Ambas instituciones consideraron que la condena a Acosta abre un “nefasto e histórico precedente contra la libertad de expresión en el Perú”. (Foto: El Comercio)
Ambas instituciones consideraron que la condena a Acosta abre un “nefasto e histórico precedente contra la libertad de expresión en el Perú”. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
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El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechazaron la sentencia contra , Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House por supuestas lesiones al honor del excandidato presidencial César Acuña.

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La decisión judicial, dada a conocer este lunes, condena a los periodistas a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/.400, 000. Ambas instituciones consideraron que “se ha abierto un nefasto e histórico precedente contra la libertad de expresión en el Perú”.

Debido a ello, las mencionadas instituciones informaron que pedirán a la brevedad una visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue lo sucedido en esta sentencia. Asimismo, esperan que en la siguiente instancia tras la apelación se garantice la libertad de expresión.

“El juez Raúl Rodolfo Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha condenado a un periodista por reconstruir el perfil de un excandidato presidencial y líder de un partido político utilizando citas textuales de terceras personas, pero que bajo su criterio no habrían sido corroboradas por “fuentes confiables””, se lee en su .

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El pronunciamiento sostiene que esta sentencia plantea que “un juzgado puede, sin mayor motivación, determinar qué fuentes son válidas y cuáles no, un criterio que no solo es arbitrario sino que también atenta contra el quehacer periodístico y el legítimo derecho de la ciudadanía de recibir información de interés público”.

El escrito menciona que, en 2004, a raíz de un caso muy similar ocurrido en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al país anular una sentencia condenatoria contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa por haberle requerido que probara la veracidad de declaraciones de terceros, lo que provocaba una limitación excesiva a la libertad de expresión.

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