Torre Tagle en la era Boluarte: el camino de la cancillería tras la polémica gestión del gobierno castillista

Si bien en casi todos los gobiernos de las últimas dos décadas hubo designaciones polémicas en embajadas, el de Castillo Terrones rompió unos cuantos récords. El primero es la cantidad: en total, cinco propuestas de embajadores fueron criticadas por tratarse de personas vinculadas al partido Perú Libre o a la campaña presidencial, pero que no cumplían los requisitos mínimos que se esperan para ocupar el encargo diplomático.

El otro récord tiene que ver con la respuesta del exterior: por primera vez, dos países no le dieron el beneplácito –es decir, la aceptación– a embajadores propuestos por el gobierno peruano. Son los casos de Richard Rojas, hombre cercano a Vladimir Cerrón y exjefe de la campaña presidencial de Castillo; y Eliseo Soria, profesor que radica en Suecia.

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Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del país y la diplomática de carrera Ana Gervasi tomó las riendas de la cancillería, la entidad ha deshecho algunas de las acciones más controvertidas del anterior gobierno. En menos de un mes, se ha cesado en el cargo a los tres embajadores cuestionados que fueron nombrados en la gestión castillista. La última fue Carina Palacios Quincho, fundadora de Perú Libre y exfuncionaria del gobierno regional de Junín durante la gestión de Cerrón. Palacios, quien fue nombrada embajadora de Perú en Bolivia en setiembre del 2021, fue retirada del encargo el último jueves 5 de enero mediante la resolución suprema 003-2023-RE.

Antes, el 19 de diciembre –solo nueve días después de que Gervasi asumiera el timón de la cancillería–, Ángel Ydelfonso e Isabel Soria, los otros dos embajadores polémicos nombrados por Castillo, habían sido cesados. Ydelfonso fue ministro de Justicia y renunció al cargo luego de ser interpelado por el Congreso. Soria, por su parte, había sido coordinadora de la campaña presidencial de Castillo en Suecia. Este último nombramiento fue duramente cuestionado, por tratarse de una persona sin estudios superiores concluidos (en su CV, consignó estudios técnicos en “Industria de Vestido”) y sin manejo del inglés ni el noruego. El caso se volvió aún más sonado cuando se supo de los esfuerzos inéditos y poco ortodoxos de cancillería por nombrarla. Este Diario narró este episodio, que avergonzó a los mismos funcionarios diplomáticos.

ECData consultó a la canciller Gervasi acerca de las salidas. Al respecto, señaló que “los embajadores están sujetos a una permanente evaluación, la misma que condujo, en esta oportunidad, a la remoción de nuestros embajadores en Guatemala, Noruega y Bolivia”. También dijo que sus reemplazos, aún no definidos, serán nombrados “en función de las necesidades de la política exterior del Estado”.

En cuanto a por qué el retiro de Carina Palacios de Bolivia tomó más tiempo que el de los otros embajadores cuestionados –hubo casi 20 días de diferencia entre ambas resoluciones–, Gervasi sostuvo que la decisión “es objeto de una evaluación cuidadosa a la luz del desarrollo de la nutrida agenda bilateral, y de las circunstancias por la que atraviesan las relaciones entre ambos Estados y gobiernos”.

Según fuentes diplomáticas de El Comercio, la remoción de Palacios sería parte de las acciones tomadas por el gobierno para hacer frente a las actividades que el expresidente boliviano Evo Morales realiza en el sur del país. Como se recuerda, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha citado para este lunes 9 de enero a Gervasi, precisamente para que informe sobre las medidas que el Ejecutivo tomará en torno al caso de Morales, a quien la misma Boluarte ha acusado de intervenir en “asuntos internos” del Perú.

Según comentaron miembros del servicio diplomático a este Diario, en cancillería se comentaba que Palacios venía facilitando los movimientos de Evo Morales en el Perú desde La Paz. “Cuando el gobierno boliviano pedía cosas para Evo (Morales), como facilidades, transporte, etc., ella trasladaba los pedidos”, indican. En Torre Tagle, incluso, se bromeaba con que Palacios “parecía embajadora de Bolivia en Bolivia”.

“Hay mucha presión para prohibir el ingreso de Evo y su entorno al Perú, y la cancillería ha actuado para cortar cualquier vínculo que pudiera haber entre la embajada, (Vladimir) Cerrón y Evo Morales”, coincide otra fuente.

Gervasi evitó responder si la salida de Palacios tuvo que ver con la situación del expresidente boliviano y se limitó a reiterar que la decisión “es el resultado de una evaluación respecto a las necesidades del servicio en función de la política exterior del gobierno de la presidenta Boluarte”.

¿Quién ocupará ahora la embajada en La Paz? Aún no se vocean nombres, pero la canciller sostiene que la plaza “será confiada a un profesional con los conocimientos y habilidades que se requieren para atender la amplitud de los temas de nuestra relación bilateral en las circunstancias actuales”.

Precisamente, una de las principales críticas al nombramiento de Carina Palacios como embajadora en Bolivia tuvo que ver con el hecho de que se trata de una plaza diplomática particularmente difícil, debido a temas como la pretensión de salida al mar del país vecino y el manejo de las aguas del Lago Titicaca. Por ello, como informó ECData, dicha embajada solo la habían ocupado embajadores de carrera desde, por lo menos, la década de 1950. Al parecer, dicha costumbre volvería a la marcha.

De acuerdo con la Ley del Servicio Diplomático, los presidentes de la República están autorizados a nombrar embajadores políticos; es decir, personas que no pertenecen al servicio diplomático. Estos, sin embargo, no pueden exceder el 20% del total de jefes de misiones diplomáticas y representantes permanentes del Perú en el exterior. Esta cuota incluye a los diplomáticos en situación de retiro. En el 2021, ECData reveló que Pedro Castillo fue el presidente que más embajadores políticos nombró durante los tres primeros meses de gobierno.

A diferencia de la gestión anterior, en la actual se viene priorizando, hasta ahora, a los diplomáticos de carrera para dirigir embajadas. Entre el 22 y el 29 de diciembre, el gobierno de Boluarte nombró a nueve embajadores y ratificó a uno. De estos, seis son miembros activos del servicio diplomático y tres son diplomáticos en situación de retiro. Es decir, a diferencia de la gestión castillista, en el actual gobierno no se ha optado, hasta el momento, por enviar a personas ajenas al servicio diplomático a dirigir embajadas. Incluso, los embajadores políticos que se han nombrado son diplomáticos retirados. “Se están cuidando bastante”, asegura una fuente de Torre Tagle.

El 7 de diciembre, el entonces embajador del perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se enteró del golpe de Estado de Castillo por un mensaje de WhatsApp, mientras participaba en una sesión del Consejo Permanente de la organización internacional. Minutos después, renunció al cargo. El mismo día, el representante del Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Manuel Rodríguez Cuadros, hizo lo mismo.

El tema, sin embargo, es que no se ha especificado la fecha en que dichas renuncias se harán efectivas. “Están en un limbo”, aseguran fuentes diplomáticas.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Forsyth y Rodríguez Cuadros se mantengan en los cargos a pesar de haber dimitido, Gervasi se limitó a señalar que sus renuncias han sido consideradas por la jefa del Estado.

“Los embajadores Rodríguez Cuadros y Forsyth, quienes son diplomáticos de carrera en retiro, presentaron sus renuncias en diciembre pasado, lo que ha sido considerado por la señora Presidenta en función de las necesidades de nuestra política exterior”, declaró.

Otro plaza pendiente por cubrir es la de embajador de Perú en Washington, ocupada hasta noviembre del 2022 por el embajador en retiro Oswaldo de Rivero. Este nombramiento también fue cuestionado en su momento, principalmente debido a que, al tiempo de su designación, De Rivero tenía 85 años de edad y estaba en situación de retiro hace 15, algo inusual para una embajada de tan alta complejidad e importancia.

El exembajador de Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, comentó que “quizá llevados por su identificación ideológica con el expresidente”, muchos de los embajadores en retiro nombrados por el anterior gobierno “extralimitaron sus funciones y comulgaron con los esfuerzos de Castillo por desprestigiar las instituciones tutelares del Estado”.

Pese a que, como explicamos líneas atrás, la ley de servicio diplomático autoriza al presidente el nombramiento de un número de embajadores políticos, son pocos los gobiernos que se han librado de controversias por designarlos. Alberto Fujimori nombró a su cuñado Víctor Aritomi embajador del Perú en Japón. Más adelante, Aritomi permaneció prófugo en el país asiático mientras era procesado por delitos de corrupción. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se nombró al exministro Fernando Olivera como embajador en España. Este fue cuestionado en repetidas ocasiones por viajar constantemente a Lima y dar declaraciones políticas sin autorización de la cancillería. Alan García envió a su abogado en el caso “El Frontón”, Moisés Tambini, a Costa Rica; Ollanta Humala nombró a la ginecóloga y amiga de Nadine Heredia, Cristina Velita, embajadora en Francia; y Pedro Pablo Kuczynski mandó a Martín Vizcarra a la embajada peruana en Canadá luego de la polémica por el aeropuerto de Chinchero.

El embajador Pareja explica que, si bien la ley autoriza el nombramiento de embajadores políticos, estos deberían cumplir con ciertas características mínimas para ocupar el cargo idóneamente.

“Tienen que tener cualidades para representar al país, porque no solamente representan al gobierno, sino a toda la nación. Tienen que ser personas calificadas”, sostiene. Algunas de estas cualidades, precisa el diplomático en retiro, son conocer sobre temas internacionales y ser una persona “destacada y ser honorable”.

En mayo del año pasado, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley del Servicio Diplomático que elevaron la valla para el nombramiento de embajadores políticos.