Elecciones Lima 2026: Estos son los retos del nuevo alcalde que asumirá en enero de 2027

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades la función principal de una provincial es, por un lado, la de liderar el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana en el que deben participar todos los actores relevantes para tal fin y, de convocarse -por ejemplo-una vez al mes para planificar y evaluar las estrategias de seguridad distrital, puede cumplir un rol muy valioso.

Asimismo, emitir ordenanzas marco que regulen el funcionamiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana o rondas urbanas. Ello, en la medida en que es a nivel distrital, en el que se crean y operan los serenazgos.

No está contemplada la creación de una policía municipal y ello requeriría modificar la Constitución y la ley. Ni, menos aún, el contar con un sistema de inteligencia propio para enfrentar al crimen organizado.

Sin embargo, la ciudadanía espera de sus municipios mucho más de lo que las atribuciones formales permiten. Por tanto, uno de los grandes retos está en tener buen liderazgo y transparencia en el COPROSEC.

Otro, incluso más relevante y que no choca con su marco legal, es el de impulsar la prevención social tan abandonada por el Ejecutivo. Ello puede ayudar a que niños de ocho o nueve años, no terminen a los 13 o 14 involucrados en el crimen organizado y, por tanto, el círculo vicioso se reproduzca, por más éxitos que se tengan a nivel represivo. 

La próxima autoridad deberá gobernar una ciudad que continúa creciendo desparramada. Lima no se divide simplemente entre una ciudad formal y otra informal. Son dos sistemas que conviven, se superponen y se alimentan entre sí. Mientras no exista suficiente vivienda accesible (una tarea que exige también mayor oferta y subsidios desde el Gobierno Nacional) miles seguirán expuestos al tráfico de tierras.

Planificar también es proteger el suelo destinado a parques y recreación convirtiéndolo efectivamente en espacios públicos. Un terreno vacío es más vulnerable a ser ocupado. La Vía Expresa Sur dejó una lección paradójica, fueron justamente los espacios que habían sido convertidos en parques por los vecinos y municipios, como el parque Pléyades, quienes resistieron la ocupación informal. Lima necesita además prepararse para el cambio climático y promover barrios más compactos, mixtos y próximos, donde vivienda, trabajo, servicios y espacio público estén cerca. El IMP y la MML tienen herramientas decisivas sobre planificación y zonificación que deben usar para guiar este tipo de desarrollo.

Por último, el nuevo alcalde no debe olvidar que desarrollo urbano y movilidad son dos caras de la misma moneda. La próxima gestión deberá coordinar estrechamente la planificación de la ciudad con la ATU y con sus competencias metropolitanas sobre tránsito.

El próximo alcalde recibirá una ciudad en la que moverse se ha vuelto una pérdida de tiempo y de calidad de vida. La tentación será prometer más obras, pero el desafío central es gobernar mejor el transporte. Lima cuenta con la ATU, pero el sistema depende de decisiones de la municipalidad, los distritos, el MTC, la PNP y los operadores. Si cada actor avanza por su lado, todo seguirá siendo un desastre.

La primera tarea será coordinar. La relación entre la Municipalidad de Lima y la ATU debe ser una mesa operativa permanente. Vías, semáforos, paraderos, fiscalización y permisos deben alinearse en una única red. La segunda tarea será ordenar rutas y operadores a través de contratos con estándares de frecuencia, seguridad y calidad. La tercera será avanzar hacia un recaudo integrado, para que el usuario combine en una única tarjeta metro, buses y corredores.

Finalmente, Lima necesita financiamiento estable. El transporte no puede depender únicamente de los presupuestos públicos. Un fondo metropolitano, con recursos nacionales, municipales y privados, y con captura de valor urbano, permitiría financiar la operación y los subsidios focalizados. Además, se necesitará implementar APPs para los metros y corredores. El alcalde no resolverá todo en cuatro años, pero sí puede cambiar la lógica: pasar de proyectos aislados a un sistema ciudadano real.

1. No confundir acceso político con capacidad de gobierno. Una reunión con la presidenta abre puertas; no ejecuta. Llegar con prioridades y salir con acuerdos, responsables, recursos y plazos. La foto muestra acceso; la ejecución, gobierno.

2. Usar la transición para saber qué hereda y qué no controla. No recibir solo expedientes: identificar riesgos y pendientes. Reunir a los alcaldes electos y acordar una agenda metropolitana.

3. Con el Ejecutivo, exigir coordinación multisectorial e intergubernamental. La Secretaría Estratégica Presidencial puede destrabar bloqueos. Si no hay respuesta, usar el Congreso para visibilizarlos y activar control político.

4. En seguridad, exigir sistema. Cámaras, serenazgos y PNP deben interoperar, compartir información y trabajar con protocolos comunes. Sin articulación con la PNP y el Ejecutivo, cada municipio actuará sobre una parte del problema.

5. Ante El Niño, exigir respuesta ensayada. Una crisis dejará heridos, cortará vías o interrumpirá servicios. Debe saberse antes quién decide, moviliza recursos, sostiene servicios y articula distritos y privados.

No convertir su relación con el Gobierno Nacional en dependencia, pero tampoco pretenda gobernar Lima sin él. Su desafío será conservar autonomía y, al mismo tiempo, lograr que el Ejecutivo tome a tiempo las decisiones que Lima necesita.