Neutralidad, dádivas y más: una a una, las prohibiciones que rigen tras la convocatoria a las elecciones del 2026

La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026, realizada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es un mero acto protocolario. A partir de este anuncio, efectuado el pasado martes 25 de marzo, se activan diversos mecanismos normativos y legales con influencia en el desarrollo del proceso electoral, tanto desde su inicio hasta su culminación. Entre ellos, destaca la entrada en vigor de diversas prohibiciones que regulan la contienda, a las cuales se van implementando otras de manera progresiva, conforme avanza el proceso electoral.

Según explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, todas estas prohibiciones que se activan buscan que se llegue a garantizar la transparencia que debe caracterizar todo el proceso electoral.

“Básicamente, es tratar de preservar la transparencia y la legitimidad en el desarrollo de los procesos electorales, de tal forma que no tengan ninguna repercusión negativa en los futuros resultados”, comentó Mendoza.

Esta serie de prohibiciones van a regir a durante todo el período electoral, el cual abarca desde la convocatoria misma a elecciones como hasta que estas son declaradas cerradas de manera oficial, a través de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas prohibiciones están contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y reglamentos respectivos.

Una de estas prohibiciones que ni bien tienen efecto tras la convocatoria a los comicios es la de neutralidad electoral, la cual está dirigida al funcionario o servidor público. “Es un deber de abstención que se les impone; es decir, no direccionar, no obligar o inducir a tal o cual postura política, no pueden hacer proselitismo político”, apuntó Mendoza.

Justamente, con motivo de ello, el JNE exhortó hace unos días a las autoridades a que respeten la normativa de neutralidad electoral, acotando que de ocurrir infracciones estas serán puestas en conocimiento tanto al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, como a la misma entidad de la que forme parte el transgresor.

“En cuanto a neutralidad, las autoridades o funcionarios públicos en general no pueden, por ejemplo, salir con el logo de un partido, no pueden favorecer alguna determinada candidatura o virtual candidatura, porque dentro del marco de estas normas están prohibidos. Desde la convocatoria elecciones, todas estas reglas ya entran en vigencia y han sido socializadas y vamos a hacer una campaña fuerte para que se entiendan y también para poder fortalecer el conocimiento de estas”, comentó Roberto Burneo, presidente del JNE, en una conferencia llevada a cabo este lunes.

El exministro José Tello, especialista en temas electorales, comentó en diálogo con este Diario que, como parte de la neutralidad requerida, los funcionarios públicos que postulan a un cargo de elección popular deben también evitar hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras; así como repartir bienes adquiridos con dinero del Estado, noventa días antes de la elección.

Esta prohibición, precisó Tello, comprende también, por ejemplo, a aquellos congresistas que postularán a ahora la reelección. “En el 2021, se dieron situaciones un poco especiales. Porque no iban a la reelección, varios entraron abiertamente a hacer campaña política y, claro, tuvieron su llamada de atención pública. Pero en este caso no podrían participar”, señaló.

Además de ello, entran a tallar también la serie de prohibiciones y parámetros que se establecen respecto a la propaganda electoral. Entre estas, está que no se pueden utilizar oficinas públicas, colegios, iglesias, entre otros, para hacer reuniones o actos a favor o en contra de cualquier organización política o candidato.

También entra el factor publicidad estatal, debido a que ninguna entidad pública puede difundir publicidad estatal durante el período electoral, salvo que se encuentre debidamente justificada por razones de “impostergable necesidad o utilidad pública”. Incluso si se llega a justificar, no pueden contener alusiones a colores, nombres, frases, entre otros, de un partido político. Además, la publicidad tampoco podrá contener la figura de ningún funcionario de la entidad.

“La publicidad estatal podría servir para romper el principio de neutralidad y favorecer a un determinado candidato o una determinada organización política. En consecuencia, lo que se hace es que las autoridades en el momento que se convoca la elección eliminen toda publicidad estatal y solamente se presente publicidad estatal autorizada”, explicó Tello.

Además de ello, otro tipo de prohibiciones tienen que ver con la entrega de o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, u otros bienes en el marco del proceso electoral. Según explicó Mendoza, esta prohibición comprende dos niveles: los candidatos, los cuales aún serán oficializados hacia finales de año, pero también a las propias organizaciones políticas, a las cuales ya alcanza esta prohibición.

 “Esas dádivas se entienden que son para los candidatos y recién nosotros vamos a tenerlos una vez que se inscriban ante los Jurados Electorales Especiales. Pero hay una parte de la norma que señala que, en estos momentos, con la convocatoria y durante el marco del proceso electoral, las dádivas es una prohibición para las organizaciones políticas”, comentó Mendoza.

Según el reglamento sobre esta materia, una infracción de esto conlleva una multa, previa aplicación de los criterios de gradualidad. Sin embargo, ya sea en caso de reincidencia o cuando la entrega sobrepase las 2 UIT (es decir, S/10.700 con el valor de la UIT este año), ello incluso podría llegar a una sanción de exclusión. No es un tema menor.

Otro grupo de prohibiciones son las que se activan en las postrimerías de la jornada electoral y el día mismo de la elección.

En este grupo tenemos, por ejemplo, la prohibición de difusión de encuestas electorales días previos a la elección. Las encuestas o proyección de cualquier naturaleza pueden ser difundidas a través de los medios de comunicación únicamente hasta el domingo anterior al día de los comicios.

Además, la prohibición de realización de reuniones o manifestaciones de carácter político, así como la restricción de todo tipo de propaganda política de cara al día mismo en que se llevará a cabo la elección. Incluso la prohibición de la venta de la venta o expendio de bebidas alcohólicas de cara a la jornada electoral.