Constitucionalistas se pronuncian sobre cuestión de confianza

Un grupo de abogados constitucionalistas, integrado por profesores de Derecho Constitucional de diferentes universidades e investigadores, publicó un pronunciamiento que respalda el uso democrático de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en el Pleno del Congreso.

En el documento, señalan que la facultad del presidente de la República de disolver el Congreso es una medida conforme al orden constitucional para destrabar el desencuentro entre dos poderes sobre una política de Estado.

“La afirmación de que un gobierno devendría en autoritario, si adoptase una medida como la disolución del Parlamento dentro de los supuestos previstos en la Constitución, es incorrecta y no atiende a la finalidad democrática de la institución”, señalan.

El comunicado precisa que el planteamiento de la cuestión de confianza no obliga al Parlamento a aceptarla y que este puede rechazarla. “El pedido de apoyo que viene aparejado a la cuestión de confianza, y la posibilidad subsecuente de disolución del Parlamento, no supone la derrota del Legislativo, sino solo el aplazamiento del conflicto a las urnas, que facilitarán la expresión de la única voluntad capaz de resolver la falta de consenso, que es la voluntad del pueblo”, señala.

El rechazo de la confianza lleva a la crisis total de gabinete, es decir a la renuncia de todos los ministros. En este escenario, si el presidente decide disolver el Congreso -la Comisión Permanente se mantiene en funciones-, el respaldo a la política en cuestión lo determinará la ciudadanía a través de nuevas elecciones parlamentarias.

“Cuando la posición del Parlamento en funciones representa cabalmente la voluntad del pueblo, como ha sido indicado anteriormente, es dicha voluntad la que prevalece, expresada en una nueva composición parlamentaria, y será ella la que decidirá al final, el apoyo a la política propuesta”, agrega el comunicado.

“Constitucionalismo Crítico” es una asociación civil que tiene entre sus integrantes a Úrsula Indacochea, abogada constitucionalista que hoy es parte de la Fundación para el Debido Proceso; Ana Neyra, profesora de Derecho constitucional de la Universidad Pacífico y secretaría técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; y Liliana Salomé, que ha sido profesora de la Universidad Católica.