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La decisión se tomó con 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones [mirar recuadro]. No participaron en la votación los parlamentarios David Jiménez, Vivian Olivos (licencia), Héctor Ventura y Magally Santisteban. Todos ellos son integrantes de la bancada de Fuerza Popular.

El informe inicialmente recomendaba que se evalúe solo la suspensión temporal de la presidenta, pero - a solicitud del legislador Carlos Zeballos (Bloque Democrático)- se varió a solicitar la vacancia de la mandataria por incapacidad moral permanente.

Tras la votación, Burgos exigió al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, que se les otorgue las facultades de comisión investigadora, para seguir investigando este tema y la probable infracción constitucional que habría cometido la jefa del Estado.

“Boluarte Zegarra habría cometido omisión de funciones grave, por ser ella la primera funcionaria del Perú”, dijo.

Posteriormente, en diálogo con los medios de comunicación, Burgos afirmó que enviará el documento al Ministerio Público sin pasar por el pleno del Congreso, pues no cuentan con las facultades de comisión investigadora.

“Fiscalía nos ha pedido. Esto va ir al Ministerio Público, es uno de los acuerdos que se han tomado. Vamos a continuar indagando. Hoy el señor Alberto Otárola ha vuelto a señalar algunas cosas más [...] Por ejemplo, podemos incluir si el juez Juan Carlos Checkley le da la autorización al doctor Mario Cabani de revelar algunos detalles sobre la historia clínica”, expresó.

Además, explicó que, desde fines de enero, apunta a contar con estas facultades para profundizar la investigación sobre las supuestas contrataciones como intercambio de favores que se habrían dado en el marco de la cirugía.

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Entre los puntos más relevantes del documento, al que accedió El Comercio, se señala que la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra habría incurrido en múltiples faltas a la verdad, que en conjunto reflejan una conducta reiterativa, dolosa y encubridora.

“El cúmulo de estas mentiras, sumado a los actos de posible corrupción, represión desmedida y ocultamiento de la verdad, lo cual configuraría una clara situación de incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113.2 de la Constitución”.

En ese contexto, dice el texto, hay “una clara incapacidad” de la presidenta para continuar desempeñando el cargo “de manera íntegra y transparente”, por ello, conforme a lo establecido en la Constitución “resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente”.

Además, concluye que, conforme al análisis de los hechos, las diligencias preliminares realizadas y los informes de investigación periodística recientemente difundidos, se puede “afirmar con alto grado de certeza que la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se sometió a una intervención quirúrgica de rinoplastía y otros procedimientos faciales que, más allá de cualquier posible justificación funcional, revisten un carácter eminentemente estético”.

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El informe se sustenta en reportajes de medios de comunicación, como el semanario “Hildebrandt en sus trece”, documentos, declaraciones de especialistas y exfuncionarios invitados a la comisión, el audio de Patricia Muriano, entre otros.

De acuerdo con el documento, la intervención que se realizó Boluarte a fines de junio del 2023 no habría estado estrictamente relacionada con una necesidad médica impostergable.

La mandataria habría generado un período de incapacidad temporal de entre 2 a 12 días en el ejercicio de sus funciones. El sustento de esto, precisan, se revela del reporte operatorio difundido públicamente, por lo que se habría afectado la continuidad del mando y la toma de decisiones en la más alta magistratura del país.

Otra de las conclusiones del informe sostiene que se ha determinado de manera objetiva y veraz que la presidenta no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones presidenciales, derivada de las intervenciones quirúrgicas realizadas.

También establece que, conforme a la información contenida y analizada, se ha llegado a determinar que Boluarte habría permanecido internada en una clínica por un período de dos días y una mañana, sumando a ello los días de descanso médico (7 a 12 días) que habría requerido para la recuperación de este tipo de cirugías.

Todo ello, según el documento, evidenciaría “un abandono de cargo sin justificación constitucional”, al no haberse activado el mecanismo de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, lo cual configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú.

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El documento resalta la necesidad de esclarecer el impacto real de dichos procedimientos quirúrgicos en el desempeño normal de las responsabilidades gubernamentales de la presidenta de la República mediante una comisión con facultades de investigación.

De otro lado, recomienda remitir copias del informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, pide que se modifique el reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización cuente de manera permanente con facultades de investigación sobre asuntos de interés público y no tenga que pedirlas al pleno.

Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización solicitó a fines de enero que se le otorguen facultades de comisión investigadora por este caso y recién en marzo el Consejo Directivo dispuso que el tema pase a orden del día. Sin embargo, la moción no ha sido debatida hasta el momento.

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi consideraron que sí correspondería que el informe sea remitido a la Junta de Portavoces para que determine si lo pone en la agenda del pleno.

Sin embargo, Rospigliosi estimó que, así como pasó con la moción sobre las facultades investigadoras, el tema será prolongado y, aunque lo pongan en la agenda del pleno, es probable que permanezca ahí hasta que termine el mandato de este Parlamento.

Indicó, además, que otra opción sería que un parlamentario recoja los argumentos de este informe para elaborar una moción de vacancia. Sin embargo, consideraron que ello requiere voluntad política.

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Cevasco dijo, por su parte, que una vez que el documento se eleve al pleno deberá debatirse si aprueban o no las conclusiones y recomendaciones. “Las cuáles deben aplicarse de acuerdo a lo que dice el trámite de una suspensión o una vacancia. El simple hecho de que el pleno apruebe esas conclusiones y recomendaciones no significa que eso se va a realizar así”, puntualizó.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización: