El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se abstenga de anunciar los resultados de los comicios del 12 de abril hasta que culmine la auditoría informática que ha dispuesto realizar al proceso electoral.
López Aliaga dirigió una carta al pleno del JNE en la que aseguró que cualquier resultado que emita esa institución “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo de la ciudadanía” si previamente no se realiza la evaluación.
“Solicito respetuosamente al JNE abstenerse de pronunciar resultados hasta que se desarrolle y culmine la auditoría oficial ya dispuesta como garantía del debido proceso electoral, en estricto cumplimiento del artículo 176° de la Constitución Política del Perú”, señaló en la carta. El artículo en mención señala que el sistema electoral debe asegurarse que los resultados sean el reflejo directo de la voluntad popular y garantizar transparencia.
El candidato presidencial cuestionó que el JNE haya anunciado una auditoría sin precisar fechas, plazos ni los nombres de los técnicos que la realizarán. Además exigió que esa información sea comunicada en un plazo de 24 horas.
Días antes del domingo 12 de abril, López Aliaga ya alertaba de un supuesto fraude electoral. Las irregularidades cometidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reforzaron sus denuncias, de las que no ha presentado pruebas contundentes.
La especialista en derecho electoral Silvia Guevara señaló que el cronograma electoral es inalterable.
Explicó que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la segunda vuelta debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. “Por esta razón, el JNE ha precisado que el reconteo de votos debe finalizar pronto, pues el objetivo es contar con resultados oficiales antes de la quincena de mayo”, dijo.
La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio, de acuerdo con el cronograma aprobado por el JNE.
Guevara precisó que la inalterabilidad del cronograma está respaldada por la sentencia del caso Lizana Puellas, emitida por el Tribunal Constitucional en el 2005.
“El Jurado no podría dejar de observar esta obligación legal para modificar el calendario o acceder a la solicitud a la que haces referencia”, añadió la especialista en diálogo con El Comercio.
También destacó que el JNE aún no ha precisado el alcance de la auditoría. “Se entiende que solo se ha manifestado la voluntad de llevarla a cabo, pero aún no se cuenta con información detallada al respecto. Considero necesario que esto se aclare para tener una proyección de los plazos y determinar si efectivamente se realizará antes de la segunda vuelta”, señaló.
En opinión de Guevara, si los resultados se obtienen antes de la segunda vuelta y se trata de cuestiones subsanables, podrían servir para corregir aspectos con miras al 7 de junio. Por el contrario, si esto sucede después de la publicación de los resultados oficiales, difícilmente tendrá un efecto retroactivo. “Legalmente es muy complejo revertir una situación frente a resultados oficiales, a menos que se encuentre algo extremadamente gravoso”, dijo.
En tanto, el especialista en temas electorales Alejandro Rospigliosi señaló que la anunciada auditoría no tiene sustento en la Ley Orgánica de Elecciones. “Es una creación del señor Roberto Burneo, posiblemente motivada por su propia conciencia”, dijo.
No obstante, agregó que “por un tema de razonabilidad, surge una pregunta legítima”: ¿Qué sucedería si se proclaman los resultados de la primera vuelta y la auditoría posterior revela irregularidades graves?. “Sería una incoherencia absoluta y generaría una inestabilidad política total”, señaló.
“Si el señor Burneo está abriendo estas excepciones a la ley, como la votación en lunes o la auditoría externa, entonces debe respetarse el resultado de dicho proceso antes de programar los resultados oficiales. Lo ideal sería que la auditoría se realice antes del 15 de mayo para contar con resultados de la primera vuelta y acudir al balotaje con tranquilidad”, consideró.
Por su parte, el especialista en derecho digital Erick Iriarte señaló que la auditoría debió realizarse antes del 12 de abril.
“Debería haberse realizado previo al proceso electoral o a su utilización, de modo tal que muestre, en la auditoría, qué hacía el software. ... Si no tienes claridad de que el sistema estaba funcionando correctamente, cualquier discurso posterior será que estuvo mal”.
Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no realizaron actividades proselitistas el último domingo, según informaron sus equipos de campaña.
La semana pasada, Fujimori visitó diversos distritos de Lima y viajó a Ica y Ayacucho para realizar actividades proselitistas. En estas apeló a la figura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, como estrategia para obtener apoyo electoral. En tanto, Sánchez dio entrevistas, participó en un evento en la plaza Dos de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores y dio la bienvenida al exfiscal José Domingo Pérez, para “impulsar una reforma integral del sistema de justicia”.
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