Resumen
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró al expresidente Martín Vizcarra del padrón de afiliados del partido político Perú Primero, en aplicación de las inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República que le impiden ejercer funciones públicas.
La medida fue ejecutada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Vizcarra fue inhabilitado por primera vez en 2021 por un periodo de 10 años, tras haber recibido de manera irregular la vacuna contra el COVID-19 cuando era presidente de la República. Esta sanción le impidió asumir el cargo de congresista, pese a haber sido elegido con la mayor votación nacional en las elecciones de ese mismo año.
En mayo de 2022, el Congreso le impuso una segunda inhabilitación de cinco años debido a presuntos vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además, enfrenta un tercer proceso de inhabilitación por la disolución del Congreso en octubre de 2019.
Antes de retirar a Vizcarra del padrón de afiliados, el JNE solicitó al Congreso la lista de ciudadanos inhabilitados y consultó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional sobre la vigencia de dichas inhabilitaciones.
En marzo pasado, el diario El Comercio adelantó que Vizcarra podía ser excluido de su partido debido a un antecedente similar ocurrido hace dos décadas, resuelto por el Tribunal Constitucional.
Consecuencias de la decisión
Como resultado de esta medida, Vizcarra deja de ser formalmente militante de Perú Primero y solo podrá ser considerado simpatizante de la agrupación.
“Esto refuerza la tesis de que no puede postular. [...] Digamos que lo están desenmascarando, porque él seguía diciendo que va a ser candidato”, afirmó el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral.
Pese a las inhabilitaciones, Vizcarra ha continuado con actividades proselitistas y ha asegurado que participará en las elecciones generales de 2026. En reiteradas ocasiones, se ha identificado como “afiliado y primer militante” de Perú Primero.
Jurisprudencia y limitaciones de derechos
En 2023, el pleno del JNE rechazó una tacha contra el partido Perú Primero y permitió que continuara su proceso de inscripción. No obstante, determinó que Vizcarra no podía ser registrado como su fundador ni como presidente ejecutivo.
Silvia Guevara, especialista en temas electorales, explicó que en ese momento la tacha estaba dirigida al partido, no a la inscripción de Vizcarra.
“El Jurado Nacional de Elecciones optó por pronunciarse únicamente por el tema que atañe al partido, no sobre la afiliación de Vizcarra. [...] Siempre quedó en el tintero la decisión respecto a esa afiliación. Ahora, sin afiliación y además inhabilitado de sus derechos políticos, no puede ser candidato ni funcionario público”, sostuvo.
El abogado José Naupari destacó que el JNE ha seguido la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC). En 2005, el TC declaró infundado un recurso que cuestionaba la inhabilitación impuesta en 2004 al expresidente Alberto Fujimori.
En dicha sentencia, se precisó que las inhabilitaciones impiden al sancionado ejercer el derecho de sufragio, el derecho de participación política y el derecho a fundar, organizar o representar a una organización política.
“Lo que hace el jurado es aplicar a Vizcarra y a todos los que tienen inhabilitaciones políticas vigentes los alcances de la inhabilitación de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional”, sostuvo Naupari.
Estrategia de defensa
Pese a la decisión del JNE, Vizcarra insistió en que postulará en 2026 y afirmó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir su inhabilitación.
“Ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques y persecución política constante de los grupos políticos acostumbrados a manejar el poder. Esta no es una decisión burocrática, sino parte de una estrategia política mayor. Los grupos económicos de poder y los grupos políticos que manejan nuestro país no quieren permitir que el pueblo defina su futuro en las elecciones del próximo año”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.
Su vocero, el exministro Alejandro Salas, señaló que Vizcarra “con más fuerza seguirá recorriendo el país” y afirmó que ya han presentado una medida cautelar ante la CIDH.
El exmandatario no solo enfrenta inhabilitaciones políticos, sino también acusaciones fiscales. Actualmente se encuentra en juicio oral por cobrar presuntas coimas en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de esa región.
El Ministerio Público pide 15 años de prisión contra Vizcarra por el presunto delito de cohecho.
De acuerdo con la acusación fiscal, Vizcarra acordó con la constructora Obrainsa, en noviembre del 2013, el pago de una coima de S/ 1 millón a cambio de información privilegiada que les permitió hacerse con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. La defensa del expresidente niega la acusación.
En tanto, los pagos de la constructora ICCGSA a Martín Vizcarra por la obra Hospital de Moquegua en el 2014 habrían sido seis, por un total de S/ 1 millón, con el exministro José Manuel Hernández como intermediario.
El juicio está a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Otros casos de inhabilitación
El Registro de Organizaciones Políticas del JNE también excluyó del padrón de afiliados al exministro de Salud Víctor Zamora y al excongresista Freddy Díaz.
Zamora estaba inscrito en el partido Ahora Nación, pese a que en diciembre de 2023 fue inhabilitado por 10 años debido a la compra de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19.
Ahora Nación tiene como posible candidato presidencial a Alfonso López Chau Nava, actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Por su parte, Freddy Díaz, afiliado a su propio movimiento regional, Pasco Verde, fue inhabilitado en enero de 2023 por un periodo de 10 años. El Congreso lo sancionó tras determinar que hizo “mal uso de su poder como congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora bajo su cargo” en julio de 2022.
Posteriormente, el Poder Judicial lo halló culpable de violación sexual y lo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión.
Díaz integraba la bancada de Alianza para el Progreso (APP).
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