Contraloría informa que 5,664 funcionarios públicos estarían involucrados en actos irregulares

En conferencia de prensa, indicó que de esta cifra 1,779 servidores forman parte del gobierno nacional, 1,473 de los gobiernos regionales y 2,443 de las municipalidades.

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Shack presentó, este miércoles 17 de julio, los resultados del control posterior del primer semestre del 2024 realizado por la Contraloría.

Señaló que los funcionarios del gobierno nacional presuntamente implicados en las irregularidades pertenecen a los tres poderes del Estado y organismos autónomos.

Detalló, además, que 1,390, es decir, el 78%, forman parte del Poder Ejecutivo. Los sectores con mayor incidencia en el gobierno central son Salud, con 261 trabajadores implicados; Energía, 145; y Educación, 123; entre otros [ver recuadro].

En cuanto a los gobiernos regionales, Ayacucho- de Wilfredo Oscorima- lidera la lista con 129 funcionarios implicados en presuntas irregularidades. Le siguen Apurímac y Junín, con 125 y 105, respectivamente.

Las responsabilidades halladas van desde el ámbito administrativo, civil hasta penal.

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El titular del órgano de control también se refirió a cinco casos emblemáticos detectados por la institución, por ejemplo la deficiente atención a 75 casos de abuso sexual contra menores por parte de los Centros de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en la región Amazonas.

También se tomó en cuenta en el informe, el desabastecimiento de más de 30.700 medicamentos escenciales en establecimientos de salud a nivel nacional y la pérdida de más de S/ 738 mil en Cenares por la entrega de dispositivos médicos y productos farmacéuticos a empresas oftalmológicas privadas.

En tanto, Katia Tirado, gerenta de Control Político Institucional y Económico de la Contraloría, indicó que, tanto en los CEM como en las comisarías de Bagua y Condorcanqui, “no existen acreditados planes de seguridad idóneos”.

“Incluso las fichas de registro del Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui no contienen información de la apreciaciones de los profesionales para el servicio que deben prestar. Para atención de cualquier escenario de abuso sexual para niños adolescente tiene que haber un equipo mínimo multidisciplinario conformado por un abogado, un psicólogo y un trabajador social. En este caso, no se advierte ni siquiera los examenes mínimos requeridos por estos profesionales”, añadió.

Debido a ello, advirtió, no se puede conocer el nivel de afectación del menor y, por ende, “no se activa el apoyo del Estado”.

El próximo 19 de julio culmina el mandato de Nelson Shack como contralor. El Poder Ejecutivo propuso a César Aguilar como su sucesor. La decisión está en manos de la Comisión Permanente.

Mira aquí la presentación del contralor:

Revisa aquí el informe de la Contraloría:

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En otro momento, Shack se pronunció sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. Indicó que el órgano de control inició una pesquisa en mayo, luego de tomar conocimiento del Caso Rolex, y que, luego de un proceso de recopilación de información, encuentra omisiones en las declaraciones cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego como mandataria . “La contraloría sabe que tiene más cuentas [bancarias] que las declaradas”, explicó.

Asimismo, detalló que esa información fue cursada al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y al subsecretario general de Palacio de Gobierno, Antonio Mirril Ramos Bernaola .

“Se ha encontrado indicios razonables de que hay un presunto desbalance patrimonial no justificado y esa es la razón por la que abrimos una investigación adicional, que le comunicamos a la presidenta el 1 de julio”, insistió.

Indicó que la presidenta está en el plazo para brindar sus descargos y que luego de eso “se cerrarán los informes”. Además, afirmó que le corresponderá a la nueva gestión de la contraloría derivar dichos informes al Ministerio Público o archivarlos.

Asimismo, descartó que la contraloría “filtre información” a la prensa. “Se ha dicho de que muy ligeramente nos hemos expresado y no, lo que le corresponde al contralor ante una pregunta de la prensa es decir la verdad. Todos deben saber lo que contraloría está investigando respecto de este caso”, dijo.

“Y eso es lo que hemos dicho: se ha verificado que ha habido omisiones en la consignación de cuentas en las declaraciones juradas y se ha abierta una investigación porque hay la convicción, o sea, tenemos los indicios que revelan que habría un presunto desbalance patrimonial y estamos a la espera de que la información sea remitida por la señora presidenta y así luego concluir los informes”, remarcó.

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Finalmente, exhortó al Congreso a no aprobar el crédito suplementario solicitado por el Poder Ejecutivo. Shack dijo que este documento, en su novena disposición complementaria modificatoria afectaría la autonomía del órgano de control.

“El 1 de julio le comunicamos a la señora presidenta que tiene indicios de desbalance patrimonial para que lo pueda contestar. Diez días después, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso que entre cientos de hojas (...) incluye de manera casi de contrabando, como se suele decir, de manera absolutamente escondida, una disposición que le corta las manos a la Contraloría a partir del próximo año”, indicó.

Desde el Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó al contralor y rechazó de plano cualquier presunto desbalance patrimonial por parte de la mandataria.

Remarcó que “las expresiones que son pretendidamente técnicas” “obedecen más bien a reacciones de naturaleza política”. Y en ese contexto, se preguntó cómo se puede entender que en la semana en que Boluarte presentó un nuevo candidato para ocupar el cargo de la Contraloría, se activan estos expedientes. “Por lo menos (es) insólito y preocupante”, remarcó tras indicar que confía que las nuevas autoridades “han de corregir este despropósito”.

“Me llama la atención la verdad que, con tanta ligereza, se pueda deslizar información de esta naturaleza, toda vez que forma parte de un expediente que debe ser reservado, tanto más cuando lo que se está hablando son de las cuentas de la señora presidenta”, exclamó en rueda de prensa.

Puntualizó que “no hay absolutamente nada de qué preocuparse”. “La presidenta está enviando respuesta detallada y documentada, por ejemplo, de la existencia de dos cuentas que no declaró. Una me parece que tiene un saldo de S/1.40 y la otra S/1.14 o algo así. La propia norma dice que si se trata de saldos ínfimos no hay que declararlo”, remarcó.

Por su parte, el abogado de la presidenta Boluarte, Juan Carlos Portugal, calificó de “irresponsables las declaraciones del contralor” y señaló que las supuestas cuentas no declaradas por la mandataria no superan “los dos soles en sus fondos”.