Logros y tareas pendientes en la agenda de género desde la política: la mirada de cuatro ministras de la Mujer

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer (2019 - actualidad)

¿Cuáles diría que son tres grandes hitos de políticas públicas en el camino hacia la equidad de género en las últimas décadas?

1. La Política Nacional de Igualdad de Género. Por primera vez en el Perú, y por decisión del gobierno de Martín Vizcarra, contamos con una política nacional que no solo visibiliza la discriminación estructural que sufren las mujeres y niñas, sino que compromete a todo el Estado, a todos los poderes y entidades públicas de todo el territorio nacional, a adoptar medidas específicas para hacer frente a este problema.

2. El Plan de Acción Conjunto. Desde el inicio, este gobierno sentó posición frente al terrible flagelo de la violencia hacia las mujeres, que no es sino una violencia que encuentra sus raíces en profundas creencias y construcciones culturales que asignan a la mujer un papel subordinado frente al hombre, es decir, violencia basada en género.

Por ello, en el 2018 creó una Comisión de Emergencia, a la que se dotó de recursos presupuestales (aproximadamente 445 millones de soles), lo que permitió la adopción de un Plan de Acción Conjunto, que viene siendo aplicado desde el 2019 por los ministerios de la Mujer, Educación, Salud, Cultura, Trabajo, Inclusión Social e, Interior. También está siendo ejecutado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.

A través de este Plan, se vienen adoptando medidas específicas para erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Como ya hemos señalado, un problema tan grande y con raíces tan profundas no podrá ser erradicado de manera inmediata, pero, hay que iniciar ese camino y lo estamos haciendo desde tres frentes: la prevención de la violencia, la atención de las víctimas y la reparación de derechos.

3. El Sistema Nacional Especializado de Justicia. También es en este Gobierno que, mediante decreto legislativo 1368, se creó un Sistema Especializado de Justicia para las mujeres víctimas de violencia, cuyo objetivo es la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, se asignó un presupuesto específico para la creación de juzgados y fiscalías especializadas.

¿Cuál debería ser el hito de los próximos años en ese sentido?

El hito de los próximos años es el Programa Presupuestal orientado a resultados. Este Programa constituye una estrategia de gestión pública que permitirá vincular la asignación de recursos presupuestales a servicios concretos que busquen resultados positivos a favor de la población objetivo.

En el caso del Programa Presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer, al ser de carácter multisectorial, permitirá interconectar las distintas intervenciones de las entidades involucradas, al igual que su presupuesto, a fin de actuar de manera articulada, formando parte de una actuación multisectorial y con una focalización de las zonas en donde se interviene. Permitirá, además, visualizar acciones y objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como las relaciones entre estos objetivos.

Tenemos que ser capaces de revisar nuestro accionar, revisar y mejorar nuestras estrategias, de incorporar las modificaciones que sean necesarias, de evaluar nuestro desempeño a la luz de los cambios que podamos, o no, obtener en esta inhumana realidad de la violencia y la desigualdad de género.

¿Tiene alguna autocrítica sobre su gestión en el Ministerio de la Mujer?

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a pesar de los esfuerzos que estamos desarrollando, tenemos aún muchas metas por cumplir y nuestro principal rol es el de articular no solo a los sectores del Estado, sino también a la sociedad civil y las empresas privadas. Es cierto que nuestro país tiene un aparato estatal no siempre eficiente, no siempre eficaz, no siempre transparente. Indudablemente, esto afecta la implementación de estrategias y actividades articuladas en el gobierno central y con los gobiernos regionales y locales. Ante esta realidad, hemos iniciado en el Ministerio la revisión de nuestra estructura organizacional, a fin de hacerla más adecuada a los diferentes contextos y realidades a los cuales debemos responder con mayor oportunidad sobre todo en las zonas más alejadas del país.

Ana María Romero-Lozada, exministra de la Mujer (2016-2017, 2003-2006 y 2002-2003)

¿Cuáles diría que son 3 grandes hitos de políticas públicas en el camino hacia la equidad de género en las últimas décadas?

1. La Política 11 del Acuerdo Nacional (Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación), publicada en julio de 2002, apunta en su acápite 'c' que “fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género”. Esta política compromete al Estado y todas sus fuerzas políticas a promover la igualdad y reconoce las grandes brechas de desigualdad y discriminación existentes en nuestra sociedad.

2. La inclusión de género en la Rectoría del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), en cuyo nuevo Reglamento de Organización de Funciones, de enero del 2005, delega en el despacho viceministerial de la mujer el cumplimiento de las políticas y normas institucionales que promueven la igualdad de oportunidades, es decir, la equidad de género.

3. La creación de Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Comisarías, donde la presunta víctima de violencia o cualquier ciudadano recibe la atención integral del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y, en algunos casos, del Ministerio Público, a través del Médico Legista y durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Estos CEM forman parte de la estrategia del Círculo de Protección de la Mujer lanzado en el 2016.

¿Cuál debería ser el hito de los próximos años en ese sentido?

Indudablemente, la paridad y alternancia en la representación política de más alto nivel, es decir, en los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, y judicial.

¿Tiene alguna autocrítica sobre su gestión en el Ministerio de la Mujer?

En aplicación de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se conformó la comisión de Alto Nivel, con la participación de cuatro ministros, el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación. Esta comisión se instaló, pero nunca se reunió. Meses más tarde y en medio de una coyuntura política, se crearon dos comisiones de Alto Nivel más, pero tampoco funcionaron. Urge contar con mecanismos interinstitucionales más fluidos, con dos o tres metas precisas, realizables y medibles.

Asimismo, nos quedamos a medio camino para integrar los siete planes nacionales del sector en solo dos. Uno de ellos, el Plan Nacional de Igualdad de Género -que sería transversal a todos los sectores, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales- “se quedó en el tintero”.

Marcela Huaita, exministra de la Mujer (2015- 2016)

¿Cuáles diría que son 3 grandes hitos de políticas públicas en el camino hacia la equidad de género en las últimas décadas?

1. La obligación de “promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las instituciones, públicas y privadas, políticas, planes, programas y proyectos del Estado”, establecida en el artículo 5, inciso 'a' del decreto legislativo 1098, como una de las competencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su Ley de Organización y Funciones, ha permitido incorporar el enfoque de género como una responsabilidad de todas las instituciones en los distintos niveles del Estado.

Ello se plasma, por ejemplo, en la exigencia que se hace a todas las entidades públicas de constituir mecanismos para la igualdad de género, que tienen como responsabilidad –entre otras– monitorear e informar sobre la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de género. Este esfuerzo de alineación e implementación de las políticas relacionadas con la igualdad de género viene siendo cumplido por las diferentes instituciones públicas, produciendo una serie de cambios al interior del Estado que, sin duda, permitirán una mejor integración de mujeres y hombres.

2. La Política Nacional de Igualdad de Género, que aborda la discriminación estructural contra las mujeres como problema público. Reconocer que la discriminación estructural contra las mujeres tiene en su base un conjunto de patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino y que refuerzan la asignación desigual de roles es un punto de partida crucial para lograr verdaderos cambios en nuestra sociedad.

El esfuerzo de esta política, establecida en el decreto supremo 008-2019-MIMP, que debe ser un referente nacional, permite una alineación vertical y horizontal con otras políticas públicas, lo que sin duda resulta fundamental, dado que los problemas identificados necesitan respuestas multisectoriales.

3. Programas presupuestales por resultado. La violencia contra la mujer se da en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Sin embargo, una de las que más afecta es la que se da en el ámbito familiar. Esta violencia es un problema de gran magnitud que requiere de la intervención del Estado para disminuirla. En este contexto, el Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar se implementó a partir del 2012, con el resultado específico de reducir la violencia familiar contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, y otros miembros de la familia, ejercida por personas que viven con ellos en el hogar.

Es este programa presupuestal el que permitió la expansión, en los últimos años, de los servicios estatales de lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar.

¿Cuál debería ser el hito de los próximos años en ese sentido?

Lograr sistemas de cuidado y responsabilidades familiares compartidas por hombres y mujeres. La distribución desigual del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado en nuestra sociedad tienen como consecuencia que las mujeres afronten más dificultades para acceder a educación, oportunidades de empleo, puestos de toma de decisiones, participación política y emprendimientos personales. Por ello, se requiere un apoyo efectivo del Estado para erradicar prácticas que históricamente han confinado a las mujeres al espacio doméstico y al cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, etc.

El reto, entonces, es un cambio sustancial en la división sexual del trabajo, que debe estar acompañado de la creación de programas y servicios estratégicos dirigidos al cuidado de personas dependientes. Ello para permitir una mayor inclusión económica de las mujeres, así como una participación más balanceada de mujeres y hombres tanto en la esfera pública como en la privada.

¿Tiene alguna autocrítica sobre su gestión en el Ministerio de la Mujer?

Me gustaría haber podido acreditar a los Centros de Acogida Residencial (CAR) o haber estructurado el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PCVFS) para una mejor coordinación local. Siempre los esfuerzos se quedan cortos, pero creo que es muy importante invertir en sistematizar y evaluar las intervenciones que se hacen, pues permiten importantes aprendizajes.

Nidia Vílchez, exministra de la Mujer (2009-2010)

¿Cuáles diría que son 3 grandes hitos de políticas públicas en el camino hacia la equidad de género en las últimas décadas?

1. La promulgación de la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en marzo del 2007. Esta tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los tres niveles de gobierno, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía. Ello para impedir la discriminación en todas las esferas de su vida.

2. La aprobación del decreto supremo 008-2019-MIMP, en abril del 2019. Esta norma aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

3. La promulgación de la ley 30998, que modificó la Ley de Organizaciones Políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas mediante la alternancia y paridad.

¿Cuál debería ser el hito de los próximos años en ese sentido?

Sensibilizar a la sociedad civil y, especialmente, a las mujeres, sobre la importancia de participar en política. La política es un terreno movedizo para muchas mujeres. He tenido la oportunidad de tocar muchas puertas buscando lideresas de organizaciones sociales, mujeres destacadas, mujeres intelectuales, empresarias, etc., en varios procesos electorales. Muchas de ellas temen ingresar al terreno político. Las que participaron y tuvieron alguna experiencia de acoso político y no pudieron ser atendidas con prontitud y efectividad, no quieren saber nada de la política. Existe un trabajo pendiente en la erradicación del acoso político.

¿Tiene alguna una autocrítica sobre tu gestión en el Ministerio de la Mujer?

Once años después, considero que debimos afianzar más el trabajo en la implementación de la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. En mi condición de Congresista de la República (2006-2011), tuve la oportunidad de participar en el debate y, por supuesto, en su promulgación, pues esta se llevó a cabo en Palacio de Gobierno como gesto de prioridad en la Gestión Publica en el período de gobierno del presidente Alan García.

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