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Procuraduría Anticorrupción solicita incluir a Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE como investigados
La medida se da por presuntas irregularidades en la contratación del transporte de material electoral para la realización de las Elecciones Generales 2026.
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Además, la Procuraduría ha solicitado una pericia contable para verificar si el servicio se cumplió según la ley y evaluar el daño económico al Estado. | Foto: EFE.
El pedido fue presentado el viernes 17 de abril por el procurador Mario Luna Ramos ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La solicitud se basa en presuntas irregularidades detectadas en el contrato del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio”, adjudicado a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
Junto a Corvetto Salinas, la procuraduría ha señalado a otros altos funcionarios de la ONPE en su requerimiento, entre ellos, Edward Eloy Alarcón González, gerente de Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística; así como Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente de Galaga.
Además, la procuraduría ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos, con el fin de obtener información sobre las coordinaciones realizadas para el estudio de mercado y la adjudicación del contrato, y verificar si el proceso cumplió con los principios de transparencia y legalidad establecidos en las contrataciones públicas.
La solicitud también incluye el acceso a correos electrónicos, registros de llamadas y mensajes de texto intercambiados durante el periodo de contratación.
Adicionalmente, la Procuraduría ha solicitado la realización de una pericia contable para determinar si el servicio fue ejecutado conforme a las normativas vigentes y cuantificar el posible perjuicio económico al Estado.
“Las diligencias solicitadas son cruciales para conocer el contexto fáctico y los intereses de los presuntos responsables”, señala el documento del procurador Luna Ramos.
Comunicado oficial de la ONPE informando sobre el extravío de cuatro cajas con material electoral durante el traslado desde un local de votación. Se detalla que el personal responsable (coordinador ONPE, efectivo de PNP y fiscalizador JNE) dejó las cajas en la maletera del vehículo. Los votos ya fueron consignados en actas públicas. Se inició investigación penal y se reportó negligencia institucional.
Como parte de las pruebas documentales, la Procuraduría ha solicitado a la ONPE el expediente completo del contrato, así como el reportes de monitoreo GPS de los vehículos encargados de distribuir el material en Lima Metropolitana. También se ha pedido acceso a planes de contingencia ante posibles incumplimientos del servicio.
Por último, se ha citado a declarar a Bernardo Pachas Serrano, gerente general de la ONPE, en calidad de testigo.
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Se reporta el hallazgo de ánforas con cédulas de sufragio encontradas en Turquillo. Las actas fueron entregadas a la policía anticorrupción tras una denuncia en un medio de comunicación. Investigaciones revelan que funcionarios de la ONPE las transportaban en taxi, generando cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad electoral.
