El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), detalló que esta mañana debatirán dos informes en los cuales se planteará la admisión de seis denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra y otros altos funcionarios por haber sido vacunados en secreto con dosis de Sinopharm.
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Este lote de acusaciones son parte de un total de ocho que se han presentado formalmente hasta la fecha, según detalló el congresista, entre las cuales también se han incluido denuncias contra las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, quienes también fueron vacunadas con fármacos que Sinopharm envió para ser administradas a personas relacionadas a los ensayos de la fase 3 en el Perú.
“Las primeras 6 denuncias presentadas ya han recibido su estudio preliminar. Vamos a sustentar esta mañana, en unos minutos, estos informes. Son dos, los hemos agrupado de tres en tres, para atender el pedido mayoritario de la ciudadanía que espera que este Congreso rápidamente tome acción respecto a este escándalo”, dijo a RPP.
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Pérez Ochoa detalló que, entre las ocho acusaciones contra Vizcarra Cornejo, hay una que fue presentada por un ciudadano y que también incluye al actual mandatario, Francisco Sagasti.
“El dato adicional es que una de las denuncias también está comprendido el actual presidente, Francisco Sagasti [¿Qué bancada la ha presentado?] Es de un ciudadano, Marco Falconí”, detalló.
Cabe indicar que Marco Falconí Picardo es el candidato al Congreso por el número 1 de la lista que ha presentado el partido Podemos Perú.
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Asimismo, precisó que en tres de las denuncias están incluidas Mazzetti y Astete, y que todas están siendo acumuladas para abreviar tiempos y porque los hechos denunciados son los mismos: presuntos delitos e infracciones constitucionales cometidas por haber recibido las vacunas de Sinopharm en secreto y con dosis que debieron usarse en los ensayos clínicos.
“El proceso de una denuncia constitucional es por antejuicio político y juicio político. El antejuicio lo libera del mazo protector por altos funcionarios y lo conduce a una investigación en el Ministerio Público y la Corte Suprema. El juicio político podría conducir a una inhabilitación”, recordó el congresista de Acción Popular.
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