Defensora del Pueblo solicita a procuradora general del Estado informe sobre evaluación a procuradores públicos

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, solicitó a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, que le remita información sobre el proceso de evaluación que se les hacer a los procuradores públicos.

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El pedido de Revollar se realiza en medio de los cuestionamientos que existen dentro del Directorio de la Procuraduría General del Estado, quienes evalúan la destitución del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz, quien se encarga de ver el caso del exministro Juan Silva.

Mediante un oficio, la titular de la Defensoría del Pueblo señaló que, como parte de sus competencias, se encarga de fortalecer la independencia y autonomía de los procuradores públicos. Por tal, resaltó que los procuradores deben realizar su labor de manera imparcial y descartando toda influencia e injerencia interno externa de su actuación.

En ese sentido, recordó que el Decreto Legislativo 1326 detalla que los procuradores públicos se mantendrán en su cargos “hasta la implementación del proceso de evaluación regulado en la propia ley. Asimismo, se advierte que después de la evaluación recién se dará por concluida una designación”.

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Frente a lo expuesto, Eliana Revollar pidió que se le brinde información sobre las normas que se emitieron con la finalidad de concretizar el proceso de evaluación para los procuradores públicos del Estado.

El último lunes 27 de junio, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado se reunió para discutir la continuidad del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tras el encuentro, no llegaron a tomar una decisión respecto al funcionario, puesto que su caso fue derivado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Según informó El Comercio, la cita empezó al mediodía y tomó casi dos horas. Caruajulca y los otros dos integrantes del consejo –Ramón Alcalde y Luis Iglesias, respectivamente representantes del Ministerio de Justicia y de la Contraloría General de la República– se expresaron a favor de la consulta a Servir, aunque la procuradora general mantiene su postura de evaluar y separar a Ortiz.