La conjura de los necios, la columna de Cecilia Valenzuela

El congresista fujimorista que ha denunciado constitucionalmente al fiscal de la Nación dice que lo hace a título personal. Por su vinculación con Joaquín Ramírez, Daniel Salaverry podría estar personalmente interesado en que destituyan e inhabiliten a Pablo Sánchez; pero él no es el único en su agrupación con razones para desear un descalabro en el Ministerio Público.

Si la fiscalía encuentra los verdaderos orígenes del dinero de Ramírez, podría llegar a los fondos que el ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular invirtió en el club Carlos A. Mannucci de Trujillo. El 9 de enero del 2014, Salaverry convirtió a Ramírez en el presidente y mandamás del equipo tricolor, uno de los emblemas futbolísticos trujillanos. Dos años después, Salaverry encabezaba la lista de Fuerza Popular al Congreso por La Libertad.

Pero la investigación por lavado de activos que acaba de reabrir la fiscalía contra Joaquín Ramírez, que se adecuará a la Ley contra el Crimen Organizado, incluirá también a Keiko Fujimori y a Osías Ramírez, hermano del primero y elegido por la segunda para representar a Fuerza Popular en Cajamarca en las elecciones regionales del 2014.

La estrechez de los lazos que unen a los protagonistas de esta última andanada contra la independencia de la fiscalía confirma el propósito de la mayoría parlamentaria de evitar que se investigue, cabalmente, a un grupo económico del que sospechan la procuraduría antidrogas del Perú y la agencia antinarcóticos norteamericana, conocida como DEA.

Ramírez fue el más visible financista durante la última campaña de Fuerza Popular. Salaverry no debe ser el único que le debe la curul desde la que ahora pondera. Quizá por eso su amenaza prepotente contra el fiscal de la Nación ha tenido tanto eco en su bancada.

Pero aunque intenten imponer todo su poder, la investigación ya está reencaminada y las demás autoridades capaces de indagar en estos casos, alertas.

Hace casi un año, la procuradora antidrogas Sonia Medina advirtió a la fiscal Sara Vidal, la que pretendió archivar el Caso Ramírez hace cuarenta días, que su despacho tenía serias sospechas del origen del dinero de la familia Ramírez, constituida en un grupo económico de la noche a la mañana. Según refiere Medina, esa riqueza podría tener precedentes en el tráfico ilícito de drogas. El vínculo de los Ramírez con el alcalde de Tocache, el que cayó hace poco por narcotráfico, y con Miguel Arévalo Ramírez, conocido entre los agentes de la DEA como ‘Eteco’, contribuyen a orientar las pesquisas en ese sentido.

En su momento, Medina solicitó oficiar la defensa del Estado en el Caso Ramírez, pero la fiscal que archivó la investigación le negó el acceso. Ahora que el caso se adecuará a la Ley contra el Crimen Organizado, la participación de la Policía y de la procuraduría antidrogas serán de gran aporte.

De otro lado, la respuesta de Pablo Sánchez a las presiones del fujimorismo: “No me voy a amilanar”, y el rechazo de toda la fiscalía, de los demás poderes del Estado y de todas las instituciones democráticas del país a la denuncia de Fuerza Popular orquestada por Salaverry, reconfortan a la ciudadanía. Sánchez procesó a Vladimiro Montesinos por traficar armas con las FARC y obtuvo una condena de 20 años de cárcel para el todopoderoso asesor de Fujimori y jefe del SIN. Como bien ha dicho, a quién le va a tener miedo.

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