SeriesPor Martín Calderón
El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, este lunes 13 de abril, por las fallas logísticas registradas el último domingo, durante las elecciones generales.
El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, este lunes 13 de abril, por las fallas logísticas registradas el último domingo, durante las elecciones generales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Lima también alcanza al representante legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado Pfuyo; y a los funcionarios de la ONPE Ricardo Saavedra (gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional), Edward Alarcón (gerente de Administración) y José Samamé (gerente de Gestión Electoral).
La denuncia les atribuye tres presuntos delitos; el primero, atentado contra el derecho de sufragio; el segundo, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y el tercero, obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Todos ellos en agravio del Estado y de la sociedad.
De acuerdo con el procurador del JNE, la conducta de Corvetto es “el hecho que reviste mayor gravedad”.
Según la acusación, Corvetto no informó oportunamente al pleno del JNE sobre la magnitud de la falta de material electoral, “permitiendo que la ciudadanÌa permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día”.
Omisiones
El procurador Angulo señaló que la ONPE incumplió su deber de garantizar que la voluntad ciudadana se exprese en las urnas de manera auténtica y oportuna.
Precisó que pese a tener la titularidad de la organización de las elecciones, esa institución permitió un quiebre en el sistema de distribución del material electoral.
Angulo agregó que el deber de garante recae especialmente en Corvetto y en su alta línea de mando.
De acuerdo con la denuncia, ellos debieron supervisar y corregir de inmediato las fallas que se manifestaron desde el inicio de la jornada electoral.
Además, atribuye una omisión en la contratación y fiscalización de la empresa Galaga SAC, que fue contratada para transportar el material electoral en Lima a pesar de que presuntamente no contaba con capacidad logística suficiente.
Diversos medios revelaron que, hace una semana, la empresa realizó una convocatoria en LinkedIn para contratar 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución.
Para el procurador, la Gerencia de Administración de la ONPE, a cargo de Edward Alarcón, incumplió su deber de supervisión directa sobre la flota de Galaga SAC.
Afectación masiva
El procurador del JNE también destacó en la denuncia la afectación masiva del derecho de sufragio por la falta total de material enlocales de Lima Sur (San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac). Esto perjudicó a más de 55 mil ciudadanos.
Señaló que se trató de una obstaculización material del voto “que cercenó el ejercicio del sufragio en condiciones de igualdad, forzando a la ciudadanÌa a un estado de incertidumbre y vulnerando la pureza del calendario electoral”.
La denuncia cuestiona que el jefe de la ONPE intentara mitigar el impacto anunciando la gestión de exoneraciones de multas para los electores que no pudieron votar por falta de material.
Para el procurador, se trató de una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales.
“Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la dispensa de una sanción pecuniaria resulta absolutamente insuficiente e impertinente para resarcir la vulneración del derecho al voto”, agregó.
La denuncia también da cuenta de fallas del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que fue implementado por la ONPE para agilizar el proceso.
El procurador del JNE denunció que se omitieron pruebas de estrés y protocolos, lo que derivó en fallas en reconocimiento de códigos, verificación biométrica inoperativa y la necesidad de recurrir a cuadernos informales.
Por último, solicitó a la Fiscalía que recabe la declaración de los denunciados y los documentos vinculados a la contratación de la empresa Galaga. Además, que realice una pericia forense del sistema STAE, entre otras diligencias.
El Comercio buscó comunicarse con Corvetto, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes. El domingo aseguró: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen, en el ámbito que se planteen”.
Otras denuncias
El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) denunció a Corvetto ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
Martínez pidió la remoción de Corvetto del cargo de jefe de la ONPE.
El legislador también denunció al presidente del JNE, Roberto Burneo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo acusa de infringir los artículos 31°, 142°, 176° y 178° de la Constitución, sobre el derecho al voto y la finalidad del sistema electoral.
Clave
José Samamé fue detenido por la policía este lunes 13, luego que se iniciaran diligencias para determinar responsabilidades en el retraso de la entrega del material electoral.
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