Supervivencia política, protestas e impopularidad: los 100 primeros días de Boluarte en la presidencia | Cifras y análisis

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“Gobernar el Perú no será tarea fácil. Tendremos que constituir un gabinete [ministerial] de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas para que, juntos, podamos sacar a nuestra patria adelante”, decía Dina Boluarte en su discurso de toma de mando frente al pleno del Congreso, tras ceñirse la banda presidencial. El mensaje se produjo al promediar la 4:00 p.m. del 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo ya había sido detenido tras anunciar un autogolpe de Estado. La hasta ese momento vicepresidenta empezaba así una administración nacida de la crisis.

Las movilizaciones contra Boluarte, iniciadas en el sur, aumentaron en intensidad, y el gobierno optó por una estrategia represiva que, eventualmente, sumó decenas de fallecidos. A solo seis días de haber asumido funciones, el equipo de gobierno se fue desmoronando con las renuncias de los ministros de Educación y de Cultura, disconformes con el manejo de las protestas. El entonces primer ministro Pedro Angulo sería removido por la propia Boluarte al día 11 de gestión, incluso antes de que pida el voto de investidura ante el Congreso.

En estos poco más de tres meses, la presidenta ha realizado nueve cambios en los sectores ministeriales, una cifra de volatilidad que coincide con la de su antecesor Castillo en sus primeros 100 días. Otros presidentes no habían removido o perdido ministros con tanta rapidez (ver gráfico).

En el caso de cargos medios, la gestión Boluarte viene designando a 43 viceministros (de los 37 puestos fijos) y 30 secretarios generales (de los 19 que existen). Adicionalmente, los ministerios acumulan 78 designaciones de directores en direcciones generales, lo que supone cambios en las cabezas de esas áreas cada 1.3 días en promedio.

El rechazo popular a Boluarte se percibe en las calles, y los estudios de opinión lo corroboran. Según Ipsos Perú, la presidenta es altamente impopular, con una desaprobación que pasó de 68% en diciembre a 74% en febrero. Además, su aprobación cayó de 21% a 18% entre los meses mencionados.

Solo en enero del 2023, cumplidos 30 días en Palacio, Boluarte tenía 20% de respaldo ciudadano. Es la más baja aprobación a un gobernante en su primer mes de gestión al menos desde 1990. Incluso Castillo obtuvo un 38% en ese tramo.

Para el politólogo José Incio Coronado, la extraordinaria desaprobación de Boluarte se puede explicar por dos razones. La primera es la degradación y el desprestigio de la representación política en el país. Sin embargo, el especialista considera que más peso tiene un segundo elemento, que es el contexto particular de la llegada de Boluarte al poder y sus decisiones para aferrarse a él.

“Es cierto que hay una degradación y que las élites políticas y los partidos no logran un vínculo de representación real con el electorado. Pero yo creo que la desaprobación de Boluarte recae más en el contexto y en las acciones. Boluarte pudo haberse colocado como una figura de transición, aprovechando el momento político del hastío ciudadano. Pudo haberle dado un respiro a la crisis con compromisos directos o alternativas a las demandas [de nuevas elecciones]. No lo hizo”, refirió.

En el mismo sentido, el politólogo Omar Awapara Franco refiere que la administración Boluarte buscó a toda costa su supervivencia, aunque eso implicara armonizar convenientemente con un Congreso igual o más impopular que también busca sobrevivir. Awapara estima que, si bien el Parlamento ha promovido interpelaciones a ministros, el control político ha sido tibio y la mayoría de congresistas amortigua con sus votos potenciales caídas.

“A pesar de que no tiene un apoyo explícito en el Congreso [no tiene bancada parlamentaria], creo que hay una voluntad del Congreso para sostener a este gobierno. Eso se ha manifestado de manera bastante clara en el pobre control político que ha habido por parte del Congreso hacia el Ejecutivo. Creo que el mejor reflejo de eso es que no se haya podido interpelar al presidente del Consejo de Ministros [la moción contra Alberto Otárola fue rechazada el 9 de marzo con 59 votos en contra, 7 abstenciones y solo 31 votos a favor], a pesar de que hubo una moción para ello. Claro que Boluarte como mandataria está en una situación de fragilidad pero, por el momento, ella y su gobierno son funcionales a los intereses de una mayoría del Congreso”, señaló el director de Ciencias Políticas de la UPC.

Pese a que solo se ha hecho efectiva la interpelación a un ministro del gobierno Boluarte –Vicente Romero, titular de la cartera del Interior –, la actual gestión es en la que se han presentado más mociones de interpelación contra ministros en los primeros 100 días. En total, se han propuesto 15 de estas medidas.

Asimismo, junto al liderado por Guido Bellido, el gabinete de Alberto Otárola es el primer equipo ministerial de los últimos 20 años que obtuvo menos respaldo al momento de pedir el voto de confianza al Legislativo.

Martín Hidalgo, periodista especializado en temas parlamentarios, considera que ello tiene que ver con el hecho de que la gestión de Boluarte, en la práctica, es percibido como un “gobierno de continuación” que empieza desgastado.

“No es un gobierno electo que está empezando. Es como una especie de ‘subgobierno’ que arranca tras la caída de Castillo. Arranca con un desgaste”, indica.

Adicionalmente, las mociones presentadas estarían en sinónía con la coyuntura en la que se desarrolla el gobierno.

“Más allá de la falta de previsión, ha tenido que enfrentar dos crisis importantes: la crisis política por la vacancia de Pedro Castillo y la emergencia nacional por las lluvias y huaycos”, señala.

Pese a ello, Hidalgo considera que, actualmente, no existen los votos suficientes en el pleno para censurar un ministro –a menos que ocurra un hecho muy escandaloso– o vacar a la presidenta de la República.

Según el especialista, un hecho clave que definirá la relación entre el gobierno de Boluarte y el Legislativo es la elección de la mesa directiva del Congreso.

“Esa mesa directiva va a terminar consensuando con Dina Boluarte, toda vez que ambos poderes estén pensando quedarse hasta el 2026. Yo creería que, desde el Ejecutivo, van a apuntar a apoyar la candidatura de Acción Popular o Alianza para el Progreso, que son las bancadas que inclinan la balanza en las votaciones, dependiendo del tema (…). De alguna manera, Dina Boluarte está en un escenario similar al de Martín Vizcarra, quien no tenía bancada oficialista y, por lo tanto, tenía que ver en quién se apoyaba”, sostiene.

Según la politóloga Kathy Zegarra Díaz, el poco control político efectivo del Congrehacia el Ejecutivo es “momentáneo”.

“Como todo en el Perú, los escenarios políticos son muy efímeros. No sabemos cuánto tiempo van a durar ese apoyo y esos pequeños pactos. Como resultado de todo esto, vamos a tener una democracia más dañada”, refiere.

Zegarra conisdera que uno de los errores más graves del Ejecutivo ha sido intensificar la represión policial en las manifestaciones, con la venia de un Congreso con pocas acciones efectivas de fiscalización mínima.

“El Congreso no ha cumplido con su rol de generar un control que establezca las responsabilidades políticas con respecto a las muertes en las protestas. Lo que hemos visto es que, incluso, parlamentarios han solicitado más represión”, cuestionó.

Omar Awapara explica que esta alianza frágil entre un gobierno y un Congreso altamente impopulares tendrá costos muy altos a futuro en las elecciones venideras.

“Lo que puede terminar pasando es que, de aquí en adelante, vuelva a tener fuerza un discurso radical y anti-establishment en extremo, como el que tuvo Pedro Castillo en su campaña. Creo que, a medida que Boluarte permanezca en el poder bajo las condiciones en las que está, más intenso será ese efecto”, sostiene.

Incio coincide en que todo suma para abrir campo a ‘outsiders’ con ofrecimientos más radicales.

“Lo que sucede ahora colabora con el hartazgo: políticos que no escuchan demandas, un gobierno que deja la idea de que protestar en regiones cuesta vidas y que es más probable morir ahí que en Lima, la desigualdad histórica que no se ha sanado. Ahí hay un caldo de cultivo para que la población vote por cualquier otra oferta que se desmarque del modelo de poder político actual”, dice

En lo que va del gobierno de Boluarte, el Ejecutivo ha presentado 18 proyectos de ley al Congreso. De estos, 13 están en comisión, 2 ya tienen dictamen y 2 han sido aprobados y publicados. Uno fue archivado.

La mayoría de las iniciativas legislativas del gobierno tiene que ver con reactivación económica y temas laborales o tributarios (5). Le siguen los referidos a reforma constitucional o de los poderes del Estado (3) y los referidos al sector Justicia (2).