Gobierno: ¿cómo ha sido la evolución de las consultorías en los últimos 10 años?

El ministro de Economía, Carlos Oliva, se presentará la próxima semana ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para explicar el presupuesto del Estado destinado a la contratación de consultorías. El monto supera los S/1.700 millones.

Durante la semana, la novel bancada de Concertación Parlamentaria remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en el que solicita información sobre el “incremento [de] presupuestos del año fiscal 2019 en materia de consultoría”.

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El último jueves, el ministro Oliva adelantó parte de su justificación en una entrevista con el programa “20 19” de Canal N. Explicó que el aumento no era ilegal, como señaló el legislador Gilbert Violeta. Precisó que el monto ha venido disminuyendo, además de representar el 1% del presupuesto nacional, algo que consideró razonable.

De S/2.339 millones en el 2017 –el monto más alto en los últimos 10 años– se pasó a S/1.700 millones en el 2019. Una reducción de más de S/600 millones en el presupuesto para el rubro.

“El Estado, como toda empresa, siempre terceriza algunos servicios. En Vivienda y Transportes, la supervisión de obras se terceriza porque no conviene mantener una planilla fija de supervisores porque la cantidad de obras varía”, explicó Oliva.

El 80% o más del presupuesto para consultorías en dichos sectores, según el ministro, tiene que ver con la supervisión de obras. Oliva afirmó que toda consultoría está justificada y que cada ministro es responsable de explicar las de sus sectores.

La polémica sobre el tema surgió por un reportaje del programa “Panorama”. La consultoría más cuestionada y repetida fue la de “enseñar a dar el pésame”.

Consultado sobre esto, el titular del MEF sostuvo: “Entiendo que es un tema importante porque tampoco se puede dar el pésame de una manera que no es la apropiada. Si para eso necesitas una consultoría, eso lo podemos discutir […]. Hay temas que se podrían conversar y generar un debate”.

—Desconocimiento—
La ex secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros Mayen Ugarte afirmó que el problema sobre el tema tiene dos aristas: la falta de sinceramiento respecto a las consultorías contratadas y la falta de transparencia en los productos.

“En el sector privado hablas de consultoría y lo asocias a la entrega de un informe en papel. En el sector público, muchos servicios ligados a obras son llamados consultorías. En Vivienda y Transporte necesitas un perfil de inversión, un informe de viabilidad y un estudio de impacto para recién poder concursar la obra. Luego tienes a la supervisora de la obra, que también es una consultora”, explicó Ugarte. Indicó que no toda consultoría en el sector público es un estudio y que el grueso del monto para el rubro está referido a servicios ligados a obras públicas.

Asimismo, explicó que en el caso de la cuestionada consultoría repetida bajo la premisa de “cómo dar el pésame”, en realidad se trata de lo que denominan “eventos de vida”, una metodología internacional que analiza problemáticas desde el punto de vista del ciudadano. En este caso, era sobre la implementación de una ventanilla única que aglomere los 18 trámites que una persona debía realizar cuando un familiar fallece.

De otro lado, Ugarte recordó que el monto para este tipo de servicios se reparte entre las 2.500 entidades públicas que tiene el Estado. “Lo que toca hacer al Estado es tener una mayor planificación para una trazabilidad que permita conocer en qué rubros se concentran las consultorías y transparentar todos los productos”, añadió.

—Planificación—
El ex viceministro de Economía Carlos Casas señaló que existe una percepción errada sobre las consultorías contratadas por el Estado. Asimismo, sostuvo que esto se podría evitar estableciendo un plan anual.

“El Estado está creciendo y se necesitan servicios especializados. Hay que tener bastante cuidado cuando satanizamos las consultorías. Las actividades del Estado están basadas en evidencia, el experimento previo para ejecutar, y eso requiere un trabajo mayor que puede costar pero que es útil”, comentó.

El también decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico advierte que el problema con las consultorías surge cuando se dan contratos de la noche a la mañana para emplear a personas. En ciertos casos, la consultoría funciona como un mecanismo para contratar más gente en una entidad estatal.

“Se dice que el Estado está superpoblado, yo diría que en algunas entidades sí, pero en otras no. A veces se necesita inmediatamente un servicio especializado y se pone como consultoría a gente que está trabajando permanentemente y realiza una labor importante. Incluso se vuelve más productivo porque se renueva cada cierto tiempo. Nuevamente, no hay que satanizar porque es una forma de cubrir las necesidades del Estado”, dijo.

También existe una subcuenta de “Otros servicios similares” que ha crecido considerablemente: 53% desde el 2015. Casas indicó que esta funciona como una reserva de contingencia para las consultorías que aparecen en el camino. “Por eso es que es mejor planificar todo lo posible antes de gastar la plata sin ningún control”, recalcó.

—Nivel de gasto—
El analista de políticas públicas Fernando Cáceres consideró un exceso que se pretenda sacar una conclusión sobre los gastos en consultorías analizando los dos primeros meses del año. “Dicen que lo sorprendente es que en enero y febrero el gasto superó en 20% el del 2018 y eso no significa nada, pues el presupuesto es igual y los cambios en el Gabinete siempre te generan diferentes niveles de avance”, aseveró.

Cáceres apuntó que se debe tomar en cuenta que, a pesar de que el presupuesto nacional crece año a año, el monto destinado para consultorías se mantiene en su rango.

En mayo del 2018, el entonces ministro de Economía David Tuesta anunció que se había identificado un potencial de ahorro de S/2.000 millones, recortando desembolsos en rubros como consultorías, contrataciones y “gastos superfluos”.

El anuncio del gobierno estuvo acompañado por un proyecto de ley que buscaba austeridad para otras entidades como el Congreso. Hasta la fecha, la iniciativa está encarpetada en la Comisión de Presupuesto.
Tres meses después, con Carlos Oliva como titular del MEF, se informó que el Estado ahorró casi S/1.279 millones con las medidas de austeridad que el Gobierno dictó a través del Decreto de Urgencia 005, de mayo del 2018. Se recortaron S/971 millones en gastos de bienes y servicios.