Castillo Terrones aseveró que en un eventual gobierno suyo priorizará un crecimiento que no se aleje del desarrollo social. (Foto: GEC)
Castillo Terrones aseveró que en un eventual gobierno suyo priorizará un crecimiento que no se aleje del desarrollo social. (Foto: GEC)
Redacción EC

El candidato presidencial de Perú Libre, , reiteró su propuesta de aprobar una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1993, “aprobada en democracia” y “sin amenazas golpistas”.

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En su cuenta en Twitter, afirmó que solo así se avanzará “dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

“El Perú del Bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo pluricultural, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos/as. Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas”, expresó.

Finalmente, Castillo Terrones aseveró que en un eventual gobierno suyo priorizará un crecimiento que no se aleje del desarrollo social y de la “reconquista” de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos.

“Nuestro gobierno priorizará un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los/as peruanos/as dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”, sentenció.

El pasado 2 de julio Castillo Terrones, -quien aún no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)-, aseguró que le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación de la Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución Política.

“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”, expresó.

Sin embargo, diversas bancadas y políticos, como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, se han mostrado contrarios a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la de 1993.

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