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El contralor Nelson Shack enfrenta una nueva denuncia constitucional por el presunto nombramiento irregular de dos gerentes regionales de control. (Foto: USI)
Por Martín Calderón
En su último día como fiscal de la Nación, el pasado 29 de marzo, Zoraida Ávalos denunció al contralor general de la República, Nelson Shack, ante el Congreso por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En su último día como fiscal de la Nación, el pasado 29 de marzo, Zoraida Ávalos denunció al contralor general de la República, Nelson Shack, ante el Congreso por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La fiscalía le imputa a Shack haberse interesado indebidamente en la designación de Jackelin Mellado Alania y Roy Vera Chung como gerentes regionales de control de Moquegua e Ica, respectivamente, en el 2018.
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La ex fiscal de la Nación denunció que Mellado y Vera no cumplían con el perfil para ocupar esos cargos de confianza. Mellado es comunicadora social y Vera es economista, ambos sin experiencia previa en el control gubernamental, de acuerdo con la acusación.
En la denuncia presentada ante el Congreso, se da cuenta del testimonio de una asesora de la contraloría que indicó que el propio Shack le entregó en físico el currículum vitae de Mellado.
La fiscalía añadió que en los nueve años de experiencia laboral que acreditó Mellado, no reportó puestos ni funciones similares o equivalentes a las que iba a desempeñar como gerente regional de control.
En tanto, Vera consignó en su hoja de vida experiencia profesional en el “Ministerio de Trabajo, BID y PNUD”, pero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó a la fiscalía que no mantuvo ningún vínculo laboral con él.
Vera también consignó que trabajó en el Congreso de la República entre el 2006 y el 2009, pero esa institución reportó a la fiscalía que solo lo hizo entre diciembre del 2006 y agosto del 2008.
Durante las investigaciones preliminares, Vera respondió a la fiscalía que trabajó para un programa financiado por el BID. Y sobre su años de labores en el Congreso, aseguró que al hacer un resumen general de su experiencia, solo estimó las fechas.
En tanto, en el 2019, Shack dijo a la fiscalía que Mellado y Vera fueron contratados luego de un proceso de selección que determinó que sí cumplían con los requisitos, pero la fiscalía le imputa haberse interesado indebidamente en esas designaciones.
Descargos
La contraloría señaló que la denuncia constitucional se origina de un caso ya desestimado por la subcomisión.
Este Diario verificó que el secretario general del sindicato de trabajadores de la Contraloría, Ghino Alarcón Núñez, presentó una acusación constitucional contra Shack en el Parlamento por el mismo caso. Esta fue declarada improcedente el viernes pasado.
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La Contraloría aseguró que si habría alguna omisión de Shack, “se tratarían de situaciones del ámbito administrativo, más no penal, como apresurada y a última hora ha señalado lamentablemente la exfiscal de la Nación”.
Añadió que el contralor está dispuesto a participar de las diligencias que el Congreso realice.
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho constitucional, consideró que “si la denuncia la presentaba cualquier congresista, podría pensarse que es algo político, sin pruebas contundentes. Pero si la realiza la fiscal de la Nación, es porque hay indicios, medios probatorios”.
Rospigliosi recordó que el excontralor Edgar Alarcón fue destituido por el Congreso por falta grave, pero sobre Shack añadió: “No es común en el Perú que un contralor general de la República, cuyo rol constitucional es controlar el adecuado uso de los recursos públicos, esté denunciado por tal cometido. Es insólito”.
El abogado precisó que la Fiscalía de la Nación no podrá denunciar a Shack ante el Poder Judicial hasta que el Congreso no levante la protección del antejuicio.
La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso. También pasará por los filtros de la Comisión Permanente y, de prosperar, llegará al pleno del Parlamento, la última instancia.
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