Fernández es conocido por promover el uso de la ivermectina como medicamento preventivo del COVID-19. (Renzo Salazar / @photo.gec)
Fernández es conocido por promover el uso de la ivermectina como medicamento preventivo del COVID-19. (Renzo Salazar / @photo.gec)
Ana Bazo Reisman

No habrá asesores externos en la comisión del Congreso encargada de investigar las vacunaciones irregulares de . Pese a que, la mañana del jueves, su secretario Carlos Mesía (Fuerza Popular) había sugerido la convocatoria de asesores ad-honorem, como , el grupo desechó la propuesta al culminar su sesión de la tarde.

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En la reunión, que fue de carácter reservado, el grupo de trabajo aprobó implementar una plataforma virtual para que, mediante correo electrónico, se reciban opiniones y colaboraciones de información por parte de ciudadanos. “Se pensó en un momento en asesores ad-honorem y en la comisión se ha decidido que haya, más bien, una plataforma donde puedan participar los ciudadanos que quieran y ahí también podría participar el doctor Fernández”, expresó Mesía en RPP.

Horas antes de esta decisión conjunta, Mesía había dicho a El Comercio que insistiría en , pues “es un reconocido científico peruano a nivel mundial y un experto en vacunas”. Como se recuerda, el médico en mención es promotor de la ivermectina como medicamento preventivo del coronavirus, pese a la falta de consenso científico respecto de su efectividad.

Al respecto de este cuestionamiento, Mesía refirió que “el uso de la ivermectina es una discusión científica no acabada” y que “médicos en Estados Unidos la usan”. Además, recalcó que su consumo no ha sido desautorizado por el Minsa.

Fernández es, además, dueño del laboratorio Farvet, que se dedica al desarrollo de vacunas para animales. Entre mayo de 2020 y enero de este año, , había trabajado en una investigación para hallar un antídoto contra el COVID-19. Sin embargo, el proyecto fue abandonado tras haberse testado únicamente en animales y no pasar de la fase preclínica.

Fernández había asegurado en su momento que se inoculó la fórmula junto a familiares y compañeros del proyecto para probar su eficacia en humanos. Luego, se desdijo y atribuyó sus declaraciones a un error: “Nunca nos hemos vacunado. No nos podemos vacunar porque se requiere un permiso de un Comité de Ética”.

Hubo críticas

Percy Mayta-Tristán, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur, había cuestionado la potencial invitación de Fernández como asesor ad-honorem. “Sería realmente indignante. En teoría, la comisión va a evaluar aspectos vinculados con la ética y el desarrollo de la investigación en vacunas. Lamentablemente, el señor Fernández ha demostrado, en el desarrollo de la supuesta vacuna peruana, que no ha procedido con ética. Es contradictorio”, dijo Mayta-Tristán a este Diario.

Respecto de la ivermectina, Mayta-Tristán recalcó que la promoción del medicamento no ha detenido contagios masivos. “Mucha gente se ha infectado, creyendo que la ivermectina los protege. Es completamente irresponsable”, argumentó.

Por su parte, el exministro de Salud Víctor Zamora también había criticado el perfil de Fernández para prestar asesoría. “Considero que, en el caso de esta persona hay un conflicto de interés porque se trata de alguien que tiene una empresa destinada a producir vacunas y que en algún momento pretendió crear una vacuna contra el COVID-19. Eso lo descalifica”, declaró a El Comercio.

Otros nombres que habían resonado

Al proponer a Fernández, Mesía también había mencionado a los exministros de Salud Luis Solari y Abel Salinas como otros potenciales asesores ad-honorem de la comisión que investiga la vacunación irregular de funcionarios , políticos y empresarios.

En diálogo con El Comercio, el vicepresidente de la Comisión ‘Vacunagate’, Luis Felipe Castillo (Podemos Perú), advirtió que el nombre de Fernández solo surgió en una “lluvia de ideas”. En la misma línea, el presidente del grupo, Otto Guibovich, declaró: “Se propusieron varios nombres. Fue un tema libre de ideas”.

Acuerdos

En la sesión reservada, también se sentaron otros cuatro acuerdos. Además de crear la plataforma para que “colaboradores de la verdad” proporcionen información, se dispuso contar con cuatro asesores del propio Congreso; cada uno experto en derecho constitucional, derecho penal, derecho en contrataciones y licitaciones con el estado, y auditoría médica.

Asimismo, se definió solicitar, junto a la Contraloría General e la República, información a la Cancillería, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), al Intituto Nacional de Salud (INS), a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y a las universidades Cayetano Heredia y San Marcos.

De otro lado, se acordó la necesidad de pedir información otras comisiones del Congreso, como la Comisión COVID-19, Salud y Fiscalización. Como punto final, los legisladores del grupo decidieron mantener “en lo posible” sesiones reservadas “para bajar el ruido político por ser un tema muy sensible y que podría afectar el informe final, debilitando las conclusiones y recomendaciones”.

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