Ancash
Vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva. (Foto: GEC)
Por Redacción EC
El vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva, afirmó que las irregularidades detectadas en la contratación del servicio de transporte de material electoral por parte de la ONPE evidencian un presunto favorecimiento indebido a la empresa ganadora de la buena pro, que finalmente fue la empresa Galaga.
El vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva, afirmó que las irregularidades detectadas en la contratación del servicio de transporte de material electoral por parte de la ONPE evidencian un presunto favorecimiento indebido a la empresa ganadora de la buena pro, que finalmente fue la empresa Galaga.
“No solo hubo negligencia de parte de los funcionarios, sino que se buscó siempre favorecer a la empresa para que no tuviera ningún problema en la ejecución contractual”, sostuvo en el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva.
Castillo explicó que la Contraloría decidió iniciar un servicio de control posterior luego de advertir retrasos en la salida de los vehículos encargados del traslado del material electoral durante la jornada del pasado 10 de abril.
“El viernes 10 de abril advertimos retrasos en el inicio. Hasta las 3 de la mañana no salían los vehículos. Eso se documentó y se informó”, indicó.
Según señaló, estas observaciones fueron comunicadas oportunamente al subgerente de operaciones y al personal de la ONPE.
El funcionario sostuvo que las bases del proceso contemplaban requisitos específicos sobre las características de los vehículos y penalidades por incumplimientos. Sin embargo, aseguró que funcionarios de la ONPE modificaron las condiciones técnicas durante la evaluación de propuestas.
“En el tema de los vehículos, el equipo evaluador de la propuesta técnica decidió que seis de los vehículos que permitían llegar a los 40 mínimos ya no sean ese largo, sino dos metros menos”, afirmó.
El 92% fueron autos alquilados
Castillo también cuestionó que, pese a que inicialmente se indicó a los postores que podían alquilar hasta el 60% de la flota requerida, la empresa ganadora terminó operando con el 92% de vehículos alquilados.
“No fue penalizada, no hubo sanciones y eso indica un favorecimiento a la empresa para cumplir con el acuerdo contractual”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que, ante los retrasos detectados, funcionarios de la subgerencia de producción y de la gerencia electoral solicitaron modificar el cronograma de entregas.
“Dado que no se iban a cumplir los cronogramas, solicitaron cambiar el cronograma de entrega”, dijo.
El vocero de la Contraloría también cuestionó el incremento del costo pactado para el traslado del material electoral. Según explicó, mediante una adenda se pasó de pagar S/0,60 a más de S/6,80 por tonelada transportada, lo que representó un aumento superior al 900%.
JNE sabía
En otro momento, Castillo aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones tenía conocimiento de los retrasos registrados en la distribución del material electoral.
“El JNE sí sabía del tema, no puede decir que no sabía porque estuvieron con nosotros el viernes en la noche”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el presidente del JNE, Roberto Burneo, estuvo presente cuando personal de la Contraloría constató que los vehículos aún no salían pasada la madrugada.
“Él estuvo con nosotros y sabía que a las 3 a.m. no salían los vehículos”, indicó.
Ayer, la Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad por las fallas logísticas de la primera vuelta de las elecciones 2026.
En un informe de control específico, la Contraloría concluyó que las deficiencias en la distribución del material electoral afectaron el derecho al voto de 55.261 ciudadanos.
