En apenas un año, 36 de los 130 congresistas fueron denunciados por la Fiscalía: ¿Quiénes son y de qué se les acusa?

La lista la encabeza Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso), quien fue blindada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el último viernes, a pesar de los indicios que sugieren que recortó el sueldo de sus trabajadores.

El exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana denunció a Torres por presunta concusión el 29 de febrero del 2024. Los indicios que recabó el Ministerio Público apuntaban a que la congresista se quedó con parte del salario de su personal de confianza con el apoyo de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.

Hasta el momento, el Congreso solo se ha pronunciado por el caso de Torres, aunque para protegerla. Los que pesan contra los otros 35 parlamentarios continúan sin resolverse, lo que impide a la Fiscalía pasar a la etapa de investigación preparatoria.

Son 10 los congresistas denunciados por ‘mochasueldos’ (concusión) en el último año. A Torres se suman Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez, Jorge Flores Ancachi, Edgar Tello, José Arriola, Darwin Espinoza (Podemos), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Raúl Doroteo y Marleny Portero (Acción Popular).

Bancadas con más denunciados

Podemos Perú es la bancada con más congresistas denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación en un año.

A los cinco legisladores ya mencionados por ‘mochasueldos’ se sumaron Kira Alcarraz y Guido Bellido en enero pasado. La primera por supuestamente utilizar boletos aéreos costeados por el Congreso para asistir a la fiesta de cumpleaños de Diego Bazán en Trujillo; el segundo, por presuntamente ejercer influencia para la contratación de un funcionario en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuando ejerció como primer ministro. Esto durante el gobierno de Pedro Castillo.

Ninguno de los siete llegó al Congreso con Podemos. La bancada los acogió a pesar de los cuestionamientos que la mayoría arrastraba. Al sumarlos - y con ello incrementar el número de sus integrantes - quedó en una mejor posición política al momento de alcanzar acuerdos en el Parlamento, como la repartición de las presidencias de las comisiones ordinarias.

La segunda bancada con más denunciados es Alianza para el Progreso, con cinco. A las ya mencionadas Torres y Ruiz se suman Roberto Kamiche, Juan Carlos Lizarzaburu y Roberto Chiabra.

El partido de César Acuña ha llevado al Congreso a políticos que, una vez elegidos parlamentarios, son incluso sentenciados por diversos delitos, como Freddy Díaz, condenado por violación sexual contra una trabajadora parlamentaria en su despacho, y los exlegisladores Edwin Donayre (colusión) y Benicio Ríos (peculado).

En dos ocasiones

Las congresistas Patricia Chirinos (Renovación Popular), Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) y Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) fueron denunciadas dos veces cada una en tan solo un año.

1

Por presunto peculado

A Patricia Chirinos, la Fiscalía de la Nación la denunció en mayo del 2024 por supuestas coordinaciones irregulares con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides; y en enero pasado, por el caso de la fiesta de Diego Bazán. Los dos hechos implican el presunto delito de peculado.

2

Por presunta concusión, tráfico de influencias y otros

A Magaly Ruíz, la Fiscalía de la Nación la denunció en abril del 2024 por presunto concusión y colusión. Esto por recortes de sueldo y la contratación en el Congreso de Camila Mantilla, pareja de su hijo. Luego, en julio de ese mismo año, la denunció por supuesto tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, por presunta instigación al fiscal provincial Richard Rojas para que interceda ante el personal fiscal que investiga el primer caso.

3

Por presunta negociación incompatible y tráfico de influencias

A Lucinda Vásquez, la Fiscalía de la Nación la denunció por presunta negociación incompatible. Esto por interesarse de manera indebida en la aprobación de un dictamen que permitió a Roberto Chiabra, José Williams y otros legisladores pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acceder a la percepción de sueldo y pensión en simultáneo. Luego, por supuesto tráfico de influencias agravado, por estar involucrada en la filtración y venta de un examen para docentes que buscan ascender en la carrera pública magisterial.

Indicios razonables

El vocero principal del Ministerio Público, el exfiscal supremo Víctor Cubas, explicó que la institución lleva a cabo diligencias preliminares para determinar si existen elementos probatorios que vinculen a un congresista u otro alto funcionario del Estado con la comisión de un delito. Si encuentra estos indicios, debe presentar una denuncia constitucional para avanzar a la siguiente etapa de la investigación, dado que los parlamentarios y otros altos funcionarios gozan del derecho al antejuicio político.

“Si determina que existen indicios razonables que permiten sostener que el alto funcionario está vinculado a la comisión de un delito, el fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Con eso termina su función de investigación en relación a altos funcionarios del Estado”, dijo en diálogo con El Comercio.

Luego, el Congreso evalúa si corresponde levantar la inmunidad al alto funcionario denunciado. En teoría, el antejuicio político debe funcionar como un mecanismo de control parlamentario, que permita determinar si existen méritos suficientes para que los denunciados enfrenten la justicia como cualquier ciudadano.

Cubas señaló que “existe una demora en la tramitación de pronunciamiento frente a denuncias constitucionales”. Ya en diciembre pasado, la Fiscalía de la Nación pidió al Congreso que modifique su reglamento para establecer plazos en el trámite de las denuncias.

El vocero del Ministerio Público evitó cuestionar el blindaje a Torres por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso). Señaló que, si el Congreso archiva el caso, la Fiscalía de la Nación no podría presentar una nueva denuncia por el mismo caso, una postura con la que discrepan especialistas consultados por este Diario.

“El Ministerio Público ha cumplido con su función de investigar y formular la denuncia, pero el Congreso de la República tiene la facultad de aprobar o no el procesamiento de los altos funcionarios. El Congreso está ejerciendo esa facultad. [...] La Subcomisión considera que no hay elementos, lo archiva. La ley no ha previsto recurso alguno para ello. Por regla general, este caso está archivado por el Congreso de la República. [...] Cuando se archiva una investigación, ya no hay posibilidad de hacer una nueva denuncia. Eso es por regla general”, señaló.

Hasta la publicación de este informe, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), no respondió a nuestros intentos de recoger sus comentarios sobre el impacto de las 36 denuncias en la imagen del Parlamento.

Quien sí respondió fue la primera vicepresidenta, Patricia Juárez (Fuerza Popular), a quien la Fiscalía de la Nación denunció por presunta negociación incompatible el pasado 22 de enero, junto a otros 10 congresistas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional. Esto por supuestamente interesarse de manera indebida en la aprobación de un dictamen que permitió a un grupo de congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acceder a la percepción de sueldo y pensión en simultáneo.

“No me parece justo que aparezca en el montón de denunciados por otras razones que no corresponden al ejercicio de mi función y al cumplimiento de mi función como congresista. La Fiscalía de la Nación nos denuncia irregularmente por el ejercicio de nuestro voto. Es muy grave lo que ha hecho”.

Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso

Juárez señaló que aparecer en la lista de congresistas con denuncias constitucionales “es un grave perjuicio para la imagen de, por lo menos, los congresistas que cuidamos que nuestro nombre no sea manchado por este tipo de denuncias, que puestos en conocimiento de la opinión pública, ya lo dan por cierta”.

La vicepresidenta del Congreso dijo esperar que la subcomisión evalúe rápidamente la denuncia, “porque es un verdadero despropósito”. “Estimo, por las consideraciones y argumentos que ha presentado la Fiscal de la Nación, que tendrá que ser desestimado porque los congresistas no pueden ser perseguidos por su voto, especialmente cuando en este caso hay tres sentencias del Tribunal Constitucional que recogen lo que hemos aprobado. Es doblemente absurdo y creo que debería de desestimarse”, aseveró.

“Mecanismo de impunidad”

En opinión del especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi, el antejuicio político se ha convertido en una herramienta para evadir la justicia, por lo que debería eliminarse.

“No recuerdo en la práctica parlamentaria y en la historia constitucional un indicador tan alto de congresistas con denuncias constitucionales en un quinquenio. Es insólito. Pero hay un blindaje en el Parlamento, que nos lleva a pensar que ha llegado el momento de que se elimine el antejuicio político. Es un mecanismo de impunidad. La tristemente célebre frase ‘Otorongo no come otorongo’ se viene repitiendo”, dijo en diálogo con El Comercio.

Rospigliosi recordó que Torres no es la única blindada por el actual Congreso. En febrero del 2024 la Comisión Permanente archivó una denuncia constitucional contra el exlegislador fujimorista Héctor Becerril, ahora militante de Alianza para el Progreso.

También mencionó que en el 2018, parte de responsabilidad en la fuga del exjuez supremo César Hinostroza recayó en el Congreso, por demorar en tramitar una acusación constitucional en su contra. Hinostroza gozaba del derecho al antejuicio político.

No obstante, el exoficial Mayor del Congreso César Delgado-Guembes consideró que eliminar el antejuicio solo generaría que congresistas tengan nuevos incentivos para alterar las normas, en busca de impunidad.

“Se eliminó la inmunidad parlamentaria. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que para protegerse [...] utilizan una vía indirecta. ¿Qué hacen ahora? Modifican las leyes para evitar su procesamiento. [...] Entonces, si eliminas el antejuicio político, lo único que crearás será generar más incentivos para que quienes lleguen al Congreso sin reunir las condiciones necesarias para ocupar un puesto representativo, se van a seguir valiendo del sistema legislativo para alterar las normas, de manera que no haya ningún tipo de persecución legal contra quienes no actúan conforme a la Constitución y a las leyes”, señaló.

Delgado-Guembes resaltó que los partidos políticos no están cumpliendo con asegurar a la ciudadanía que sus candidatos “van a rendir adecuadamente dentro de los parámetros de la democracia representativa”.

“El régimen político que tiene el Perú se basa en el supuesto de que tengamos ciudadanos idóneos para el gobierno. Cuando ese supuesto no funciona, no hay institución que sirva”, señaló. ¿Y qué pasa cuando los partidos no tienen candidatos idóneos?

“Obviamente todo el modelo colapsa, que es lo que ha ocurrido”, sentenció.