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El diablo está en los detalles, por María Alejandra Campos

No queda otra que estar atentos a los detalles, porque de estos depende el desenlace de este capítulo de la trama de corruptela en la que está inmersa el país

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Según la encuesta de agosto de El Comercio-Ipsos, dos de cada tres peruanos están informados acerca de los audios difundidos por la prensa. (Foto: USI)

Han pasado 61 días desde que IDL-Reporteros reveló el primer informe sobre la corrupción en el sistema de justicia, caso popularmente conocido como los ‘CNM-audios’. Las consecuencias de esa investigación han devenido en denuncias a diez altos funcionarios de la fiscalía, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y un congresista. Sin embargo, debido a los cargos que ejercen (o ejercían) los personajes en cuestión, estos no pueden ser juzgados hasta que el Congreso les levante el antejuicio.

La instancia encargada de evaluar este pedido es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un espacio poco conocido por la opinión pública, pero de la cual depende la procedencia de las acusaciones a cargos públicos protegidos por esta disposición constitucional. De los diez involucrados en el caso de los ‘CNM-audios’, ocho ya cuentan con acusaciones en dicha subcomisión.

Existen dos puntos de este proceso que son particularmente importantes pero sumamente específicos, por lo que vale la pena estar doblemente atentos a su desarrollo.

El primero es el de los plazos. Un caso de corrupción de esta magnitud requiere de la mayor celeridad posible. Sin embargo, el récord de la subcomisión no es auspicioso. Como reveló la Unidad de Análisis Político de este Diario, de las 244 denuncias presentadas desde que se inició este período parlamentario, solo una llegó a votarse en el pleno. Lo que es peor, el 64% aún no cuenta con informe final y el resto se archivó.

El proceso para levantar el antejuicio incluye seis etapas, desde la presentación de la denuncia hasta su aprobación en el pleno. El problema es que el reglamento del Congreso no especifica los plazos legales para tres de ellas. Un riesgo entonces es que la falta de voluntad política tome como excusa estos vacíos y extienda innecesariamente la conclusión de las investigaciones.

El segundo punto es el de los parámetros del antejuicio. Una de las novedades introducidas en la Constitución de 1993 fue “que la denuncia fiscal no podía agregar o reducir los términos de la acusación del Congreso. Es decir, el Parlamento, además de investigar y calificar los delitos para ver si hay o no sustento para procesar, decide dentro de qué parámetros hacerlo”, explicaba otro informe publicado en este Diario. Por ende, no basta con que la subcomisión sea célere en derivar las acusaciones a la Comisión Permanente, sino que va a ser de vital importancia revisar la letra pequeña de los informes que las sustenten, para tener claro hasta dónde podrán ser juzgados los acusados.

Según la encuesta de agosto de El Comercio-Ipsos, dos de cada tres peruanos están informados acerca de los audios difundidos por la prensa. Mucho menor debe ser la proporción informada respecto a todos los involucrados en el escándalo y sin duda es nimio el porcentaje que conoce acerca del proceso que debe seguir el Congreso para que se pueda castigar a los responsables. Pero no queda otra que estar atentos a los detalles, porque de estos depende el desenlace de este capítulo de la trama de corruptela en la que está inmersa el país.

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