El secretismo en la PCM: Cuestionan resolución que clasifica como reservada información sobre vehículos de dicho sector

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Eduardo Arana, clasificó como reservada la información sobre los vehículos oficiales asignados a su institución. Especialistas consultados por este Diario criticaron la resolución y señalaron que atenta contra el principio de transparencia.

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La decisión fue oficializada en la Resolución Jefatural N° 002-2025-PCM/OSDN, de fecha 21 de agosto. Este documento lleva la firma de Augusto César Castillo Roca, jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de la PCM.

En la resolución, la PCM argumenta que es necesario declarar la reserva “por el riesgo que puede generar” a los usuarios de los vehículos la difusión pública de dicha información.

Además, precisa que la reserva de la información se aplicará mientras dure el uso oficial de los vehículos.

Detalla que la clasificación surgió a raíz del pedido de acceso a la información pública del ciudadano Hernán Padilla Florindez, quien solicitó la relación de los funcionarios de la entidad que cuentan con vehículo oficial asignado, así como el número, marca, modelo y placa de cada uno de ellos.

También surge en respuesta al memorando N° D003967-2025-PCM-OA de la Oficina de Abastecimiento, que pide que se evalúe si corresponde que la información de los autos de la PCM se clasifique como reservada, y el Informe N° D000057-2025-PCM-OSDN-WHT, en el que la Oficina de Seguridad y Defensa de la PCM analiza la solicitud de Padilla Florindez.

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Menciona, además, que, de acuerdo con el artículo 15-A de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada”.

“En consecuencia, se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla”, dice.

La medida se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional y se aplica mientras dure el uso oficial de los vehículos.

“El Fundamento N° 28 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04106-2022-PHD/TC, establece que: ‘Así pues, y a consideración del Tribunal Constitucional, la información del número de los equipos móviles, así como de los vehículos de las entidades públicas, por el riesgo que puede generar a sus usuarios la difusión pública de dicho dato, constituye información reservada mientras dure su uso oficial, de conformidad con la excepción contenida en el inciso d) del articulo 15-A de la LTAIP – también recogido en el inciso d) del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la LTAIP-, porque su uso indebido puede generar información acerca del movimiento del personal al cual se le ha asignado tales bienes”, alega la resolución de PCM.

Asimismo, menciona el Fundamento N° 29 de la misma sentencia, que dice que “no son información pública los números telefónicos de celulares de uso personal, ni los entregados por la entidad para la que labora el funcionario o servidor público, así como la placa de rodaje de los vehículos de las entidades públicas, mientras dure su uso oficial por el usuario”.

“De igual manera, los números de celular del personal de seguridad asignado a los funcionarios tampoco podrá solicitarse, en tanto es información que compromete la seguridad de estos y de las personas asignadas a su resguardo”, subraya.

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En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann; el presidente del Tribunal de Ética del CPP, Erick Iriarte y el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor; criticaron la decisión de la PCM.

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Rodrigo Salazar dijo, a su turno, que desde hace un tiempo “podemos ver secretismo” en los asuntos relacionados al Gobierno y la presidenta Dina Boluarte, como en el caso ‘Cofre’ y su salario, en los que también la información se clasificó como reservada.

“Si ocultan tanto es porque algo hay [...] Seguramente lo usan para algo que no deben”, indicó.

El director del CPP consideró que también “podría haber secretismo sobre con quién se reúne la presidenta y los ministros”, bajo el argumento de “temas de seguridad”.

“En el fondo, nosotros (los ciudadanos) tenemos que saber porque son vehículos que se pagan y se mantienen con recursos públicos. (...) Si la presidenta y los funcionarios de Estado usaran los vehículos para fines públicos no debería haber problemas para enterarnos en que se usan”, puntualizó.

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Por su parte, Erick Iriarte afirmó que “están dándole a la información un carácter de protección para que nadie pueda cuestionar que no se haya brindado”.

Sin embargo, consideró que las peticiones anteriores, como la del ciudadano Padilla Florindez, deberían ser atendidas. Bajo su criterio la sentencia en la que se ampara la PCM es muy genérica y preocupa que, por ejemplo, en caso de un mal uso de los autos sea difícil conocer la información.

“Si me asignan un bien público y lo mal utilizo, la información debería poder obtenerse de alguna manera para las investigaciones necesarias porque es un tema de recursos públicos e interés público”, aseveró el abogado especialista en derecho digital y acceso a la información.

Bajo la lectura de Iriarte, ahora solo se podrá conocer a dónde se trasladan la mandataria y sus ministros a través de la agenda y ello significa que los ciudadanos solo tendremos la información “en un extremo”.

“Ahí creo que se comete un error porque hay actos públicos relevantes”, remarcó.

Juan Jiménez Mayor calificó la decisión de “vergonzosa” e “ilegal”.

“El artículo 1.5 del reglamento de la ley de transparencia reformada por este Gobierno dice que quien clasifica la información es la máxima autoridad de la entidad (bajo responsabilidad). Debería ser el PCM y no un funcionario de bajo rango”, señaló.

El ex primer ministro subrayó que la resolución dice que solo aplica a la PCM, es decir, no a la flota de autos que tengan los ministerios. Sin embargo, advirtió que es probable que se replique en las carteras. “Esto afecta el principio de máxima transparencia de la ley”, opinó.

Explicó que la sentencia del TC que menciona la resolución es sobre “un caso de hospitales de la Solidaridad, que están extrapolando”.

Advirtió que “lo que va a ocurrir es que la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) va a invisibilizar a los vehículos oficiales. Entonces, veremos más funcionarios yendo a la playa o al mercado con los vehículos del Estado, fomentando así la comisión del delito de peculado (uso indebido de recursos del Estado)”.

“Es el desmontaje de política de integridad”, concluyó.

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No es la primera vez que el Poder Ejecutivo clasifica información como reservada. Ocurrió también con el aumento del sueldo de la mandataria Dina Boluarte y el cofre presidencial.

En mayo de este año, cuando El Comercio solicitó la información relacionada al salario de la jefa de Estado en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N°27806), el Ejecutivo calificó estos expedientes como “confidenciales”.

Como se recuerda, la presidenta pasó de ganar S/16.000 a percibir S/35,568, es decir, un aumento de 125%.

No obstante, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), calificó la decisión de “inválida”.

En una de sus conclusiones, la ANTAIP subrayó que “la información referida a las remuneraciones de los funcionarios públicos, la escala remunerativa de ellos o el incremento de estos es de naturaleza pública”.

Finalmente, el Palacio de Gobierno entregó a El Comercio informes y oficios que fueron parte del procedimiento del aumento salarial de la mandataria.

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En septiembre del 2024, Palacio clasificó como “reservada” la información sobre el vehículo que traslada a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el “cofre”. Ello en el contexto de una investigación para determinar si el auto estuvo a disposición del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero de ese año.

La información fue clasificada como reservada luego que los periodistas Stefanie Medina, del programa “Contracorriente”, y Ernesto Cabral, del noticiero digital “La Encerrona”, solicitaron a Palacio información sobre los desplazamientos del auto, de placa EGR-844, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, Palacio les negó la información argumentando que “se encuentra comprendida dentro del Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y Locales Anexos”, aprobado en septiembre de ese año.