Cuestiones de supervivencia, la columna de Erick Sablich

Más allá de mostrarnos que la conducta política de los integrantes de La Botica se asemeja más a la de camorrista que a la de congresista de la República (salvo cuando de dirigirse a su “presidenta” y “lideresa” se trata, claro está), las últimas conversaciones reveladas por IDL-Reporteros confirman los denodados esfuerzos que Fuerza Popular ha estado dispuesto a desplegar para proteger al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

Así, se aprecia que mientras múltiples voces pedían a fines de julio que este no jurara el cargo por sus comprometedoras conversaciones con el ex juez –y ‘hermanito’– supremo César Hinostroza, Pier Figari dictaba la línea de defensa que debían esgrimir los legisladores naranjas sobre el cuestionado fiscal, incluida la desconcertante alusión a no caer en “la trampa de un operativo maquiavélico”, en referencia a la difusión de los audios por la prensa.

“Envíen mensajes a todos los aliados... salir en bloque” complementó en ese momento Keiko Fujimori, lideresa del partido.

A fines de agosto, cuando el informe de la fiscal Sandra Castro imputó a Chávarry –así como a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo– el pertenecer a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, los chats reflejan cómo los fujimoristas desestimaron las nuevas denuncias y articularon las justificaciones en favor de Chávarry.

Pero, además de eso, desnudan la desesperación por respaldarlo contra viento y marea, y a pesar del costo político implícito. Se lee que para Héctor Becerril tienen que mantenerse “muy fuertes así toda la prensa nos ataque” y que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, califica el asunto como uno “de supervivencia”. Luz Salgado, por su parte, prefiere recurrir a las indulgencias divinas y confiesa que ella está “con velas y rogando a Dios”.

Es sin duda bajo esa lógica que hace menos de dos semanas la Comisión Permanente, con los votos de Fuerza Popular y del Apra, archivó la primera denuncia constitucional que planteaba la destitución de Chávarry.

En un contexto de descrédito generalizado, con Keiko Fujimori literalmente en el banquillo de los acusados y una bancada que apenas sostiene su unidad, sin embargo, haría bien el fujimorismo en revisar su posición sobre Chávarry si pretende que sus llamados a un armisticio político y construcción de “una agenda de reencuentro nacional” sean tomados con cierta seriedad por sus adversarios y la opinión pública.

El fujimorismo debería destituir a Chávarry no solo porque no es la persona idónea para liderar una institución tan importante como el Ministerio Público (sentir que comparte abrumadoramente la mayoría de la ciudadanía, como señalan las encuestas), sino porque la rama de olivo que ha extendido al Ejecutivo carece de credibilidad alguna de continuar el blindaje a una persona que ha amenazado abierta y burdamente al presidente Vizcarra y otros funcionarios de este gobierno. Y que, asimismo, parece usar su investidura para hostilizar al magistrado que investiga justamente los aportes a las campañas del fujimorismo. Su permanencia anula la posibilidad de crear un mínimo de confianza.

La consumación y eventual supervivencia de la tregua invocada por Fuerza Popular, en esta medida, requiere gestos audaces que empiezan por retirar del tablero político a una de sus piezas más desestabilizadoras. Razones para hacerlo no faltan.