JNE advierte déficit presupuestal para las elecciones: los riesgos que se avizoran

El gobierno del presidente José María Balcázar aprobó la transferencia de más de S/ 702 millones a los organismos del sistema electoral con el objetivo de financiar los gastos vinculados a las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril, y a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Al asumir el poder, Balcázar incidió en que su gestión transitoria estará orientada a garantizar elecciones libres y transparentes.

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Sin embargo, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advierten que el monto asignado hasta el momento por el gobierno central resulta insuficiente y que aún persiste una brecha presupuestal superior a S/ 280 millones, lo que, según remarcan, podría comprometer el desarrollo de los comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque fuentes de este diario señalan que, “por el momento”, se encuentran conformes con el presupuesto recibido.

La operación financiera por S/ 702’430,278 comprende recursos provenientes de la Reserva de Contingencia, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, publicado este jueves 26 en las Normas Legales del diario oficial El Peruano. El decreto lleva las rúbricas del presidente José María Balcázar y del titular del MEF, Gerardo López.

De los más de S/702 millones, la mayor parte del presupuesto —más del 80%— se destinó a la ONPE, que recibió S/ 588’369,949. En contraste, el pliego del JNE recibió S/ 114’060,329; equivalentes al 16% del total asignado mediante el decreto en cuestión.

“Definitivamente no estamos conformes en lo absoluto. El JNE, desde enero, ha estado requiriendo un presupuesto adicional de S/403 millones y solamente nos han otorgado S/114 millones, que resulta completamente insuficiente para las necesidades que tenemos”, expresó a El Comercio Gina Salazar Lozano, gerenta general del JNE.

Salazar recordó que este año se organizarán dos procesos electorales de gran envergadura: las elecciones generales —en las que, además, se elegirán senadores, algo que no ocurría desde hace más de 30 años— y las elecciones regionales y municipales, una coincidencia que, añadió, se da solo cada 20 años. A ello se adiciona que este año también se desarrollarán, aunque en menor escala, la Elección de Autoridades Municipales de Centros Poblados.

“El estrés en el que se encuentra el sistema electoral es sumamente grande. A diferencia de anteriores períodos, este año tenemos dos procesos grandes, lo que nos obliga a tener que trabajar de la manera más intensa posible para poder habilitar de recursos todas las acciones que el JNE tiene que realizar para garantizar que estas elecciones se realicen con total normalidad”, remarcó.

Según explicó, el presupuesto inicial asignado al JNE para este año fue de S/390 millones, una cifra que consideraron insuficiente y que motivó un pedido adicional de S/403 millones.

En un documento de reiteración enviado este lunes 23 al presidente José María Balcázar, al que accedió El Comercio, el propio presidente del JNE, Roberto Burneo, ratifica la solicitud, rechazando a su vez declaraciones del MEF y remarcando que los recursos requeridos responden “estrictamente a necesidades operativas esenciales”.

Entre estas, destacó la instalación de Jurados Electorales Especiales, la contratación de fiscalizadores y el despliegue logístico, así como “nuevas obligaciones normativas, entre ellas el recuento de votos”, y advirtió que cualquier retraso o indefinición podría comprometer “la adecuada ejecución del cronograma electoral”.

Al haberse autorizado la transferencia de S/ 114 millones de los S/403 millones adicionales requeridos, se habla de un déficit de S/289 millones faltantes. Se ha previsto el otorgamiento de otros S/100 millones desde el Ejecutivo vía otro decreto, pero en la práctica aún no se ha materializado.

“Por ejemplo, con el presupuesto que nos acaban de otorgar, podemos cubrir la contratación de 49 mil fiscalizadores, es decir, un fiscalizador por cada dos mesas de votación para la primera vuelta del 12 de abril. Pero si hay una segunda vuelta que está programado para el 7 de junio, no tenemos para contratar a los fiscalizadores de mesa de la segunda vuelta”, detalló Salazar.

También indicó que no se cuenta con presupuesto para contratar a los fiscalizadores de mesa en las elecciones regionales y municipales y, además, recordó que en mayo se deben implementar 63 Jurados Electorales Especiales (JEE), “para los cuales no tenemos el presupuesto”, señaló.

De las tres elecciones previstas para este año, según el JNE, las que requieren mayores recursos son las regionales y municipales. Mientras que en las elecciones generales participan 38 organizaciones políticas, en esta contienda hay casi 150 agrupaciones habilitadas, lo que se traduce en un aumento significativo de candidatos.

La gerenta general del JNE advirtió que, sin los recursos necesarios para garantizar la presencia de fiscalizadores en las mesas ni la habilitación de los JEE, podrían verse afectadas algunas etapas del desarrollo de la contienda.

“El cronograma electoral es inamovible, nosotros no podemos decir ‘no me llegan los recursos, voy a postergar una semana las elecciones’. No podemos hacer eso, no tenemos esa opción. El cronograma es intangible. No tener personal necesario para poder procesar la información, por ejemplo, de hojas de vida en los candidatos, eso sin duda sí afecta la legitimidad de las elecciones”, expresó la gerenta del JNE.

En diálogo con El Comercio, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, explicó que el presupuesto del sistema electoral se distribuye entre la ONPE, el JNE y el Reniec.

Señaló que el voto ciudadano depende principalmente de las actividades que realiza la ONPE, por lo que, mientras esta entidad cuente con los recursos necesarios, los electores podrán acudir a las urnas sin inconvenientes.

No obstante, Villalobos precisó que, al ser el JNE quien ha realizado un reclamo público por insuficiencia presupuestal, lo que podría verse afectado son las funciones de esta entidad, como la fiscalización y otras tareas que podrían repercutir en su labor jurisdiccional.