Según la comisión, esta medida busca simplificar el proceso electoral y evitar confusiones entre los votantes. Su presidente, el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), argumentó que la cédula única garantizará “simplicidad y accesibilidad”, facilitando la ubicación de los candidatos en la papeleta.
La comisión sostiene que este sistema reducirá costos de impresión, distribución y custodia, además de minimizar errores en el conteo de votos y facilitar la labor de los miembros de mesa. En la cédula aparecerán el nombre de la organización política, su símbolo y las fotos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.
No obstante, la propuesta aún debe ser debatida y votada en el pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.
La decisión se toma en un contexto preocupante por la cantidad de partidos que participarán en los comicios de 2026. Hasta el momento, hay 42 agrupaciones inscritas y 32 en proceso de registro. Según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, la cifra podría llegar a 50. De ser así, se tendrían más de 10.400 candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.
En comparación, en las elecciones de 2021 hubo 18 partidos en competencia y el número total de candidatos fue tres veces menor.
Para el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta, el Congreso ha ignorado criterios técnicos en la toma de decisiones. “El diseño de la cédula le corresponde a la ONPE, que tiene la especialización y experiencia para definirlo. [...] ¿Sobre qué base los congresistas señalan que una cédula facilitará [las elecciones] y no aceptan lo que señalan las autoridades especializadas?”, afirmó.
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Tuesta recordó que en las últimas seis elecciones regionales y municipales se ha utilizado un sistema de dos cédulas y dos ánforas en casi todo el país, salvo en Lima.
“Las decisiones no pueden ser solamente políticas sin basarse en argumentos técnicos”, señaló.
Además, advirtió que el proceso será aún más complejo debido a la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que habrían reducido la cantidad de partidos en la contienda. También señaló que habrá dos formas de elección del Senado (por lista nacional y por circunscripción), a lo que se suma el restablecimiento del voto preferencial y la falta de claridad sobre el futuro del Parlamento Andino.
“No hay manera de hacerlo sencillo para la ONPE ni para el ciudadano. [...] El riesgo es alto porque tenemos muchas elecciones, muchas decisiones, muchos partidos, muchos candidatos. Esto nunca se ha visto. Es por decisión exclusiva del Congreso”, alertó.
La especialista en temas electorales Silvia Guevara advirtió que la cédula única podría generar confusión en los votantes y aumentar el número de votos nulos. “Los riesgos están en las posibles nulidades, la falta de comprensión y la desmotivación del elector. Además, los miembros de mesa enfrentarán una labor compleja al contabilizar, validar y registrar los votos”, explicó.
También destacó que la ONPE deberá reforzar la capacitación de los miembros de mesa, sensibilizar a la ciudadanía para que vote temprano y coordinar una mayor logística electoral. Esto se vuelve aún más desafiante tras la inclusión en el padrón de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que demandará mayor seguridad en los centros de votación.
Recordó además que, según la Ley Orgánica de Elecciones, el elector no puede permanecer más de un minuto en la cámara secreta. Sin embargo, con una cédula extensa y compleja, el proceso podría ralentizarse y generar largas colas.
La ONPE prevé contar con 300 electores por mesa y más de 93 mil mesas. La votación se iniciará a las 7 a.m. y acabará a las 5 p.m..
“Quizá la situación actual, con la complejidad de la cédula, termine desmotivando al elector y llevándolo a no votar”, advirtió Guevara.
Además, las proyecciones preliminares de la ONPE anticipan unas 25 mil actas con errores aritméticos para el 2026. El cansancio puede llevar al error a los miembros de mesa.
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Guevara considera que el problema no radica en la cantidad de cédulas, sino en la sobrecarga de partidos y candidatos. Para ello, sugiere modificar la Ley de Organizaciones Políticas y flexibilizar las causales de pérdida de inscripción de partidos, permitiendo que aquellos recientemente inscritos puedan abstenerse de participar en su primer proceso electoral.
“El problema real es que todos los partidos están obligados a competir, porque si no, pierden la inscripción. Este requisito establecido en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas podría ser evaluado [para evitar la sobreoferta electoral y reducir la confusión]”, concluyó.
El Comercio solicitó la posición de la ONPE sobre la decisión de la Comisión de Constitución, pero su oficina de Comunicaciones informó que, por el momento, no emitirán comentarios.
WUF
