El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, autorizó el último miércoles el uso de un acta virtual con el objetivo de incluir en la agenda del pleno de este jueves el dictamen que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia.
La medida fue tomada a contrarreloj luego de que la referida agenda fuera publicada sin incluir el tema, y de que ningún vocero de las bancadas aborde la norma en la última Junta de Portavoces.
Para que el dictamen ingrese a la agenda, el acta debe ser firmada por los voceros de las bancadas parlamentarias que en conjunto representen a, por lo menos, 63 congresistas.
De acuerdo con una imagen difundida por el propio Salhuana, hasta anoche solo se contaba con las firmas de los voceros de Acción Popular (9), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (8), Bancada Socialista (5) y Bloque Democrático Popular (5). Esos bloques suman apenas 27 votos.
No obstante, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirmó anoche a El Comercio que firmará el acta virtual. Su bancada está compuesta por 11 congresistas.
En tanto, fuentes de este Diario indicaron que el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, también ha confirmado su respaldo a la iniciativa de Salhuana, quien es su colega de bancada.
Aunque hasta el cierre de esta edición Soto no nos respondió para confirmar o negar su firma, las fuentes señalaron que existe el compromiso, y con ello se sumarán 14 votos. Horas antes, Soto dijo desconocer por qué el tema no se abordó en la última Junta de Portavoces.
Con las firmas de Renovación Popular y APP se alcanzarán 52 votos; es decir, faltarán 11. En la última Junta de Portavoces, ningún vocero abordó el tema.
Hasta el momento, no se cuentan con las firmas de los portavoces de Fuerza Popular (21), Podemos Perú (14), Perú Libre (11), Bloque Magisterial (8), Avanza País (7), Somos Perú (7) y Honor y Democracia (5).
El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, ya se ha pronunciado en contra de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Compromiso
Salhuana prometió en más de una ocasión que el dictamen sería priorizado. Se trata de uno que recomienda la insistencia en la promulgación de una autógrafa que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Este rechaza las observaciones presentadas por el Ejecutivo en enero pasado.
En declaraciones a la prensa, en enero y febrero, durante el receso parlamentario, Salhuana aseguró que la restitución de la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia se debatiría en la primera sesión plenaria del 2025.
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Las veces que Salhuana se comprometió a abordar la detención preliminar:
“Voluntad del Congreso es que norma sobre detención preliminar sea aprobada pronto”,
15 de enero, días antes de que la Comisión de Justicia aprobara la insistencia.
“Corresponde que la insistencia por la restitución de la ley de detención preliminar sea debatida en el Pleno del Parlamento, no en la Comisión Permanente [...] (Existe) plena voluntad de que este tema se corrija”.
6 de febrero, en declaraciones a la prensa.
“Yo asumo mi compromiso, que uno de los primeros temas que vamos a ver la primera sesión de marzo, va a ser restituir la detención preliminar”.
21 de febrero, en declaraciones a la prensa.
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El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que se percibe un choque entre la voluntad de las bancadas más grandes y el presidente del Congreso.
Rospigliosi estimó que Salhuana está preocupado por el bajo nivel de aprobación que tiene el Congreso, por lo que está buscando la manera de mejorar la imagen de la institución, pero ya le quedan pocos meses en el cargo y, por ello, empieza a tener menos capacidad de influencia.
El recorrido del dictamen
La restitución de la detención preliminar fue aprobada por la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, casi dos meses después de haber sido eliminada por el Congreso.
El pasado 5 de febrero, el titular del grupo de trabajo, Isaac Mita, propuso debatir las observaciones del Poder Ejecutivo, que planteaba dejar fuera del alcance de la medida a 88 delitos, varios de ellos relacionados con corrupción y crimen organizado.
No obstante, ese día, durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) planteó una cuestión previa para que descarte la iniciativa del gobierno y se priorice la insistencia. Esta fue aprobado por mayoría.
La detención preliminar en casos de no flagrancia fue eliminada el 11 de diciembre del 2024, con la promulgación de la Ley 32181. Esta figura era clave para la lucha contra el crimen organizado y fue un elemento fundamental en casos como “Los Waikys en la sombra”, Puente Tarata, Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros.
Tras la ola de críticas, el Parlamento retrocedió y envió al Ejecutivo la autógrafa de ley para restablecer la medida, pero, en lugar de promulgar la norma, el Gobierno la observó y el Congreso recién aprobó la insistencia varios días después.
Así, desde diciembre, no se puede detener preliminarmente a vinculados a casos de corrupción, organizaciones criminales e implicados en otros delitos que no hayan sido encontrados en flagrancia.
Entre los beneficiados por esta situación está el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, investigado por el Caso Qaliwarma.
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Piden que se priorice
Antes de conocerse la medida de Salhuana, congresistas de siete bancadas pidieron que se priorice el tema de la detención preliminar. No obstante, algunos no lograron explicar por qué sus voceros no lo solicitaron en la última Junta de Portavoces.
El parlamentario Wilson Soto (Acción Popular) consideró que la Junta de Portavoces debió priorizar el debate, sobre todo tomando en cuenta las declaraciones que había brindado Salhuana días atrás.
“Así como se aprobó el dictamen en la Comisión de Justicia, lo ideal era que se debata en el primer pleno. Me causa extrañeza que no se haya incluido”, aseveró.
Adelantó que la postura de la bancada es a favor de la insistencia.
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En tanto, el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) expresó que es importante debatir el tema. Indicó que desconoce por qué el portavoz de su bancada, Jorge Montoya, y los demás voceros no solicitaron la priorización.
Por su parte, Norma Yarrow, integrante de Renovación Popular, bancada que promovió la insistencia en la Comisión de Justicia, opinó que la figura debe restablecerse pronto. Agregó que detrás de la decisión de la Junta de Portavoces estarían APP, Fuerza Popular y Perú Libre.
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La legisladora Nieves Limachi (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) recordó que su bancada solicitó un pleno extraordinario para que se aborde la norma, pero que se hizo “caso omiso” de su pedido.
La congresista Silvana Robles indicó: “La detención preliminar debe restituirse de inmediato. Todos hemos sido testigos de cómo la labor fiscal se ha visto gravemente debilitada por esta ley, impulsada por un sector del Congreso en contubernio con la presidenta, con el único objetivo de boicotear las investigaciones en curso”.
“Lo más grave es que la población es la principal perjudicada [...] Es inaceptable que el presidente del Congreso no cumpla su palabra y siga postergando este tema en la agenda del pleno”, añadió.
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De otro lado, Flavio Cruz (Perú Libre) remarcó su postura en contra de la restitución de la detención preliminar. “Nosotros votamos en contra por considerarla abusiva en su uso en contra del pueblo, porque no se usa para los ricos o poderosos del país”, dijo.
En tanto, Guido Bellido (Podemos Perú) dijo que son los voceros de las bancadas que impulsan las normas los que deben solicitar la priorización.
Ningún parlamentario de Fuerza Popular respondió a nuestros intentos de comunicación.
Críticas
Antes de conocerse la iniciativa de Salhuana, los exviceministros Ricardo Valdés (Interior) y Gilmar Andía (Justicia) cuestionaron que el tema no se aborde en la primera sesión plenaria del año.
Para Valdés, en el Parlamento hace falta sentido de urgencia en un momento en el que la lucha contra el crimen y la inseguridad son los principales temas de preocupación de la ciudadanía.
“No poner esto al debate de manera inmediata es decir a los ciudadanos: ‘Tus problemas no me importan’”, señaló el exviceministro.
“Cada día que pase sin que esto se defina en el Congreso, es cada día que estamos en la imposibilidad de detener a los delincuentes que han cometido actos horribles y crímenes como asesinatos”, subrayó Valdez.
Finalmente, consideró que la postura de la mayoría parlamentaria deja clara la vinculación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Agregó que no se debe perder de vista que hay personas investigadas en la gestión de Dina Boluarte.
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Por su parte, Andía señaló que, de no priorizarse la restitución, el Perú se mantendrá como uno de los pocos países en el mundo en el que no existe la detención sin flagrancia en investigaciones preliminares.
Añadió que, actualmente, los criminales que cometen delitos graves como violación, robos, secuestros, asesinatos, sicariato se encuentran sin la posibilidad de aplicar la detención preliminar si no son detenidos en flagrancia. “Y no estoy hablando de delitos de corrupción, que es lo que le preocupa al Congreso de la República”, afirmó.
El exviceministro de Justicia opinó que los parlamentarios “todo lo trabajan hacia el mensaje mediático” porque se indignan ante las cámaras, pero legislan a favor de intereses particulares.
“No les interesa hacer un cambio. La situación del país es que tenemos más de 300 asesinatos a la fecha; estamos hablando de que al Congreso no le interesa y al Ejecutivo tampoco”, sentenció.
