Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presuntos aportes ilícitos a su campaña ¿De qué trata el caso y qué se halló?

Los hechos están vinculados a la indagación abierta en enero del 2023, por la presunta recepción de aportes ilícitos a su campaña como vicepresidenta de la plancha presidencial que lideró el vacado Pedro Castillo por Perú Libre (PL).

La decisión dispone que el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Ángel Astocóndor, concluya las diligencias preliminares y emita la decisión que corresponda. Esto es, si archiva el caso o formaliza la investigación preparatoria.

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La orden judicial fue emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a cargo del juez Fernando Valdez, al declarar fundado el recurso de control de Plazo de la investigación preliminar presentado por Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra.

Las pesquisas contra Boluarte Zegarra y más de veinte personas se iniciaron el 19 de enero de 2023 por un plazo de ocho meses. Posteriormente, tuvo tres ampliaciones entre octubre del 2023 y diciembre del 2024, por un total de 28 meses adicionales.

De acuerdo a la imputación fiscal, los presuntos hechos delictivos se habrían producido con miras a la campaña electoral de Perú Libre en el 2021.

Por ello, el fiscal Ángel Astocóndor investiga un período comprendido entre la etapa preelectoral hasta el 10 de setiembre del 2021; incluyendo hasta el momento a 35 personas investigadas, entre ellas a Boluarte Zegarra.

“Se ha requerido de múltiples diligencias y el 27 de diciembre del 2024 se programó un total de 103 declaraciones testimoniales. Respecto a la imputación por el presunto delito de lavado de activos contra la investigada Dina Boluarte se identificó a 70 personas que realizaron abonos a la cuenta mancomunada de ella, respecto de los cuales se ha venido recabando 34 a la fecha.”

Ángel Astocóndor, fiscal para casos de lavado de activos.

Los aportes se habrían dado a través de diversos personajes afiliados a PL, así como de empresarios que habrían entregado dinero y otros beneficios a Boluarte Zegarra para apoyar su campaña.

Según la fiscalía, la actual mandataria y exvicepresidenta habría recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios, a fin de financiar sus gastos personales o de campaña.

Como se recuerda, en ese momento se destapó la maquinaria con la que Boluarte habría buscado financiar su campaña a la vicepresidencia con PL. En el escenario apareció su exasistente Maritza Sánchez, quien señaló la existencia de registros que se realizaban sobre la entrega de dinero y además entregó documentación bancaria a la fiscalía.

Sánchez reveló también que uno de los principales benefactores de Boluarte Zegarra, sobre todo durante la segunda vuelta electoral, fue Henry Shimabukuro quien posteriormente se convirtió en asesor de Castillo Terrones cuando ejerció la presidencia.

De acuerdo a una versión que Sánchez dio al programa Cuarto Poder en el 2023, Shimabukuro habría entregado cerca de S/800 mil a la campaña de la entonces candidata vicepresidencial.

En ese momento, la profesora también entregó a este Diario diversos documentos sobre pagos de hospedaje, banderolas y logística de campaña, así como chats de WhatsApp de la conversaciones que sostuvo con Shimabukuro y Boluarte, respecto del gasto del dinero que el primero entregaba.

En este caso, como se recuerda, también se encuentra investigado Pedro Castillo, por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal.

Y, recientemente, se había ampliado la investigación contra Boluarte Zegarra por un nuevo hecho vinculado al aporte de S/150.000 que se habría efectuado en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, por parte del empresario Eduvigis Beltrán Salinas.

Boluarte Zegarra también es investigada desde el 2021 en otro caso, por el presunto delito de lavado de activos, donde presuntamente se habría buscado financiamiento para el pago de la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

Esta semana, la defensa de Boluarte Zegarra requirió al juzgado que se concluya con la etapa de investigación preliminar, puesto que la primero ampliación de octubre del 2023, se realizó fuera de plazo.

Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, adujo que la fiscalía inició las diligencias el 19 de enero del 2023 y por el plazo de ocho meses, el mismo que venció el 16 de setiembre del 2023.

Pese a ello, adujo, la fiscalía emitió una primera ampliación del plazo el 3 de octubre de 2023, cuando el plazo ya se había vencido por 17 días. Es decir, fue una ampliación extemporánea.

Luego de ello, se produjeron dos ampliaciones más por ocho y 12 meses adicionales.

“No nos oponemos a que el Ministerio Público investigue, pero eso no significa prórrogas desmedidas, ampliaciones en el tiempo, pero principalmente que  si se van a dar herramientas al Ministerio Público para que se investigue, debe hacerse en respeto a la legalidad. Y para terminar, las ampliaciones no se han dado en respeto a la legalidad, sobre todo una de ellas, ha sido expuesta 17 días después.”

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte.

En esa línea, solicitó que se declare fundado su pedido y que la fiscalía continúe su trabajo, pero ya con una formalización de la investigación preparatoria; aunque consideraba que el caso debía archivarse.

A su turno, el fiscal Ángel Astocóndor había solicitado que se declare infundado el control de plazo solicitado por la defensa de Boluarte Zegarra, al resaltar que se trata de una “investigación por el delito de lavado de activos, financiamiento ilegal de partidos políticos, organización criminal y otros”, lo que lo hace un caso difícil.

Además, precisó que para la modalidad de actos de investigación complejos se estableció el plazo de máximo de las diligencias preliminares de 36 meses; y por tanto, el presente caso recién vencía en enero del 2026.

“Debemos indicar que, desde la apertura (inicio de la investigación) se ha mantenido la tesis de que los investigados serían integrantes de una organización criminal y que los delitos materia de investigación corresponden a ilícitos de lavado de activos agravado y financiamiento prohibido de organizaciones políticas”, señaló el fiscal.

El fiscal señaló por tanto que aún estaban pendientes de realizar diversas diligencias, teniendo en cuenta que recientemente habían ampliado la investigación contra Boluarte por presuntos aportes del empresario Eduvigis Beltrán.

Luego de analizar el caso, el juez Valdez Pimentel consideró que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, debía acoger el pedido de la defensa de Boluarte Zegarra.

Ello, explicó, porque dicha doctrina ya estableció que “la ampliación de las diligencias preliminares debe disponerse antes del vencimiento del plazo primigenio” y por ende, en caso de no hacerlo, lo que corresponde como efecto, es “la conclusión de la investigación preliminar”.

Por tanto, consideró que el plazo de la investigación había vencido el 16 de setiembre del 2023 cuando se cumplieron los primeros ocho meses de iniciada las pesquisas. Ello, debido a que la primera ampliación se dio cuando ya había vencido dicho plazo.

“El plazo primigenio venció el 16 de setiembre de 2023, por ende, a la fecha de hoy, han transcurrido aproximadamente un año y once meses — incluso at portas de concluir los tres años [en enero de 2026] — tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público, realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, el control de plazo debe declararse fundado.”

Lolo Valdez, juez de investigación preparatoria

No obstante, el magistrado precisó también que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la infracción en la que se incurrió -es decir haber ampliado el plazo de la investigación extemporáneamente- no conlleva a la caducidad o nulidad de los actos posteriores realizados luego del vencimiento del plazo.

“En consecuencia, todos los actos procesales realizados por la fiscalía posteriores al 16 de setiembre de 2023, mantienen su plena validez”, ordenó.