa de los lineamientos que debe tener una fiscal y está causando un gran daño a la población”, aseveró.

El congresista de Honor y Democracia también refirió que, en estos momentos, es la JNJ la que debe actuar y hacer cumplir lo que ha dispuesto. “En el supuesto negado de que no logre hacerlo, tendríamos desde el Congreso que tomar una acción porque no se puede dejar una institución como esa al mando de una persona que está desacreditada para cumplirlo”, señaló.

Distinta es la mirada del congresista Jaime Quito (Bancada Socialista), quien subrayó que “la Constitución señala claramente cuáles son las funciones” de los órganos de justicia y que, por ende, quien nombra a un fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos, mas no la JNJ.

“Aparte de esto, la resolución de la junta debe tener la aprobación unánime de todos los miembros y son siete. Hay un conjunto de irregularidades y creo que eso hace mucho daño, el que se quiera instalar [en el Ministerio Público] al caballazo uno de los sectores”, remarcó a este Diario.

Quito también acotó que la comisión para la reforma judicial “ha sido altamente politizada en función de intereses”. Mencionó que, si bien tienen que hacerse ajustes en el Ministerio Público, no bajo el actual contexto.

“Aquí lo único que se estaría viendo es querer poner a fiscales que son de su entera confianza para que no procedan muchos casos y se pueda también seguir blindando o se pueda seguir en el reino de la impunidad, que lamentablemente lo tenemos en estos momentos”, puntualizó.