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Crimen y control: la gestión del contralor Edgar Alarcón

El jefe de la contraloría está llegando al final de un juego peligroso: cuestionó al Gobierno con sus informes, mientras huía de su pasado

Edgar Alarcón

La Comisión Permanente del Congreso decide hoy si avala el pedido para destituir a Edgar Alarcón como contralor. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)

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Asumió el mando el 9 de junio del 2017 ansioso por marcar la diferencia, para bien y para muy mal. Se jactaba de oler la corrupción a leguas y de conocer la contraloría al revés y al derecho, pues llevaba 19 años en ella. Lo entrevisté en esos días y prometió ser un contralor mediático.

Edgar Alarcón cumplió su promesa. Se estrenó con un lapidario informe sobre la compra de patrulleros inteligentes que desconcertó al saliente gobierno nacionalista. El propio Humala lo había entrevistado antes de proponerlo en la terna de postulantes que el Ejecutivo envió al Congreso y de pedir a su bancada que pelee por él. Fujimoristas y apristas lo evaluaron con recelo y hasta pidieron un cuarto intermedio en el Congreso para procesar la primera denuncia que llegó contra él, la del ciudadano Daniel Cubillas, acusándolo de la compra un inmueble que delataría incompatibilidades y desbalances patrimoniales.

El denunciante retiró los cargos contra Edgar Alarcón, pero una nueva denuncia apareció, en setiembre del 2016. El auditor Walter Grados, además de la compra del inmueble, incluía la compraventa de autos y la liquidación, en apariencia generosa, a su ex pareja y subalterna Marcela Mejía. Grados documentó unos cuantos vehículos de la centena que se conocen ahora y que el contralor, ante los congresistas que lo interrogaron, definió como un afán legítimo por “mantener vigente el parque automotor familiar”. La denuncia de Grados fue desestimada en el Congreso, aunque dio pie a artículos periodísticos que no tuvieron entonces el impacto que tendrían más tarde.

—El falso alineado—
Estábamos, pues, notificados de la falta de idoneidad de Alarcón. Incluso, su extrema diligencia al promover acciones de control en áreas sensibles llamó más a recelo que a aplauso. Ahora sabemos, por los audios de cuya grabación es el primer sospechoso, que buscaba dar a las autoridades la impresión de ser un funcionario correcto que, sin embargo, se alineaba con sus apuros.

Esa impresión debió haberle dado a PPK cuando lo visitó siendo presidente electo y, probablemente, es la que quiso darle a Keiko Fujimori en la que cita que él confesó haberle pedido y luego dijo que nunca se concretó. Por supuesto, no podemos descartar que sino fue con ella, sí se reunió con fujimoristas a quienes dio la impresión de alinearse con sus afanes opositores.

Sin embargo, la más falsa impresión la dio al Ejecutivo. Un personaje del gobierno pasado me dijo que Alarcón le contó que había discutido con Martín Vizcarra en el caso de la línea 2. De ello se podría colegir que Vizcarra no confiaba en él para Chinchero, al punto que sí lo hicieron Alfredo Thorne y Fernando Zavala.

En los pasajes que hemos conocido de la reunión del 2 de mayo en la PCM se percibe que Zavala no se esfuerza mucho en hacer que el contralor entienda la importancia que para el Gobierno tenía Chinchero y lo que la adenda podía significar para otros proyectos.

Una fuente me contó que Zavala le trasmitió a la bancada oficialista su confianza en que la contraloría no objetaría la adenda. Y ni qué decir del candor con el que Thorne recibió al contralor el 17 de mayo, cuando también fue grabado.

Cinco días después, el 22, Alarcón publicó un informe lapidario sobre la adenda, recomendando acciones penales contra 10 funcionarios del MTC, el MEF y Ositrán. Si se había alineado con alguien, fue con la oposición fujimorista que, por cierto, también se preguntara ahora si no hay algún audio de algún congresista de Fuerza Popular hablando de más.

—Alarcón y el escorpión—
Mayo fue el apogeo de Alarcón. Nunca un contralor tuvo tanto poder y pantalla; nunca fue tan cuestionado. Por un lado, aparecían denuncias sobre compraventa de autos y otras incompatibilidades, y Grados volvía al ataque con un audio que mostraba a Alarcón insinuándole que desestime su denuncia; por otro lado, aparecían las grabaciones por cucharadas del encuentro con Thorne. Era claro que el contralor moriría matando, como el escorpión de la fábula que clava la ponzoña a la rana que lo está ayudando a cruzar el estanque.

A más denuncias que obligaban a la mayoría parlamentaria a hablar sobre su remoción, más conferencias de prensa y anuncios desesperados por parte de Alarcón. La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) en tiempo récord formó una comisión que concluyó que su título de contador era irregular porque no acreditó suficiente práctica laboral. Cuentan en la contraloría que la ojeriza de la UNSA se debería a que Noelia Soto Tejada, prima del contralor que este designó en la oficina de control interno de la universidad, propició un operativo con policías y fiscales que violó la autonomía universitaria.

En su peor momento, el arequipeño Alarcón tuvo que viajar a su ciudad natal a defender su título (finalmente, la universidad falló contra él) y a enfrentarse con los fantasmas de su juventud. En conferencia de prensa, pasó rápida revista a los empleos que tuvo en Arequipa y en Lima antes de entrar a la contraloría. Un listado nervioso que parecía esconder secretos que algún día conoceremos.

De vuelta a Lima, la desesperación llegó a su cota máxima. Anunció que entregaría informes que comprometían a los ministros Marilú Martens y Edmer Trujillo, mientras el grupo de trabajo presidido por Marco Arana preparaba a toda velocidad su informe contra él.

No solo el Gobierno, toda la clase política le bajó el dedo a Alarcón por, presumiblemente, engañar, emboscar, grabar y desafiar a varias autoridades con informes de control y recomendaciones de acción penal. La suerte del contralor está, pues, echada.

La Comisión Permanente lo recibirá hoy solo por cumplir con la precaución del debido proceso. El miércoles no pudieron conminarlo porque se fue a Ica en un viaje no programado. Luego tendrá que negociar su renuncia o despido en la contraloría, pues, la remoción de su cargo no implica que deje de ser empleado. Sabemos que ya hay movidas para abrirle un proceso y deshacerse de su círculo íntimo, al menos de la secretaria general Elsa Marchinares, quien lo acompañó en la cita con Thorne.

Mientras el Gobierno busca candidatos para proponer al Congreso, la contraloría estará en manos del vicecontralor Oswaldo Yupanqui. Este ya tenía ese cargo en la época de Fuad Khoury. En el 2012, vivió un serio incidente policial. La abogada Helen Aizcorbe fue pillada intentando extorsionar al alcalde de Vítor, en Arequipa. Lo amenazó con un informe de contraloría y dio el nombre de Yupanqui. El vicecontralor se defendió en el proceso, asegurando que habían tomado su nombre inconsultamente. Yupanqui dejó el cargo en manos de Alarcón mientras duraron las investigaciones. Es así que Alarcón se convirtió en vicecontralor y, una vez elegido contralor, repuso a Yupanqui en el cargo. Pero este juego de sillas pronto acabará en la contraloría, pues lo más probable es que el contralor que elija el Congreso venga de otros lares.

Actualización:
Sobre la mencionada publicación, la abogada Elsa Marchinares Maekawa indica que no ha formado parte de ningún círculo íntimo del ex contralor Alarcón.

Respuesta:
Fuentes de la propia Contraloría le dijeron al autor de la nota, Fernando Vivas, que por su cargo y por haberlo acompañado en delicadas gestiones como algunas de las conversaciones con ministros que fueron grabadas y filtradas, la consideraban del entorno laboral de confianza de Alarcón. A eso se refiere la frase "círculo íntimo"; no a una amistad o complicidad en algún comportamiento ilícito.

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