La Contraloría General de la República presentó una orientación de oficio al Ministerio Público para alertar situaciones sobre el uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos que vienen participando en el marco de las elecciones generales del 2026.
Luis Castillo Torrealba, encargado de la de la Gerencia de Control Político, Institucional y Económico, y vocero de la entidad, señaló a Canal N que vienen monitoreando todo el proceso electoral y que pese a que no cuentan con los fondos necesarios, realizan esfuerzos múltiples para asegurar que se lleve a cabo un “uso eficaz y eficiente” de recursos.
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“Con respecto al día de hoy, como parte de nuestras competencias y la finalidad, que es comunicar hechos, nosotros hacemos un trabajo técnico y recabamos información. En ese proceso, se ha presentado a la Fiscalía de Prevención del Delito justamente esta orientación de oficio, que lo que hace es alertar situaciones que deben permitir a la ONPE tomar acciones de mejora, considerando que a la fecha ya se han suscrito contratos con las empresas televisoras que le van a brindar el servicio a estos 36 partidos políticos que se encuentran en carrera”, expresó.
El funcionario recordó que del total de 36 partidos participantes en los actuales comicios, Perú Libre y Perú Primero desistieron de manera parcial de la publicidad estatal, mientras que País para Todos lo hizo de manera total.
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Asimismo, mencionó que 5 empresas televisoras registradas como proveedoras han decidido no participar en este proceso electoral, con lo cual más de S/6 millones no serán utilizados al no suscribir los contratos respectivos con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Castillo Torrealba también explicó que esta situación fue incluida en la información remitida a la fiscalía, a fin de que evalúe si corresponde adoptar acciones adicionales e incluirla en investigaciones en curso.
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“De manera preventiva hemos entregado la información justamente de la no suscripción de más de S/6 millones y para la ONPE es un tema que va a tener que ver cuál va a ser el mejor destino y uso de esos recursos, porque esto limita un voto informado de parte de los ciudadanos”, subrayó.
“Por otra parte, está la no continuidad de estos tres partidos políticos en el proceso de la franja electoral y justamente tanto la modalidad en las cuales ellos han solicitado el desistimiento, así como la no suscripción del contrato, creemos nosotros que es oportuno remitir a la fiscalía para que ellos, a partir de esta información, de ser el caso, crean conveniente, además de las otras investigaciones que están haciendo, tomar como un insumo clave”, sentenció.
Cabe precisar que la Contraloría informó en un oficio al Ministerio Público que ha dispuesto la ejecución de servicios de control simultáneo sobre las actividades desarrolladas por la ONPE en el contexto de las elecciones generales del 2026.
“Dicha intervención tiene por objeto verificar el uso transparente, eficiente y legal de los recursos públicos, así como propiciar que la ONPE adopte, de manera oportuna, las acciones preventivas y correctivas que resulten pertinentes”, acotó María Idrogo Díaz, jefa del Órgano de Control Institucional del ente electoral.
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Detalló que en el desarrollo de estas acciones de control, se ha informado de hechos de público conocimiento que vincularían a representantes de organizaciones políticas con empresas contratadas por la ONPE para la transmisión de la franja electoral.
Refirió que sin perjuicio de ello, debe señalarse que tales hechos involucran conductas desarrolladas por actores privados y organizaciones políticas que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27785, no forman parte del ámbito de su competencia.
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“No obstante, en atención al principio de cooperación entre entidades públicas y al rol que corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal y garante de la legalidad -incluida aquella aplicable a los particulares-, se ha considerado pertinente poner en conocimiento de su Despacho el informe de control simultáneo N° 011-2026-OCI/3599- SOO con sus respectivos sustentos", manifestó.
“Estos documentos se remiten adjuntos, a efectos de que, en el marco de sus atribuciones, puedan constituir insumo útil para las acciones que, desde el ámbito de su competencia, estime pertinente adoptar”, sentenció.
WUF
