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¿Qué delitos habría cometido la asesora de Pedro Chávarry? [Análisis]

Rosa María Venegas Mello admitió haber ingresado a una oficina lacrada por el fiscal Pérez en el marco de la investigación a Keiko Fujimori

Rosa María Venegas Mello

Rosa María Venegas Mello fue congresista de Unión por el Perú entre el 2006 y 2011. (Foto: Congreso)

Archivo El Comercio

La Policía Nacional del Perú identificó hoy a la ex congresista Rosa María Venegas Mello, renunciante asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como una de las personas que ingresó sin autorización a una oficina lacrada en el Ministerio Público.

Dicho despacho fue lacrado por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

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El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del mencionado equipo, denunció anoche que personal de seguridad asignado del titular del Ministerio Público, había violado un ambiente sellado como parte de las investigaciones que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La ex congresista Rosa María Venegas confirmó, en declaraciones a radio Exitosa, que fue ella quien sacó en tres cajas documentación de la oficina de Juan Manuel Duarte con ayuda de los tres policías.

"Estamos hablando de espacios asignados al fiscal de la Nación, porque el gabinete de asesores pertenece a la Fiscalía de la Nación. Se habían vulnerado derechos consagrados en la Constitución. Simplemente yo fui, como conozco un poquito de derecho y no había ninguna orden, retiré cosas personales mías, de mi intimidad. Además, cosas relacionadas con mi labor como periodista", refirió.

Al respecto del hecho, El Comercio consultó con los abogados penalista Luis Lamas Puccio y Romy Chang sobre en qué delitos habría incurrido la asesora del ex fiscal de la Nación.

Para la abogada Romy Chang, la acción de Venegas Mello revelaría un acto de encubrimiento y obstrucción a la justicia que estaría tipificado bajo el delito de “encubrimiento real” que está especificado en el artículo 405 del Código Penal.

“[Encubrimiento real] es la acción de encubrir o dificultar la acción de la justicia desapareciendo las pruebas o huellas del delito. Lo que hace que el fiscal o el juez no pueda encontrar las pruebas necesarias para poder acreditar actos ilícitos y, por lo tanto, condenar a una persona”, explicó Chang.

Agregó que este delito –en su modalidad básica- comprendería una sanción de hasta cuatro años de pena privativa de la libertad, pero si el hecho se diera en un marco relacionado a una investigación de organización criminal la pena podría llegar desde 7 a 10 años de cárcel.

“Siempre y cuando hablemos de que la desaparición de las pruebas del delito estén vinculados a delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, y también, menciona el artículo 317 del Código Penal, que es el delito de organización criminal, porque Keiko Fujimori está investigada por ese delito en específico, y, también cuando se dificulta la persecución de una organización criminal, hablamos de una agravante y esa agravante induciría a una pena incrementada”, añadió.

Por su lado, Lamas Puccio dijo que ingresar a una oficina lacrada sin autorización de un juez es una conducta que desde ya podría incurrir en responsabilidades penales, porque desde el momento que un fiscal lacra un espacio nadie puede acceder a este.

“Dependerá de la condición de la persona que ha accedido al archivo, al espacio y cuál ha sido su finalidad de ingresar ahí. Sí evidentemente la finalidad habría sido sustraer información, entonces estaríamos [hablando] en principio de un delito de encubrimiento [real]”, señaló.

En ese sentido, agregó que cuando se trata de un funcionario público el delito podría verse incrementado hasta con penas de 10 a 12 años.

“Si esta asesora tiene efectivamente condición de funcionario público, porque percibe un sueldo del Estado, entonces, esa es una circunstancia que agravaría la pena con condena una que puede fluctuar entre los 10 a 12 años de pena privativa de libertad”, indicó.

Ambos abogados coincidieron en que la afirmación de Venegas Mello, quien dijo que ingresó para sacar objetos personales, no justifica de alguna manera el hecho, ya que debió comunicarlo al fiscal a cargo que era José Domingo Pérez o al juez Richard Concepción Carhuancho, porque dicho recinto estaba lacrado.

-Agentes de seguridad personal de Pedro Chávarry-

Chang aseveró que los policías asignados a la seguridad del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quienes se ve participar en el ingreso al recinto lacrado, incurrieron en la modalidad de cómplices en el presunto delito de “encubrimiento real” y la condena para ellos sería la misma que recibiría Venegas Mello. 

"Las penas por ser cómplices es la misma y, en este caso, no son cualquier cómplice, porque son policías asignados directamente asignados al fiscal de la Nación", dijo.

Lamas Puccio coincidió con Chang e indicó que si se prueba que los agentes de la Policía Nacional actuaron como cómplices de Venegas Mello, estos pueden recibir el mismo castigo que se le imponga a ella. "Sería interesante acotando que se acogieran a la colaboración eficaz para que revelen quién les dio la orden", acotó. 

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