Acusación contra Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito quedó en manos del pleno del Congreso. Foto: Archivo GEC
Acusación contra Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito quedó en manos del pleno del Congreso. Foto: Archivo GEC
Karem Barboza Quiroz

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Por 18 votos a favor, dos en contra (Fuerza Popular) y 7 abstenciones (Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú), la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al legislador por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión llegó ocho meses después de que el caso fuera presentado ante el Legislativo por la , Zoraida Ávalos.

El delito imputado por enriquecimiento ilícito está contemplado en el artículo 401 del Código Penal con una pena no menor de 5 ni mayor de 10 años de cárcel e inhabilitación. Y, si el agente es funcionario público -como es el caso- la pena no es menor de 10 años ni mayor de 15 años de cárcel e inhabilitación.

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Votaron en contra los representantes de Fuerza Popular, Martha Chávez y Carlos Mesía.

Durante el debate, Chávez Cossío insistió en que no se había probado el desbalance patrimonial atribuido al excontralor general.

“Tres años y no hay ninguna prueba que el señor Alarcón haya abusado del cargo ¿quieren perseguir al señor Alarcón porque le tienen encono, porque impidió el negociazo de Chinchero?”, cuestionó.

Votaron en abstención: Franco Salinas (AP), Ricardo Burga (AP), Omar Chehade (APP), Fernando Meléndez (APP), Carlos Almerí (Podemos Perú), Tania Rodas (APP) y María Gallardo Becerra (PP).

“El investigado (Edgar Alarcón) sabe que ese dinero tiene origen desconocido”, sostuvo la congresista Felícita Tocto, autora del informe final que recomienda acusar constitucionalmente al congresista, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El informe da cuenta sobre posibles irregularidades administrativas cometidas por el congresista de Unión por el Perú (UPP) cuando se desempeñó como funcionario y Contralor General de la República. Otros dos votaron en contra y siete en abstención.

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El último paso que seguirá la denuncia, será su sustentación ante el Pleno de Parlamento a fin de que se defina si procede o no formar causa contra Alarcón. De proceder, el caso será remitido a la Fiscalía de la Nación a fin de que proceda con llevar el caso ante el Poder Judicial.

Votaron a favor los congresistas Luis Roel Alva (AP), Matilde Fernández (SP), Jorge Vásquez (AP), César Combina (APP), María Céspedes (Frepap), María Retamozo (Frepap), Richard Rubio (Frepap), Diethell Columbus (FP), Javier Mendoza (UPP), Gino Costa (PM), Luis Ancalle (FA), Alejandro Aliaga (SP), Leonardo Inga (AP), Alexander Lozano (UPP), Lenin Bazán (FA) y Jim Mamani (UPP).

Posteriormente dejaron constancia de su voto a favor Daniel Olivares (PM) y Wilmer Cayllahua (Frepap).

No justificó desbalance

Según el , la Fiscalía de la Nación le imputa dos hechos al congresista Edgar Alarcón. El primero es haber acumulado un desbalance de S/201,337.24 durante periodo del 9 de junio de 2016 al 4 de julio del 2017, cuando fue Contralor general.

El segundo hecho en haber realizado actividades lucrativas como funcionario de la contraloría, cuando estaba prohibido. Y, en esa línea, también registra 21 ingresos de dinero a sus cuentas por S/275,644.90 cuyos orígenes y depositarios se desconoce.

Según la congresista Felícita Tocto- quien sustentó la acusación- pese a que Alarcón cuestiona los informes periciales, el denunciado no impugnó dichos documentos ante la Fiscalía de la Nación, como correspondía.

Los ingresos atribuidos son de S/687,826.73 y los egresos son de S/889,163.61, por lo que el saldo negativo alcanza los S/201,337.24.

En otro punto, la congresista recordó que Alarcón sostiene que la Fiscalía no tomó como referencia un saldo inicial que tenía en sus cuentas al momento de realizar la pericia. No obstante, Tocto remarcó que el excontralor presentó una declaración jurada aseverando que no tenía ahorros.

Durante su presentación, Alarcón Tejada sostuvo que la acusación “carece de sustento” y que el informe usa la copia de la denuncia fiscal que “tiene como único fin deslegitimar mi actuación”.

Además, negó haber ejercido alguna actividad lucrativa fuera de su cargo como excontralor que haya estado impedida.

Sobre su desbalance patrimonial, el congresista reiteró que no han considerado el “saldo inicial” que tenía en sus cuentas.

El hecho real es que existe este saldo inicial en bancos. Si la Fiscalía, y es lo que insisto, ellos han intentado, y lo han hecho, sustentar un desbalance patrimonial manipulando las cifras ¿cómo originamos un desbalance? Simplemente no le consideres su el saldo inicial y al final siempre va a salir negativo”, alegó.

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