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Libertad para adultos mayores es la quinta ley que más rápido logró su aprobación

Abogados critican alcances de la propuesta de Yeni Vilcatoma y apuntan contradicciones en argumentos de su autora

Por Martín Hidalgo y Martín Calderón

El Congreso remitió ayer al Poder Ejecutivo la autógrafa de la ley que da libertad bajo vigilancia electrónica a adultos mayores presos, norma que beneficiaría al ex presidente Alberto Fujimori.

Tras enviarse al Ejecutivo, hay cinco escenarios posibles sobre la viabilidad o no de la iniciativa.

Los tres primeros dependen del Ejecutivo. Fuentes del oficialismo indicaron que entre hoy y mañana se analizará la norma, por lo que recién el lunes habría novedades sobre una posible observación.

Ante una eventual observación del Ejecutivo, el Parlamento tiene tres opciones: insistir en lo que se aprobó el jueves, allanarse a las observaciones o llegar a un punto medio, adoptando algunas de las objeciones del gobierno.

Si el Legislativo opta por la insistencia, se abriría el camino para un cuarto escenario: que se presente una acción de constitucionalidad para anularla. Sin embargo, la penalista Romy Chang explicó que mientras dure el análisis del Tribunal Constitucional (TC), si se da este escenario, la norma podrá ser aplicada y, en caso de declararse inconstitucional, ya no podrá aplicarse retroactivamente para quienes se acogieron al beneficio.

El quinto escenario es internacional. El jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, Carlos Zelada, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que cualquier figura que interrumpa la pena de una persona condenada por graves violaciones de los derechos humanos necesita cumplir condiciones.

La primera es que haya pagado la reparación civil y cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena; la segunda, que pida perdón a las víctimas; la tercera, que haya colaborado con la búsqueda de la verdad; y la cuarta, que la entidad que otorgue la interrupción de la pena evalúe el impacto social de esa medida. Para Zelada, Fujimori no ha cumplido ninguna.

—Interpretaciones—
Consultada por este Diario, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) reconoció que Alberto Fujimori podría acogerse a su norma. Sin embargo, al preguntarle por su alcance a otras personas como Vladimiro Montesinos, respondió: “En el texto se establece que la aplicación se complementa con la norma sobre el uso de grilletes electrónicos, en la que hay delitos que te impiden acoger a las personas que mencionas al beneficio”.

Para Romy Chang, hay contradicciones en el argumento de Vilcatoma. “Es una disposición complementaria donde se dice que el decreto legislativo de grilletes se aplica para lo no regulado en la norma, pero esta ley [de Vilcatoma] sí establece los supuestos para la aplicación del beneficio, así que se aplica la ley y no el decreto legislativo”, sostuvo.

La abogada señaló que, de aplicarse el criterio de Vilcatoma sobre la regulación de grilletes electrónicos, Fujimori no podría acogerse a su iniciativa porque esta exceptúa del beneficio a los condenados por penas mayores a ocho años.

En opinión de Chang, Fujimori, Montesinos y los miembros del grupo Colina podrían acogerse a la norma de Vilcatoma. De esta únicamente no pueden beneficiarse los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, delito contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal.

—Racionalidad—
El abogado Mario Amoretti coincidió con Chang. Detalló que la ley violaría el principio de igualdad. “Por ejemplo, prohíbe que se beneficien los condenados por feminicidio, pero no los homicidas que matan a su padre. Ellos sí podrían gozar de beneficios”, aseveró.

Desde el análisis constitucional, Aníbal Quiroga alertó que esta norma podría entenderse como un indulto encubierto. “Sería una ley con nombre propio. Con toda seguridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la va a considerar un indulto encubierto”, indicó.

Esta es la tercera vez, en lo que va de este quinquenio, que se busca regular beneficios penitenciarios para Alberto Fujimori. Además, es una de las cinco leyes que más rápido lograron su aprobación en el pleno [ver infografía].

En mayo del 2017, la Comisión de Justicia archivó un proyecto del legislador no agrupado Roberto Vieira, que planteaba prisión domiciliaria para reos mayores de 75 años.

El argumento de FP para votar contra ese proyecto fue que su lideresa Keiko Fujimori se había comprometido, en la campaña del 2016, a no apoyar iniciativas con nombre propio.

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