Defensa de Alejandro Toledo dice que Corte de EE.UU. sí tiene autoridad para exigir documentos al Perú

La defensa de Alejandro Toledo insiste en su pedido de documentos. Los abogados del expresidente enviaron el lunes un oficio a la Corte del Distrito Norte de California en el que vuelven a solicitar al juez Thomas Hixson que obligue a la fiscalía de EE.UU. a entregarles 16 folios de información. La fiscal federal Elise LaPunzina había rechazado previamente este pedido.

El argumento central de los abogados es que se trata de una “investigación conjunta" entre los gobiernos de EE.UU. y el Perú contra Toledo. ”Porque la fiscalía [estadounidense] está trabajando junto al Perú en la investigación, los materiales en posesión del Perú deben ser tratados como si estuvieran “en posesión, custodia o control” de los Estados Unidos", asegura el documento.

Previamente, LaPunzina había argumentado que este tipo de solicitudes de información aplican “solo a los materiales en posesión, custodia o control del gobierno de Estados Unidos, y no a documentos que están en el país que pide la extradición o en otro lado”. "La autoridad de la Corte no aplica para obligar a la entrega de materiales en posesión de gobiernos extranjeros”, agregó la fiscal federal.

Para rebatir este argumento, los abogados de Toledo citan el caso de Jorge Gustavo Kraiselburd, quien fue extraditado a Argentina a finales de los ochenta. “El la extradición de Kraiselburd, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones [...] aceptó una solicitud para ordenar a Argentina a que entregue documentos para justificar las acusaciones en la orden de allanamiento”, explican.

Finalmente, la defensa del expresidente indica que “simplemente no hay razón para que la fiscalía decline de hacer su mayor esfuerzo para obtener el material solicitado por parte del Perú".

–El pedido–

En diciembre del año pasado, Toledo pidió al juez Hixson que ordenara a la fiscalía la entrega de 16 folios de información documental vinculada a su caso, que incluían copias de los interrogatorios realizados al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y al empresario israelí Josef Maiman por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato .

Pero la defensa del expresidente también exigió copia de los acuerdos de colaboración de ambos, que por ley son secretos en el Perú a menos que un juez peruano dictamine lo contrario. La estrategia legal, según especificaron los propios abogados en el documento, era encontrar evidencias de coacción en los testimonios de Barata y Maiman, para deslegitimarlos como pruebas en el proceso de extradición.

“Por más que los jueces norteamericanos pidan los acuerdos, el Estado peruano no tiene cómo revelarlos. La ley lo impide, los acuerdos de colaboración eficaz son secretos. Y el juez americano no tiene ninguna potestad sobre un juez peruano. El fiscal tendría que pedirle permiso a un juez y este encontraría la situación muy complicada: decidir entre entregar un acuerdo que es confidencial o perder la extradición”, explicó al respecto el abogado penalista Carlos Caro.

Además, Toledo pidió que se le entregue toda la documentación sobre las pesquisas del gobierno estadounidense por la vivienda de Maryland, las comunicaciones de colaboración judicial entre el Perú y los gobiernos de EE.UU., Suiza, Brasil, Israel, Costa Rica, Uruguay y Andorra, copias de todo el material incautado durante el allanamiento de la casa de Toledo en Menlo Park, California, entre otros.

LaPunzina rechazó el pedido indicando que no había “justificación válida” para que se ordene la entrega “de ninguno de los materiales solicitados”. Además de los argumentos previamente señalados, la fiscal federal dijo que los abogados de Toledo estaban convirtiendo el proceso en una ‘expedición de pesca', expresión anglosajona que implica la búsqueda a ciegas de información.

La audiencia en la que el juez Hixson evaluará el pedido de información de Toledo estaba originalmente programada para el próximo 30 de enero, pero ha sido movida para el 6 de febrero. Un día antes, el 5, Toledo tendrá una audiencia probatoria sobre su salud mental, ante el juez Vince Chhabria.