El pleno del Congreso de la República revisará este martes 30 de marzo la denuncia constitucional que pesa sobre el parlamentario Edgar Alarcón | Foto: GEC / Jesús Saucedo
El pleno del Congreso de la República revisará este martes 30 de marzo la denuncia constitucional que pesa sobre el parlamentario Edgar Alarcón | Foto: GEC / Jesús Saucedo
/ JESUS SAUCEDO
Redacción EC

La presidenta del Congreso de la República, , convocó a una sesión del pleno para este martes 30 de marzo, a las 10 de la mañana, a través de la plataforma de sesiones virtuales. Según la agenda, se revisará la denuncia constitucional N°371 contra el congresista (Unión por el Perú) por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República.

Este debate fue programado para el pasado 12 de marzo; sin embargo, en atención a los documentos que presentó Alarcón para acreditar que había dado positivo a una prueba de coronavirus (COVID-19).

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Según la agenda del pleno de este martes, se revisará la acusación constitucional contra Edgar Alarcón.
Según la agenda del pleno de este martes, se revisará la acusación constitucional contra Edgar Alarcón.

El anuncio lo hizo Mirtha Vásquez, quien indicó que por “única vez y por razones de salud” se programaría una nueva fecha.

“A pesar de que el señor congresista Edgar Alarcón Tejada se encuentra debidamente notificado, y bien podría haber ejercido su derecho a la defensa mediante su abogado defensor, la Mesa Directiva ha considerado por única vez, y por razones de salud, que se señalará una nueva fecha a fin de que el señor Alarcón pueda ejercer su derecho a la defensa”, señaló en ese momento.

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Además, el pleno del Legislativo revisará la reconsideración planteada por el congresista Gino Costa (Partido Morado) sobre el acuerdo adoptado en la sesión del 12 de marzo, en el que se acepta que Alarcón Tejada conforme la Comisión de Fiscalización por el cupo cedido por la bancada Nueva Constitución.

Asimismo, el dictamen que propone eliminar la pensión vitalicia para expresidentes constitucionales de la República y dejar sin efecto otros beneficios, así como el proyecto de ley que faculta el retiro de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

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