Fiscalía dispone continuar por 8 meses la investigación preliminar contra Piero Corvetto por presunta colusión
Asimismo, se ordenó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del exjefe de la ONPE y otros investigados más en el periodo 2025-2026.
El primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso continuar por 8 meses la investigación preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el presunto delito de colusión.
El primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso continuar por 8 meses la investigación preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el presunto delito de colusión.
A través de la Disposición 9-2026-MP-FN-FSUPRACEDCF-1D, ordenó remitir la carpeta fiscal en formato digital a la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública (DIVIDCAP) de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía para la investigación operativa, otorgándose el plazo de 90 días naturales para la realización de diligencias “urgentes e inaplazables”.
Asimismo, programó para el jueves 28 de mayo, a las 09:00 horas, la diligencia de verificación y visualización de las cámaras de videovigilancia, internas y externas de los ambientes o sedes que disponga o haya estado bajo su disposición de la ONPE en Lurín, en el marco del despliegue del material electoral los días 10, 11 y 12 de abril.
Igualmente, programó para el viernes 29 de mayo, a las 09:00 horas, la diligencia de exhibición de documentos, inspección y pesquisa en la sede central de la ONPE, ubicada en jirón Washington 1894, Cercado de Lima, para el acopio de diversos documentos.
Entre ellos se encuentran: audio y video de la reunión del 19 de febrero, en el marcо del proceso de contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para taller y capacitación, relacionada a las consultas y observaciones efectuadas por los postores participantes.
También copias del expediente de contratación del servicio, proceso que se habría realizado en el mes de febrero-marzo de este año.
Se dispuso recabar de la empresa Galaga SAC información relacionada al funcionamiento de los GPS de los vehículos de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral, debiendo señalar si el seguimiento efectuado a los vehículos reportó alguna incidencia en el recorrido efectuado a los puntos establecidos por la ONPE.
También se ordenó realizar la diligencia de visualización y extracción de información de los dispositivos electrónicos de Lilia Flores Bancho y William Martin García Velásquez.
Otra medida dispuesta es el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Piero Corvetto, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez, Lilia Flores Bancho y otros más en el periodo 2025-2026.
Decisión del Ministerio Público sobre el exjefe de la ONPE Piero Corvetto.
El pasado 7 de mayo el Poder Judicial confirmó el rechazo al pedido de detención preliminar contra Corvetto Salinas por presuntos delitos de corrupción vinculados al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
Según la tesis fiscal, los funcionarios investigados habrían favorecido indebidamente a la empresa Servicios Generales GALAGA S.A.C. durante la contratación del servicio para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y sufragio.
El Ministerio Público sostiene que el proceso de contratación se habría desarrollado bajo lineamientos aprobados por Piero Corvetto mediante resolución jefatural, pero con presuntas irregularidades que vulneraron principios de legalidad, transparencia y libre competencia.
Asimismo, la fiscalía señala que se incorporaron condiciones técnicas y factores de evaluación que habrían generado ventajas indebidas a favor de la empresa proveedora, configurando indicios de direccionamiento en la contratación pública. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”
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