Dificultades de aprendizaje, la columna de Jaime de Althaus

Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido nada. Es cierto que el artículo 99 de la Constitución faculta a la Comisión Permanente del Congreso a acusar a los vocales y fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional y otros “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”. Pero no está entre las atribuciones del fiscal de la Nación ordenar la investigación a empresas ni a particulares sino solo a jueces, otros fiscales y a funcionarios del Estado en ciertas situaciones (artículo 66 de la ley del MP). De modo que la denuncia no le toca. Si se aprobara y fuera acusado y destituido como se pretende, se habría cometido un atropello digno de los años 90, atentando severamente contra la división de poderes.

Por lo demás, el fiscal Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo de Hamilton Castro, ha informado con toda claridad que las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht sí son investigadas y que se está “corroborando” la declaración hecha por Barata, como no podría ser de otro modo. Ni siquiera sería verdad la materia de la acusación, entonces.

Podemos suponer que la denuncia al fiscal de la Nación es una represalia por la investigación abierta a Keiko Fujimori y a su partido como organización criminal para el lavado de activos. Pues también es cierto que esa decisión fiscal es un exceso. Es un facilismo de la fiscalía para poder investigar hasta por 36 meses a Keiko Fujimori antes de acusarla, y para obtener de manera más rápida medidas cautelares como embargos o levantamiento del secreto bancario, etc. Hay una falta absoluta de comprensión de las implicancias en la política nacional de una decisión como esa, que podría ser interpretada precisamente más bien como politizada. Es decir, como una decisión contra ella como candidata.

Pero desde el otro lado, la acusación al fiscal Pablo Sánchez también puede ser leída como un amedrentamiento para que no se investigue con profundidad todo lo relativo a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. Lo peor es que esta arbitraria denuncia al fiscal, sumada a la inaceptable denuncia constitucional contra Carlos Basombrío por el pase al retiro de 39 generales, contamina una denuncia constitucional que sí es procedente y que más bien Fuerza Popular se resistió hasta el final a procesarla: aquella contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que suplantaron el voto del magistrado Vergara Gotelli para anular un hábeas corpus dado por el TC a favor de los marinos por el caso El Frontón. Allí se habría cometido cuando menos el delito de abuso de autoridad, lo que basta para la acusación constitucional, pero el hecho es mucho más grave porque entraña el cambio del voto de un ex magistrado que ya no puede defenderse por razones de salud, para violar la cosa juzgada. Si algo así ocurre en el más alto tribunal de la República, es que ya nada tiene remedio.

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