Contraloría advierte que la ONPE no consideró cantidad de rutas y locales en TDR para servicio de transportes de segunda vuelta: los detalles del informe

La Contraloría General de la República señaló en un informe que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tomó en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación al elaborar los términos de referencia del contrato de transporte de material de la segunda vuelta electoral.

Para el organismo de control, esta situación podría generar demoras y afectar el derecho de sufragio de los ciudadanos de Lima Metropolitana y el Callao.

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La distribución del material en ambas circunscripciones se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de junio.

Según el informe de orientación de oficio N° 092-2026-OCI/3599-SOO, al que tuvo acceso El Comercio y que analiza los términos de referencia de la “Contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional - despliegue y repliegue de material e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026 (SEP)”, las 31 rutas terrestres establecidas por la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE desde su local en Lurín hacia centros de votación en Lima Metropolitana y el Callao no se condicen con las rutas ejecutadas en la primera vuelta electoral y la cantidad de locales de votación, que ascienden a 2270.

“Los hechos mencionados evidencian que en los TDR [términos de referencia] elaborados por la Gerencia de Gestión Electoral para la contratación del Servicio de Transporte de carga a nivel nacional - despliegue y repliegue de material e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026 (SEP) no se condice con la cantidad de rutas ejecutadas en las Elecciones Generales 2026 y la cantidad de locales de votación establecidas lo cual puede generar demoras en los tiempos de transporte del despliegue del material electoral con la consiguiente afectación del derecho de sufragio durante la Segunda Elección Presidencial 2026”, indicó la contraloría.

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El pasado 8 de mayo, la contraloría remitió esta información al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y le otorgó un plazo de cinco días hábiles para comunicar cuáles fueron sus medidas correctivas.

En otro informe, de fecha 5 de mayo, la contraloría detectó que el organismo electoral no cuenta con un lineamiento, instructivo y/o procedimiento que regulen la contratación y ejecución del servicio de transporte para el repliegue de material electoral desde los locales de votación hacia las Oficinas Descentralizados de Procesos Electorales (ODPE).

Advirtió que ello “genera el riesgo de quiebre en la cadena de custodia, con la consiguiente pérdida del material electoral, comprometiendo la integridad del cómputo, así como la percepción de transparencia y legitimidad de los resultados ante la ciudadanía”.

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El organismo de control observó, además, que el ambiente donde se encuentran almacenados los equipos tecnológicos no cuenta con un sistema de detección de incendios (detectores de humo), asimismo, la cantidad de mangueras es insuficiente frente a un incendio, deficiencia que incrementa el nivel de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un incendio.

También encontró deficiencias en las instalaciones eléctricas, tales como cables expuestos sin canaleta y cajas de circuitos eléctricos sin tapas ni protección, así como ausencia de cámaras de seguridad y de un sistema adecuado de ventilación operativa, entre otros.

En su investigación, realizada del 17 al 29 de abril, también halló cédulas de sufragio y dispositivos USB dentro de paquetes en los que se debía almacenar restos electorales.

Para la contraloría, esto “evidencia que material electoral critico entre ellos cédulas de sufragio, fueron enviados hacia el almacén de Lurín de la Gerencia de Gestión Electoral, contraviniendo la normativa que dispone ser enviada a la ODPE correspondiente, para su custodia”.

Los hechos también fueron comunicados a Pachas.

Este Diario intentó comunicarse con la ONPE para conocer las medidas adoptadas frente a ambas investigaciones; sin embargo, al cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Como se sabe, la primera vuelta estuvo caracterizada por la demora en la instalación de las mesas en diversos distritos del sur de Lima debido a la ineficiencia de la ONPE en el reparto del material electoral, la falla de la herramienta STAE y otros incidentes como pérdida de actas electores y cédulas encontradas en la calle.

Ello derivó en diversos cuestionamientos, pedidos de nulidad, auditoría y, también, en la renuncia de Piero Corvetto como jefe del ente electoral. En su reemplazo asumió -de forma interina- Bernardo Pachas, quien ahora tiene la responsabilidad de conducir a la ONPE durante la segunda vuelta.

La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han minimizado la situación, al señalar que el retraso en las mesas no tuvo impacto en los resultados.

Ese fue uno de los argumentos con los que el JNE descartó a fines de abril la realización de elecciones complementarias. En tanto, la ONPE ha señalado que las mesas instaladas tardíamente representan el 1.34% del total en Lima Metropolitana y en el ámbito nacional el 0.4%.

Pese a los críticas, el JNE proclamó el último domingo a los candidatos que se enfrentarán en el balotaje: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El experto en derecho electoral Fernando Rodríguez Patrón señaló que la ONPE es responsable de establecer la ruta que realizará la empresa de transportes. Además, expresó su sorpresa sobre que faltando un mes para el balotaje se haya detectado este inconveniente.

“En la medida que estas fallas se mantengan, el problema va a ser exactamente el mismo [que en la primera vuelta] No creo que la ONPE vaya a tropezar con la misma piedra. Tiene a toda la opinión pública encima”, señaló.

Rodríguez Patrón reiteró la importancia de que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su rol fiscalizador y recordó que, en el pasado, los fiscalizadores pernoctaban en los locales de votación para garantizar que los comicios se desarrollaran de manera óptima.

Por su parte, Enzo Elguera, CEO de IMASOLU, subrayó que la logística electoral “no es un tema menor ni únicamente operativo; termina teniendo impacto directo en la percepción de legitimidad del proceso”.

“Si existen observaciones de la contraloría respecto a rutas, cadena de custodia o almacenamiento del material electoral, lo importante es que la ONPE pueda transparentar rápidamente las medidas correctivas adoptadas antes de la segunda vuelta, y peor aún que esta advertencia que no se hizo pública pudo evitar de ser tomada en cuenta del inminente cuestionamiento del proceso electoral”, señaló el experto electoral.

Para Elguera, el principal reto en esta etapa “no solo es garantizar que el material llegue a tiempo a los locales de votación, sino también evitar que las deficiencias administrativas alimenten nuevas dudas o tensiones políticas en un contexto donde el proceso electoral ya viene bajo fuerte escrutinio público”.

“La capacidad de reacción institucional será clave para reducir cualquier riesgo operativo y preservar la confianza ciudadana, así como de la contraloría poder hacer pública todas sus observaciones porque eso ayudará a tener mayor pro actividad y visibilidad de un proceso que a diferencia del anterior , no debería tener mayor problema ni cuestionamiento”, puntualizó.