Poder Ejecutivo publicará norma para regular corrupción privada

La secretaria de Integridad Pública del Ejecutivo, Susana Silva, adelantó que el mencionado poder del Estado emitirá una norma para regular la corrupción privada por primera vez y que considerará como acto delictivo que una persona actúe en perjuicio de la propia empresa.

“Es un decreto de ley importante que está ad portas de salir, se revisó las últimas versiones y se consensuó con el sector privado, hay que tener la opinión de este sector porque va a regular una modalidad de corrupción que se da en el ámbito privado”, afirmó.

Silva explicó que ahora se considerará como corrupción cuando, entre privados, una persona actúe en perjuicio de la propia empresa para beneficiar a una tercera o terceras personas.

“Eso no estaba tipificado como corrupción, pero ahora se hace. La idea es que el sector privado tenga herramientas para denunciar cuando hay personas que, en perjuicio de los interés de la propia empresa, actúan en confluencia con terceros”, sostuvo.

Informó que el Ejecutivo también emitirá una norma que especifica y regula la gestión de intereses, conocido como "lobby", actividad que fue expuesta recientemente en los audios que comprometen a jueces, fiscales y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para Silva, es importante esclarecer en qué supuestos las visitas a funcionarios es una gestión de intereses, ya que sobre ese tema no existe regulación.

Recordó que hace unas semanas se emitió un decreto que por primera vez obliga a los miembros del Ejecutivo a presentar la declaración de intereses. Actualmente, está en elaboración la base de datos para hacerla de conocimiento público.

“Estamos bastante claros que debemos ir con reformas de fondo tanto en el tema de corrupción como en la administración de justicia y en reformas políticas”, declaró a la agencia Andina.

La Secretaría de Integridad Pública es el órgano del Poder Ejecutivo responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

También se encarga de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción con el objetivo de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas.