Dina Boluarte y la fiscalía: ¿El Congreso puede o no dar marcha atrás en su decisión de archivar el Caso Rolex?

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Como se recuerda, el pasado viernes 23 de mayo, la Comisión Permanente envió al archivo la denuncia fiscal con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. El respaldo vino de Fuerza Popular, APP, Acción Popular y Somos Perú.

La fiscalía formuló la denuncia contra la mandataria, en mayo del 2024, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido relojes de alta gama y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

No obstante, la Comisión Permanente ratificó el informe final que señala que no procede la denuncia contra la presidenta porque solo puede ser acusada durante su mandato en los supuestos expresamente contemplados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos.

El Ministerio Público señaló que el trámite de la denuncia tuvo “graves vicios procesales” en el Parlamento y, por ello, solicitó la nulidad de todo el procedimiento.

Además, requirió que el proceso parlamentario se suspenda hasta que cese la inmunidad presidencial, a efectos de “garantizar una actuación ajustada a derecho”.

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Para la fiscalía, el argumento de que la mandataria solo puede ser investigada por hechos que se enmarcan en el artículo 117 de la Carta Magna, constituye una conclusión jurídicamente insostenible si se toma en cuenta que dicho proceso fue admitido, calificado, investigado y debatido por el propio Congreso, a través de sus órganos competentes, sin cuestionar desde un inicio la supuesta incompetencia constitucional.

“Se aplicó arbitrariamente el principio de legalidad: si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el trámite parlamentario debió suspenderse desde un inicio. Sin embargo, se sustanció todo el procedimiento y recién al final se invocó dicho artículo, generando un doble estándar”, subrayó el Ministerio Público.

Recordó que esta inconsistencia fue advertida oportunamente por el Ministerio Público en la sesión del 18 de marzo de 2025, sin que se resolviera dicho cuestionamiento.

Añadió, además, que se vulneró el debido procedimiento parlamentario, al no garantizar coherencia ni predictibilidad en las actuaciones, así como el principio de igualdad ante la ley, al tratar de manera desigual un caso que, por su naturaleza, debía haber sido suspendido, no tramitado.

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Bajo la lectura del Ministerio Público, la decisión de archivo carece de debida motivación, al centrarse únicamente en una interpretación restrictiva del artículo 117, sin analizar el fondo del caso ni considerar el interés público comprometido.

“Estos vicios contaminan de nulidad todo el procedimiento parlamentario desarrollado. Corresponde, por tanto, que este órgano reconsidere lo resuelto y declare la nulidad de lo actuado, disponiendo, en su caso, el diferimiento del procedimiento hasta que cese la inmunidad prevista en el artículo 117 de la Constitución, asegurando así la integridad del sistema democrático y el equilibrio entre los poderes del Estado”, argumentó.

Explicó que esta figura implica que el Poder Legislativo “no archiva ni desecha definitivamente la denuncia” sino que la suspende hasta que concluya el mandato presidencial y una vez que esto ocurra se retoma el procedimiento donde se quedó.

Advirtió que la decisión del Congreso impone una carga procesal innecesaria e injustificada al Ministerio Público.

Remarcó que el reglamento parlamentario dispone que una denuncia archivada en cualquier etapa no puede volver a ser presentada en el mismo periodo anual de sesiones, a menos que presente una prueba nueva.

Esta exigencia resulta “desproporcionada” para la fiscalía cuando el archivo no fue motivado en la insuficiencia de elementos probatorios, sino en una interpretación del artículo 117 que bien pudo haberse resuelto mediante un diferimiento de la acusación, en resguardo del interés público y la función persecutoria del delito que le corresponde al Estado a través del Ministerio Público, a efectos de evitar la impunidad.

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El exoficial mayor del Congreso José Cevasco y los constitucionalistas Natale Amprimo y Alejandro Rospigliosi señalaron que la decisión no podría revertirse debido a que eso no está establecido en la práctica parlamentaria.

Cevasco explicó que, una vez que se aprueba la dispensa del acta de la sesión, ya no hay oportunidad de que un parlamentario pida la reconsideración de la votación. “En la Comisión Permanente y en el pleno las reglas son las mismas”.

Además, indicó que si la mandataria ya fue notificada sobre la decisión “todo ya está consumado”.

Finalmente, el exoficial mayor del Congreso cuestionó el desconocimiento en derecho parlamentario del Ministerio Público.

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A su turno, Amprimo, subrayó que las reconsideraciones se hacen a pedido de los parlamentarios y no de terceros.

Advirtió que, si la Comisión Permanente aprobó la ejecución de lo acordado, ya ni siquiera sería necesaria la aprobación del acta.

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Rospigliosi brindó una respuesta similar. “Según la práctica parlamentaria, el Congreso no retrocederá”, señaló.

A su criterio, el Ministerio Público debería presentar una denuncia dentro de 14 meses, cuando concluya el mandato de Boluarte y haya un nuevo Parlamento.

Cabe señalar que el viernes 23 de mayo, bajo la dirección de Patricia Juárez, se solicitó la dispensa del trámite del acta para ejecutar lo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente. Al no haber oposición de ningún legislador, el acta fue aprobada.

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La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (APP), descartó que la decisión se vaya a reconsiderar. Argumentó que “no existe sustento constitucional” para reabrir el Caso Rolex.

En declaraciones a la prensa, la congresista de APP señaló que el Poder Legislativo ya tomó una decisión firme y legal con respaldo de todas las bancadas.

Acuña indicó que, hasta el momento, no ha llegado a la SAC ningún pedido formal por parte de la fiscalía. “No hay una norma constitucional que pida la nulidad. Es un caso que ya se archivó con los votos de todas las bancadas, así que es un tema ya cerrado”, indicó.

“No sé cuál es el propósito de la fiscalía de estar en estas intromisiones de lo que hacen los congresistas. Nosotros somos un poder independiente y esperamos que la fiscalía nos respete. Nosotros no nos metemos con la fiscalía ni con el Poder Judicial y tampoco pedimos que revisen sus decisiones”, dijo.

Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia, respondió a El Comercio que “no hay reconsideración para un caso cerrado”.

“La fiscalía no está cumpliendo su tarea. Como se ve, está efectuando una persecución política a la presidente. Empleando las armas de la nación de manera indebida”, acotó.

En tanto, Flavio Cruz, portavoz de Perú Libre, una de las bancadas que votó en contra de que se archive la denuncia, dijo: “Siendo parte el Ministerio Público correspondería atender dicho pedido, votaría a favor, esperemos que se tramite”

Este Diario buscó contactarse con parlamentarios de otras bancadas que votaron a favor de archivar la denuncia en la Comisión Permanente, pero al cierre de este informe optaron por guardar silencio.

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De otro lado, el ministro de Salud, César Vásquez, también de APP, cuestionó la decisión de la fiscalía y consideró que esta solicitud contribuye a la inestabilidad del Gobierno de Boluarte.

“El Congreso ya ha tomado una decisión y la fiscalía debe respetar la autonomía de poderes. No sé qué apuro tiene la fiscalía si sabe que estos casos se van a investigar al final de la gestión de la presidenta. Me parece que hay una intención de contribuir a la inestabilidad del gobierno”, dijo.

“Ellos saben, claramente, que estas investigaciones no se pueden hacer en estos momentos sino que tienen que hacerlo cuando termine el mandato presidencial. Es una clara manipulación política de estos temas”, puntualizó.

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