Los dineros que se robaron en el Vraem eran públicos, y las víctimas en el caso de las ejecuciones extrajudiciales eran civiles. (Foto: Archivo El Comercio)
Los dineros que se robaron en el Vraem eran públicos, y las víctimas en el caso de las ejecuciones extrajudiciales eran civiles. (Foto: Archivo El Comercio)
Cecilia Valenzuela

Con estupor, los ciudadanos nos enteramos de que el Ejecutivo, desde la PCM, le ha negado a las fiscalías especializadas en anticorrupción y crimen organizado el acceso a la información militar y policial que ambas le solicitaron para resolver el caso de los pagos a los colaboradores fantasma en el , y el de las ejecuciones extrajudiciales por parte de un escuadrón de policías liderados por el comandante Prado Ravines.

Las trémulas manos de los ministros Jorge Nieto y Carlos Basombrío han resultado insuficientes para sostener la palabra de Fernando Zavala: el Gobierno se comprometió a luchar contra la corrupción y la impunidad que lacera nuestra sociedad. Negarle a la fiscalía el acceso a esa información es violar ese compromiso.

Amparados en el “secreto de Estado”, los ministros de la Presidencia, Defensa e Interior, se hacen los locos y evitan enfrentar el problema real: los actuales mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son los mismos que dejó el cada vez más cuestionado gobierno de Ollanta Humala, se resisten a que la autoridad civil los investigue. Los fiscales no han descartado la posibilidad de que la responsabilidad alcance a esos mandos. ¿Ese es el secreto que tiene que guardar el Estado? ¿Para eso tenemos ministros civiles?

Los dineros que se robaron en el Vraem eran públicos, y las víctimas en el caso de las ejecuciones extrajudiciales eran civiles, por lo tanto el fuero militar policial no es el competente para realizar esas investigaciones. ¿El Gobierno va a permitir que quienes festinaron presupuestos públicos bajo el amparo político, y cobraron vidas en su aventura, terminen protegidos?

El sello de “secreto de Estado” a todo lo que a Humala le convenía tapar, las compras “de gobierno a gobierno” realizadas a gobiernos amigos fueron parte de las taras que el nacionalismo en su versión Humala Heredia resucitó en nuestro país para terminar ahondando, aún más, la corrupción que ya empezaba a volverse endémica en el Perú.

A los casos que ahora, desgraciadamente, involucran a la PCM de Fernando Zavala, se sumará el que investiga la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de la fiscal Nora Córdova, por la compra de 800 patrulleros Hyundai Santa Fe al Gobierno de Corea del Sur en el 2012.

Una compra por más de 28 millones de dólares que se realizó incumpliendo las normas internas y cuya negociación, proveedor, marca y modelo de vehículo se establecieron sin esperar los requerimientos de la policía peruana ni la oferta de otros proveedores u otros gobiernos. El 15 de setiembre del 2011 la decisión de comprarle a Corea, el país donde Humala había vivido su último año de agregado militar, ya estaba tomada. Tal como lo ha establecido la fiscalía que investiga a los funcionarios corruptos, el 22 de setiembre del 2011, aprovechando que coincidieron en la edición 68 de la Asamblea General de la ONU, Humala le dijo al entonces presidente coreano Lee Myung Back que el Perú le compraría mil patrulleros inteligentes a su país.

Ahora, la fiscalía busca y no encuentra el destino al que fueron a parar 2 de los 28,5 millones de dólares que la administración Humala Heredia gastó en esta adquisición, y nadie responde por qué se compraron vehículos que fueron convertidos en patrulleros para su venta con la consecuente falta de garantía para su funcionamiento.

Mañana, Wilfredo Pedraza, el ex ministro que recibió los patrulleros coreanos, comparecerá ante la fiscal Córdova. El viernes hará lo mismo el ex presidente Ollanta Humala. Eso, sin embargo, no cambiará el hecho de que muchos de esos vehículos se encuentren ahora inoperativos porque en el Perú no hay repuestos para repararlos.

Pero no menos vergonzoso resulta saber que el actual contralor general de la República, Edgar Alarcón, importa y vende autos sin pagar impuestos; mientras compra, lotiza y vende terrenos en Arequipa y en las playas del sur de Lima; y que prosperó en su negocio inmobiliario porque estuvo asociado a su predecesor, el ex contralor Fuad Khoury.

Y que el Congreso, o más bien su mayoría fujimorista, estaría dispuesto a cubrirle la espalda y permitirle, por intereses políticos, en desmedro de la imagen de rectitud que debería proyectar la contraloría, que se mantenga en el cargo.

La corrupción se impone. ¿Para qué elegimos autoridades?

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