Edgar Tello: Congresista intenta anular investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho ante el TC

El congresista de Podemos Perú (PP), Edgar Tello, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) anular la investigación que se le sigue, junto a otros 13 parlamentarios, por presuntamente haber usado su función en favor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

A través de un amparo, que fue negado en doble instancia en el Poder Judicial (PJ), el legislador busca anular la disposición fiscal que dio inicio a la investigación en marzo del 2024, así como todas las diligencias y actuaciones que se practicaron en el marco de la misma.

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Tello Montes, junto a 13 parlamentarios y el prófugo Vladimir Cerrón, fue incorporado en la investigación que se le sigue a Benavides Vargas por presuntamente haber conformado una organización criminal que se extendió hasta el Congreso de la República.

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La demanda está dirigida contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en su actuación como titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, al haberlo incluido como investigado.

Las pesquisas se iniciaron a consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva, quien fuese asesor de Benavides y que se sometió a la colaboración eficaz, situación legal revelada por él mismo.

De acuerdo a Villanueva, la entonces fiscal Benavides, habría solicitado a los parlamentarios que apoyen la remoción de la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a cambio de interceder en las investigaciones que tenían en el Ministerio Público.

En el caso de Tello Montes, el Ministerio Público lo incluyó en la investigación luego que Villanueva relatara que se reunió con el congresista a través de la persona de César Manuel Revilla Villanueva.

Allí, el entonces asesor, por encargo de Patricia Benavides, le habría pedido “votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos”.

Ante ello, el congresista habría afirmado que toda su bancada votaría a favor, pero con la condición de que se apoye al ex gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien se encontraba con la medida coercitiva de prisión preventiva, en una investigación seguida ante el Octavo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ancash.

Por ello, se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo impropio.

Si el amparo es declarado fundado, el TC podría ordenar a la fiscalía anular la investigación contra el parlamentario.

Mientras que los otros 13 congresistas, al estar en similar situación, podrían pedir al Ministerio Público la aplicación de la sentencia a su favor, tal como ocurrió en el Caso “Cócteles” vinculado a la lideresa Keiko Fujimori, donde se anuló la acusación contra todos los implicados.

En su escrito, elevado al TC, vía un recurso de agravio constitucional, el congresista Tello cuestiona que los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo impropio, no se ajustan a los hechos por los que fue incluido en la investigación.

Además, asegura que, en el caso que se hubiera producido la reunión con el exasesor Jaime Villanueva, sería un acto propio de su función parlamentaria.

“En efecto, en el supuesto que una reunión se hubiera dado entre mi persona y el señor Jaime Villanueva, se trata de un ámbito de regulación típico que se enmarca dentro de la dinámica de la actividad política, que -en mi condición de Congresista de la República y las funciones constitucionales inherentes de representación, legislación y fiscalización y control- he realizado, realizo y realizaré durante el período congresal 2021-2026, al igual que los otros 129 parlamentarios elegidos por la población nacional.”

Edgar Tello Montes, congresista de Podemos Perú (PP)

El congresista aseguró que no existía “medio de prueba” para su incorporación en la investigación; y que, por el contrario, la misma no podía ser excusa para “perseguir” fines distintos a los que corresponden a su naturaleza, como, por ejemplo, “controlar indebidamente el ámbito de regulación de la actividad política”.

Tello Montes señala que la entonces fiscal suprema Delia Espinoza -hoy Fiscal de la Nación- no tenía la jerarquía funcional para investigarlo en su calidad de congresista, tal como se exige en el artículo 99 de la Constitución. Y, por tanto, de acuerdo a dicho dispositivo, debía ser la titular del Ministerio Público.

Según sus argumentos de defensa, fue “arbitraria” la delegación que se le otorgó a Espinoza mediante una resolución administrativa, que es de menor rango que la ley que regula las investigaciones.

“Debió abstenerse de realizar actuaciones desprovistas de base legal que se sustenten en una mera voluntad, por lo que resulta evidente que mi incorporación en la referida investigación constituye un acto viciado de incompetencia”, aseveró.

Otro punto alegado en su recurso es que debía existir un “estándar probatorio reforzado”, ya que por su condición de legislador no puede ser equiparado a un investigado común donde solo se requiere una “sospecha inicial simple”.

“En esta línea argumentativa, la actividad procesal por la cual se dispone la investigación de funcionarios aforados, como mi persona, exige que el estándar o grado de convicción sea más elevado, por lo que sostener que el grado menos intensivo de la sospecha debe ser aplicado a los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución Política de 1993, implica que no se exija una debida fundamentación para incoar un proceso penal e incluso sin suficientes elementos de convicción.”

Edgar Tello Montes, congresista de Podemos Perú (PP)

La demanda del parlamentario se encuentra en manos de la Segunda Sala Constitucional del TC, integrado por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente del colegiado y vicepresidente del TC), Gustavo Gutiérrez Ticse y César Ochoa Cardich. No se descarta que el caso sea asumido por el Pleno del TC.

Días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite denuncia constitucional contra Delia Espinoza y el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por esta misma investigación. Es decir, también se cuestiona que Espinoza Valenzuela haya abierto investigación contra los parlamentarios, cuando se desempeñaba como fiscal suprema.