Walter Gutiérrez recordó que el diálogo es el primer requisito para que ambos poderes del Estado logren resolver sus diferencias y trabajar en coordinación.(Foto: Archivo El Comercio)
Walter Gutiérrez recordó que el diálogo es el primer requisito para que ambos poderes del Estado logren resolver sus diferencias y trabajar en coordinación.(Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

El titular de la Defensoría del Pueblo, , consideró que el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, que tiene como autor al parlamentario aprista Mauricio Mulder, contiene algunas contradicciones en sí misma.

Según especificó Gutiérrez, una de ellas es el planteamiento de que las entidades estatales solo puedan publicitar en Internet (la otra opción son los canales del Estado), tomando en cuenta que el acceso a este espacio virtual en el país aún es limitado.

Además, el defensor del Pueblo remarcó que las plataformas más visitadas suelen ser la de los propios medios de comunicación, por lo que también se tendría que invertir allí.

“La norma por sí misma tiene una contradicción porque, ¿cuáles son las plataformas digitales más visitadas por los ciudadanos? La de los propios medios; y son privadas. Tendrías que contratar también con ellos, y la norma proscribe esa posibilidad”, afirmó Walter Gutiérrez en diálogo con RPP.

No obstante, el titular de la Defensoría del Pueblo sí destacó la necesidad de regular la publicidad estatal a fin de hacer las mediciones necesarias de las campañas publicitarias y así conocer la eficacia de los anuncios y, por ende, su rentabilidad.

“El Estado no pueden estar ajenos a esos estándares”, sostuvo, al mencionar el caso de las empresas privadas.

En tanto, Walter Gutiérrez sostuvo que, se apruebe o no la iniciativa de Mulder, el Ejecutivo debe reglamentar la ley que regula la publicidad estatal que fue ya había sido aprobada en el 2006. “Un reglamento que no existe hace 12 años”, dijo.

Finalmente, el defensor refirió que “la norma tiene otro defecto”. “Tampoco regula a las instituciones autónomas, como el Poder Judicial, por ejemplo, el propio Parlamento”, manifestó.

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